Regresa el nombramiento discrecional de directores | El análisis de Alejandro Luna

Regresa el nombramiento discrecional de directores | El análisis de Alejandro Luna

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En el año 2014, poco antes de que entrara en vigor la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, la SEPYC, de acuerdo con el SNTE, otorgó cerca de 800 plazas de base a supervisores, directores y subdirectores de escuelas de educación básica sin mediar ningún procedimiento de evaluación. Solamente se extendió nombramiento definitivo a maestros que habían sido designados como directivos, de manera transitoria, para asegurar el control político de las escuelas y del sector educativo.

Para los maestros que tenían muchos años de ejercer, de manera interina, las funciones de director, la basificación fue un acto de justicia laboral, ya que en adelante, según las reglas de la Ley del Servicio Profesional Docente, todas las plazas de base tendrían que otorgarse mediante concurso, sin embargo, fue también una oportunidad para evidentes actos de corrupción e ilegalidad que la SEPYC propició y avaló.

Como la condición fue que tendrían que tener una antigüedad mínima de dos años en funciones de dirección o supervisión para que procediera la basificación, los mismos funcionarios de la SEPYC al servicio del SNTE emitieron cientos de nombramiento temporales con fecha retroactiva al 2012, de tal manera que a la fecha del 2014, teóricamente ya cumplían con el requisito de antigüedad en funciones y se procedió a basificarlos. Entre los casos de ilegalidad más evidente destaca el de la asignación de plaza base de supervisor de secundaria al profesor Silvino Zavala, la que al juntarse con su plaza de COBAES, que tampoco ejerció, le permitió una megapensión superior a los 93 mil pesos al momento de jubilarse.

Sin embargo, el problema ahora no es lo que haya pasado en el 2014, sino que casi en los mismos términos está sucediendo de nuevo. Al cancelarse la reforma de EPN, se elimina con ello el periodo de prueba de dos años para la basificación de quienes adquirieron plaza mediante proceso de evaluación y se establece –en normatividad transitoria, en tanto se emiten las leyes secundarias— de acuerdo con la ley federal del trabajo, la basificación de quien tenga más de seis meses de desempeño en sus funciones.

Siguiendo esta lógica y en espera de la emisión de leyes secundarias, las autoridades han estado emitiendo órdenes de presentación en puestos directivos de manera discrecional a personal docente sin perfil y sin la antigüedad suficiente. Al fin que ya no existe la ley que obligaba la evaluación como requisito para el nombramiento del personal directivo.

El problema es que al hacerlo, se pasa por encima de los derechos de los maestros que tienen más perfil y antigüedad, que tienen interés en ascender a una plaza de dirección o supervisión y que se han preparado y –algunos se han evaluado—para ello.

Aunque teóricamente se considera, en primer lugar, los resultados de la evaluación del desempeño para la asignación de promociones, al inicio del presente ciclo escolar se han empezado a otorgar gran cantidad de órdenes de presentación a maestros de grupo para desempeñar funciones de dirección, con el propósito de que, pasados seis meses un día, se puedan convertir en plazas de base definitivas, sin tener que someterse a concurso escalafonario.

Bajo el criterio de repartir las plazas liberadas en una proporción de 60% -40% (60% para lista de prelación resultado de la evaluación y 40% para la asignación entre el personal de las propias escuelas) se han empezado a entregar nombramientos de dirección a personal sin perfil, sin la antigüedad necesaria y sin evaluación escalafonaria y se están entregando sin más criterios que la amistad o la conveniencia política de funcionarios y dirigentes sindicales, lo que trasluce de nueva cuenta el interés en formar ejércitos sindicales político electorales y no en lograr la educación de excelencia para las niñas y los niños de Sinaloa, poniendo entredicho el eslogan de primero los niños.

Ante esta situación al comienzo del ciclo escolar iniciaron un movimiento docentes y directores de secundarias generales federalizadas a los que se sumaron luego otros de secundarias técnicas del ese mismo subsistema, acusando complicidad entre líderes sindicales y funcionarios del sector educativo en la asignación irregular de plazas a familiares y allegados totalmente fuera del normatividad, incluso, diferentes plazas en municipios distintos, algunos tan distantes que hacen imposible atenderlas, mientras que esta semana se manifestaron otros maestros de la zona sur del estado, acusando igualmente irregularidad en la adjudicación de plazas, favoritismo en la asignación de lugares de desempeño y la retención de trámites y advirtieron que las protestas se podrían generalizar por todo el estado ya que son cientos de irregularidades las que se están presentando.

