El cuento de las cuentas públicas | Las denuncias que vienen…

El cuento de las cuentas públicas | Las denuncias que vienen…

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Con procedimientos abiertos que podrían terminar en denuncias penales contra funcionarios por mal uso de los recursos del erario, las cuentas públicas de Sinaloa del 2017 entran en la etapa en que cada uno de los señalados habrá de conocer su suerte.

El cuento de las cuentas permanece en el aire, levita sobre un entorno en el que al menos 20 diputados locales (la mayoría de Morena) exigen sanciones contra servidores públicos del gobierno de Quirino Ordaz Coppel y de ex alcaldes del PRI.

De acuerdo  a la Comisión de Fiscalización del Congreso local estas son algunas de las anomalías encontradas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) luego de una revisión financiera: posible daño al erario público por 498.5 millones de pesos (279.3 corresponden a los ayuntamientos).

Además, se detectaron pasivos sin fuente de pago por 4 mil 677 millones de pesos y tres mil millones de pesos en irregularidades por errores administrativos.

LOS PROCEDIMIENTOS NO PUEDEN SUSPENDERSE: ASE

Emma Guadalupe Félix Rivera, auditora Superior del Estado, figura central de la trama, dijo que los procedimientos iniciados siguen su curso, son asuntos independientes de cuestiones políticas.

“Los pliegos de observaciones, los procedimientos de responsabilidad administrativa no pueden suspenderse”.

Aseguró que para mediados de octubre la ASE concluirá la evaluación de todos los entes auditados.

Será entonces cuando se defina si se interponen denuncias penales contra funcionarios en la Fiscalía General del Estado. O simplemente se buscan sanciones de tipo administrativo a través del Tribunal de Justicia Administrativa.

Hasta mediados de agosto, la ASE llevaba un avance del 72 por ciento en la evaluación de las respuestas entregadas por las dependencias después de hechas las observaciones.

Félix Rivera dijo que no se trata de un 72 por ciento de irregularidades solventadas, sino del análisis de la documentación.

Mencionó que el 2 de octubre próximo, en el arranque del nuevo periodo de sesiones del Congreso local, los diputados tendrán el estado actual de las acciones sancionatorias.

“No se puede adelantar un juicio de que ya es una falta. O de que el dinero desapareció y que la obra no se ejecutó. Entiendo la aspiración de que los entes tengan un comportamiento puntal, la comparto porque ese es nuestro fin, es alinear a las entidades a que cumplan con la ley”.

“¿Y QUÉ SANCIONES HAY? NO HAY NADA”

“Si se dan cuenta todos los años son las mismas observaciones: incumplen con la normatividad, violan todas las leyes que conforman el marco jurídico, ¿y qué sanciones hay? No hay nada”, dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado.

Marco Antonio Zazueta Zazueta, diputado local de Morena, dijo que la ASE está en un periodo de evaluación para definir si las dependencias auditadas solventaron las irregularidades detectadas; el periodo de entrega de documentos para aclaraciones concluyó en abril.

Añadió que tiene hasta el 31 de octubre para informar al Congreso acerca de este análisis, sin embargo el segundo día de cada periodo también debe informar a los diputados el estado que guardan las promociones de responsabilidad administrativa y los pliegos de observaciones, es decir, el 2 de octubre próximo.

“Al ente al que le va a notificar es el Tribunal de Justicia Administrativa o la Fiscalía para que aclare los desfalcos en el caso de que los haya”.

Mencionó que este año la ASE ya presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por el desvío de recursos públicos en el Isssteesin, caso del que estarán atentos porque ya hay una aceptación de esta irregularidad por parte del actual director, Ernesto Delgado Valverde.

Zazueta Zazueta dijo que sería irrisorio que el gobernador Quirino Ordaz Coppel vete los dictámenes de las cuentas públicas aprobados por el Congreso local.

“Si hay observaciones es porque estarían vetadas. Sería irrisorio la verdad decir que los entes hicieron las cosas bien por eso las está vetando. Es obvio que los entes violaron todas las leyes”.

El posible veto del gobernador podría darse el 1 de octubre, al arranque del próximo periodo de sesiones de los legisladores locales.

LOS CASOS MÁS SONADOS

En el entorno político y de la función pública sinaloenses están vigentes algunos casos que han detonado en investigaciones penales después de auditorías financieras emprendidas por la ASE.

Uno de estos es el de Luis Ángel Pineda Ochoa (Lapo), ex funcionario de la Secretaría de Turismo en el sexenio de Mario López Valdez (Malova).

Lapo fue condenado a 13 años y seis meses de cárcel por desempeño irregular de la función pública. Se le comprobó el desvío de 8.6 millones de pesos, los cuales deberá reponer.

El proceso no ha concluido y el ex funcionario sigue en libertad.

Ernesto Echeverría, ex secretario de Salud con Malova, negoció con la Fiscalía General del Estado regresar 7 millones de pesos como reparación de daño y con ello evitó la cárcel, luego de una investigación por mal manejo de alrededor de 14 millones de pesos.

Otro ex funcionario de Malova, Armando Villarreal, ex secretario de Administración y Finanzas, fue vinculado a proceso penal en abril pasado por el presunto desvío de 293 millones de pesos durante su gestión en la pasada administración. El proceso está abierto, pendiente de resolución judicial…

El Tiburonario de Mazatlán también tiene cola. Hay un proceso penal abierto en contra de tres ex funcionarios malovistas: Dionisio Sánchez Félix, ex encargado de Control Administrativo de la Secretaría de Obras Públicas; José Luis Ulloa Miranda, ex jefe de Seguimiento Documental de Contratos y Armando Trujillo Sicairos, ex titular de Concursos y Contratos.

En este caso se presume un daño al erario por 34 millones de pesos por el colapso del Tiburonario. La causa penal aún no concluye…

Y el caso que está más vigente, aunque a nivel federal, es el de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Actualmente se encuentra en prisión preventiva. A Robles se le relaciona con contratos irregulares que causaron un daño al erario público por 6 mil 879 millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación.


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