Atoradas en la Fiscalía 97 de 112 denuncias contra funcionarios; 45 con órdenes de aprehensión

Atoradas en la Fiscalía 97 de 112 denuncias contra funcionarios; 45 con órdenes de aprehensión

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La ASE sostiene una versión inocua del combate sinaloense contra la corrupción: 97 de 112 denuncias penales contra funcionarios públicos están atascadas en la Fiscalía General del Estado, donde hay expedientes en trámite y órdenes de aprehensión pendientes desde 2013 en adelante.

En Sinaloa hay un lugar común respecto a las denuncias penales contra funcionarios públicos por presunta corrupción: casi todas acaban ‘congeladas’ en la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía General de la República.

En total son 112 denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de 2013 a 2019.

De acuerdo al Informe de Atención y Solventación de Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas, 92 casos fueron presentados ante la Fiscalía (y PGE) de 2013 a octubre de 2017, antes de que se reformara la Ley de la Auditoría Superior del Estado, y 9 ante la entonces PGR.

Y según el Informe que Guarda la Solventación de Observaciones a las Entidades Fiscalizadas, del 23 de octubre al corte del 31 de agosto de 2019 se presentaron 11 denuncias penales más ante la Fiscalía local.

En los informes no es posible precisar el número de funcionarios públicos involucrados ya que en cada una de las causas penales aparecen uno, dos, tres y hasta cuatro presuntos responsables.

CONGELADORA

De las 112 denuncias, 45 tienen órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, 38 casos están en trámite, en 14 se determinó el no ejercicio de la acción penal en contra de los funcionarios señalados y en cuatro la petición de orden de captura no ha sido resuelta.

Los primeros expedientes penales promovidos datan del 25 de febrero de 2013. En esa ocasión fueron 10 casos y todos en contra de funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa en ese entonces encabezado por Mario López Valdez (Malova).

Siete más aparecieron el 7 de octubre de 2013.

El 10 de marzo de 2014 se presentaron otras 12 denuncias contra funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas, y una última el 26 de agosto de ese mismo año.

Según el Informe de la ASE el estado que guardan estos 30 expedientes están bajo la siguiente leyenda: “averiguación previa consignada, pendiente de ejecución orden de aprehensión librada, proceso penal 25/2016, Juzgado Quinto Penal de Culiacán”.

El 10 de julio de 2017 se registraron 4 más en contra de la SAyF, de estos solamente uno aparece como “judicializado”, pero “la autoridad competente no ha informado de la imposición de pena o sanción alguna”.

LOS MUNICIPIOS

El municipio que más denuncias penales en trámite acumula en contra de ex funcionarios públicos es El Fuerte con 18.

Guasave (Junta de Agua Potable y Alcantarillado 3) tiene 4, Rosario 4, Navolato 4, Angostura 3, Salvador Alvarado 3, Concordia 2, Badiraguato 2, Mocorito 3; Sinaloa, Escuinapa y Choix tienen una.

Asimismo, desde el 15 de diciembre de 2015 fue presentada una denuncia penal en contra de funcionario (os) del Hospital Civil de Culiacán. Con el expediente no ha pasado nada.

En la mayoría de los casos se tipifican los delitos de desempeño irregular de la función de la pública y peculado.

En el apartado de sanción o pena del Informe de la ASE, en la mayor parte de las 112 denuncias penales señala que “la autoridad competente no ha informado de la imposición de pena o sanción alguna”.

LAS SECRETARÍAS

En el listado de las dependencias que más acumulan investigaciones está la Secretaría de Administración y Finanzas con 34.

El 3 y el 23 de octubre de 2017 se registraron dos denuncias contra funcionarios de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Sinaloa; el 23 de ese mismo mes se abrieron dos expedientes contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

El 11 de julio de 2018 contra la Secretaría General de Gobierno (Dirección de Vialidad y Transportes, y Recaudación de Rentas).

El 26 de septiembre de 2018 contra el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa (Invies); y ese mismo día otra contra los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa (Sepdes), y una más contra la Secretaría de Gobierno (Dirección de Alcoholes).

La ASE cerró el 2018 con una denuncia (2 de octubre) contra ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por el caso del Tiburonario, que actualmente sigue el proceso penal correspondiente y no hay sanción alguna.

ISSSTEESIN

La denuncia más reciente data del 2 de mayo de 2019 en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa (Isssteesin), donde se presume mal uso de recursos públicos por el orden de los 900 millones de pesos.

“En trámite de integración carpeta de investigación”, indica la ASE en su informe.

En este caso, la titular de la ASE, Emma Guadalupe Félix Rivera, dijo que hay más tela de donde cortar ya que en el área jurídica se preparan nuevos expedientes que podrían concretar más denuncias penales.

Los 11 casos de 2017, 2018 y 2019 se encuentran en trámite.

LOS “CASOS EXITOSOS”

El 10 de julio de 2017 la ASE presentó una denuncia contra los Servicios de Salud de Sinaloa. Es el caso de Ernesto Echeverría, ex secretario de Salud con Mario López Valdez. La ASE lo reporta como judicializado y una recuperación de 7 millones de pesos.

Echeverría negoció declararse culpable y regresar la mitad del monto por el que se le investigaba para evitar pisar la cárcel. Y lo consiguió.

Otro caso es el de la Secretaría de Turismo en la época de Malova. Luis Ángel Pineda Ochoa, ex funcionario de esta dependencia, fue condenado a 13 años, 6 meses de prisión; inhabilitación por 27 años, multa por 54 mil 480 pesos y reparación del daño por 8 millones 651 mil 798 pesos.

Hasta el momento se desconoce si Pineda Ochoa ya ingresó a prisión.

El caso de los colchones entregados en mal estado a familias damnificadas por parte de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social no fue iniciado por la ASE, pero actualmente se investiga al ex coordinador administrativo, Carlos Baltazar Castro.

El expediente sigue su curso, pero aún no hay sanción.

EL DINERO OBSERVADO

Durante las auditorías practicadas a los periodos comprendidos entre los  ejercicios fiscales 2008 al 2016, se determinaron Pliegos de Observaciones por importe total de 5 mil 753 millones 301 mil 171 pesos.

Al 31 de agosto de 2019, el estado que guardan estos pliegos indica que 678 millones 117 mil pesos no han sido solventados.

Asimismo, de acuerdo a las revisiones de la ASE al ejercicio fiscal 2017, de las 39 auditorías financieras practicadas se determinaron recuperaciones probables por importe total de 498 millones 513 mil 870 pesos, las cuales están siendo evaluadas dado que transcurre el plazo de 120 días hábiles.


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