Un problema común en las escuelas de programación por horas es que los grupos no tengan suficientes maestros, lo que se refleja en que los alumnos tengan muchas horas libres o no lleven todas las materias que marca el plan de estudios. De entrada parecería solo un asunto de simple trámite que un director debe hacer –ya que se sabe que hay suficientes maestros contratados en la SEPYC para atender todos los alumnos inscritos—, sin embargo, no es tan sencillo, pues antes de asignarle nuevos maestros (más horas) a una escuela se hace una especie de “arqueo” para ver cuántos grupos tiene y por tanto cuántos maestros (horas-docente) necesita para atenderlos.

El problema comienza al detectar que la escuela ya tiene en su nómina el número de horas que necesita para atender a todos sus grupos en todas sus materias (es decir, ya se están pagando) y por tanto, no se le pueden autorizar más horas (maestros). Sin embargo, aunque el número de horas en la nómina es el que la escuela necesita para que todos los grupos tengan maestros en todas sus materias, en la realidad, no todos los maestros están en esas las escuelas. Algunas escuelas llegan a presentar hasta un 20% de faltante de maestros, que bien pueden estar en funciones docentes en otras escuelas o en otros centros de trabajo, cumpliendo funciones distintas a las docentes o simplemente en tareas o actividades ajenas al sector educativo por órdenes de líderes sindicales y con la complacencia de funcionarios del sector educativo.

Esta práctica, aunque es ilegal y sancionada por el FONE, es muy frecuente en las escuelas de programación por horas y los grupos pueden pasar todo el ciclo sin llevar las materias. Sólo se puede detectar con auditorías externas ya que se derivan de acuerdos internos entre líderes sindicales y funcionarios –y en ese caso nadie dice nada–, o mediante la protesta de los padres, si se dan cuenta, pero es un asunto complejo y difícil de detectar desde fuera ya que si falta un maestro no se suspende la jornada ni se regresa a los alumnos a casa como sucede en primaria o preescolar (donde todo mundo se puede dar cuenta), sino que los alumnos permanecen en el plantel. Sólo tienen hora libre. Y esto puede ocurrir durante todo el ciclo escolar con uno o varios maestros por grupo y los alumnos solo sabrán que tienen más horas libres, lo cual hace más relajada su estancia en la escuela.

Así que para detectar estas irregularidades es necesario hacer auditorías externas. Sin embargo, para que los auditores entren a los espacios educativos deben contar con la autorización de las autoridades educativas, de tal manera que es muy fácil saber cuándo hay una auditoría y los mismos funcionarios les notifican a quienes están en funciones políticas, sindicales, personales y fuera de sus espacios, para que se integren a la escuela mientras anden por ahí los auditores, de ahí que, en tiempos de auditorías, es frecuente ver “caer como aerolitos” una gran cantidad de personal desconocido que se presenta de pronto como trabajador de las escuelas y tan pronto se van los auditores, desaparecen.

A lo anterior hay que agregar el otorgamiento de una gran cantidad de plazas administrativas y de apoyo sin justificación –no sujetas a evaluación por el SPD—, que habrían abultado considerablemente la nómina del sector educativo sin ninguna fiscalización ni control, lo cual se puede apreciar a simple vista en la constante aparición de nuevos trabajadores en las escuelas sin ninguna función específica y que luego desaparecen del espacio educativo pero siguen apareciendo en la nómina. Y que, llegado el momento, volverán a aparecer y serán los más activos en los procesos sindicales o electorales y, en la nueva normatividad laboral –de voto universal—, serán factor determinante en los resultados en las elecciones de dirigentes sindicales, pues lo mismo valdría el voto de un docente que el de un trabajador de apoyo y el ingreso de este tipo de personal al sector educativo nadie lo vigila.

No sería extraño, por ello, que de pronto haya más trabajadores administrativos y de apoyo que docentes en las nóminas de las escuelas, supervisiones y centros de trabajo, y por tanto que aparezcan en las listas electorales sindicales, aunque no estén ni trabajen en realidad en el sector educativo, o emulando lo que sucedía en la UPES en el sexenio anterior, cuando, para justificar la contratación de personal innecesario, con cargo al presupuesto de la universidad, se inventaban puestos y funciones de acuerdo con el perfil del recomendado y no con base en las necesidades de la institución.

De nueva cuenta las rendijas de la normatividad laboral del sector educativo, manipuladas por funcionarios de pocos escrúpulos y mucha hambre de poder, que parecen haber  “vendido su alma al diablo”, propician los vicios y la corrupción que la misma ley pretende combatir. La discrecionalidad en el otorgamiento de plazas ha empezado a resurgir. Esperemos que no regrese también la venta de plazas.


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