Denuncia Artículo 19 amenazas de Labastida Ochoa a organizaciones periodísticas

Denuncia Artículo 19 amenazas de Labastida Ochoa a organizaciones periodísticas

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El reportaje publicado por Noroeste aborda la manera en que 16 funcionarios y políticos de Sinaloa se pudieron haber beneficiado de sus posiciones de privilegio para obtener contratos o subsidios públicos para sus empresas familiares.

A través de un comunicado la organización Artículo 19, denunció amenazas recibidas por parte del exgobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa, a las organizaciones Iniciativa Sinaloa, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el periódico Noroeste.

A través de una misiva dirigida a Noroeste y su director, Adrián López, Labastida Ochoa niega los hechos descritos en el reportaje “Operación Desfalco Sinaloa” y advierte que pedirá apoyo legal para buscar “la forma de demandarlos por calumniar, mentir y dañar” el prestigio personal del ex candidato a la Presidencia.

El reportaje publicado por Noroeste aborda la manera en que 16 funcionarios y políticos de Sinaloa se pudieron haber beneficiado de sus posiciones de privilegio para obtener contratos o subsidios públicos para sus empresas familiares. En el caso de Francisco Labastida Ochoa, el reportaje describe la manera en que su hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, se benefició con subsidios a su empresa Agri 27 y arrendamientos de propiedades al gobierno municipal de Culiacán y estatal de Sinaloa.

Artículo 19 asegura que la figura de ‘difamación’ ha sido utilizada tanto por agentes estatales como por particulares para intimidar o castigar a medios y periodistas que evidencian prácticas de corrupción y tráfico de influencias. “Aunque la difamación no es considerada un crimen en el estado de Sinaloa, la amenaza de emprender acciones legales en contra de las organizaciones, medio y periodistas involucrados en la investigación de ‘Operación Desfalco Sinaloa’ es un acto que busca inhibir el ejercicio periodístico y silenciar a sus autores”, señala la organización.

Por lo anterior, Artículo 19 hizo un llamado al Gobierno de Sinaloa para que, en su calidad de garante de la libertad de expresión, brinden las condiciones idóneas para el desarrollo del ejercicio periodístico en la región.

También se hace un llamado al Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa y a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que en caso de concretarse la pretensión de iniciar acciones legales contra los autores y promoventes de «Operación Desfalco Sinaloa», utilicen criterios que prioricen el derecho de estos a investigar y difundir información de interés público.


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