Cadena de responsabilidades | En realidad, ¿quién mató a Diana Giselle?

Cadena de responsabilidades | En realidad, ¿quién mató a Diana Giselle?

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En Bacurimí hay una tumba que ningún funcionario público quiere cargar. Es una muerte que en parte también le corresponde al sistema.

Diana Giselle murió de madrugada. Y a balazos.

La mató un tipo (presuntamente su ex pareja).

También la mató la negligencia de servidores públicos.

Y finalmente la mató el haber confiado en un sistema de seguridad que poco protege a quienes denuncian violencia familiar.

EL RECUENTO

Diana Giselle tenía 19 años de edad, cuatro meses de embarazo y amenazas por parte del supuesto homicida.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Mario González, la joven acudió el 17 de septiembre ante el Ministerio Público a interponer la denuncia por amenazas.

En su descargo, el titular de la Fiscalía General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, dijo que la institución determinó de manera inmediata brindarle medidas de protección, mismas que fueron ratificadas por un juez de control y enjuiciamiento penal.

Cinco días después de interpuesta la denuncia y de habérsele otorgado “en papel” las medidas de protección, Diana Giselle fue asesinada el domingo 22 de septiembre afuera de su casa, en Bacurimí.

SEMANA DE REACCIONES

Al día siguiente, lunes, integrantes del colectivo Mujeres Activas Sinaloenses (MAS), resaltaron que en Sinaloa las medidas de protección solamente se dan en papel y acusaron a la Fiscalía de no garantizar la aplicación de las mismas en favor de las mujeres.

El mismo Fiscal pidió a organismos ciudadanos e instituciones de seguridad pública municipales, estatales y federales una mesa para atender la violencia familiar.

“Valoren en la agenda de esta mesa de trabajo el incorporar ya de manera pronta, de manera coordinada, mecanismos para la atención en materia de violencia familiar. No podemos seguir nosotros como fiscalía cada día estar sumando y sumando y sumando más denuncias penales que recibimos en materia de violencia familiar”, urgió el miércoles 25 de septiembre.

El jueves 26, diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, solicitaron la destitución del secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Óscar Guinto Marmolejo y a la directora del Compavi, Elizabeth Vázquez Gómez Llanos, por no brindar seguridad a la joven.

“Todo servidor público que no haga su trabajo se le considerará cómplice del hecho y se solicitará su destitución inmediata por omisión criminal y negligencia”, dijo el diputado Mario González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

Ese mismo día, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, dijo que se investigue a quien se tenga que investigar.

“Si alguien falló que se le castigue. Y ya que se investigue sabremos cuál fue la causa, si hubo fallas y deficiencias”.

El viernes, Guinto Marmolejo, dijo estar tranquilo porque la Secretaría de Seguridad Pública Municipal hizo lo que le correspondía hacer: “El Ministerio Público solicitó que se le diera seguridad mediante rondines, se hicieron rondines, que se ubicará al agresor para indicarle que había una restricción y se hizo”.

Rosa María Cruz Lesbros, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, señaló que la corrupción se compone de seis conductas básicas, entre estas la actitud negligente por parte de los funcionarios públicos.

¿Y LA UNIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES?

La Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa contempla la creación de la Unidad de Medidas Cautelares, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

En el apartado del Registro del Seguimiento de las Medidas Cautelares, Suspensión Condicional del Proceso y de las Medidas de Protección (Artículo 105 Bis), se señala que la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso contará con un registro de todas aquellas soluciones y mecanismos de desahogo adoptados para llevar un control de los asuntos.

“También deberán registrarse todas las actividades y condiciones que se le impongan a los imputados con el propósito de tener un control de las evaluaciones de riesgo, que permitan adoptar las medidas necesarias para garantizar la efectividad de las decisiones judiciales que se impongan”.

El artículo 8 de la misma ley indica que será la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa la que “tendrá a su cargo la evaluación y supervisión de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso en los términos de la ley aplicable”.

Según diferentes grupos feministas, la Unidad de Medidas Cautelares no existe en Sinaloa.

¿UN BRAZALETE ELECTRÓNICO?

De acuerdo al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido (Diana Giselle) el juez podrá imponer al imputado (presunto asesino) una o varias medidas cautelares.

Prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares.

Prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa.

La separación inmediata del domicilio.

La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos.

La colocación de localizadores electrónicos.

El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga o la prisión preventiva.

ASESINO SUELTO

“Señoras, señores, ante estos hechos tan lamentables no podemos quedar omisos porque también nos sumaríamos a la lista de cómplices de este despreciable crimen. Es momento de pronunciarnos enérgicamente”, dijo el diputado Mario González.

De acuerdo a datos de Ricardo Jenny del Rincón, presidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), la Fiscalía General del Estado ha emitido mil 328 medidas de protección en Sinaloa.

En este caso hay una cadena de responsabilidades. Hay un hilo de omisiones. Algo similar a lo ocurrido con Alejandra, quien murió el 5 de septiembre al caer en una alcantarilla rota que no fue reparada pese a que existía un reporte vecinal desde un año antes.

Hay una jovencita asesinada, una familia en duelo y un feminicida suelto.

FOTO: Línea Directa Portal.

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