El soborno,  ¿manifestación de la corrupción cotidiana de la sociedad? | El análisis de Fernando Ruiz Rangel

El soborno, ¿manifestación de la corrupción cotidiana de la sociedad? | El análisis de Fernando Ruiz Rangel

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La edición 2019 del “Barómetro Global de la Corrupción” para América Latina y el Caribe, que publica Transparencia Internacional, ofrece una serie de datos de opinión pública relacionados con el tema de la corrupción. Un rubro importante que se aborda en dicha publicación es el “soborno”, es decir, la entrega de dinero, regalos o favores que los ciudadanos hacen a los funcionarios para recibir los servicios que necesitan.

El informe precisa que de las personas encuestadas en 18 países de la región, entre ellos México, el 21% refirió haber incurrido en esta práctica para acceder a algún servicio básico. Los sobornos pagados se relacionaron con la actuación de policías, la gestión de servicios públicos y documentos de identificación, así como la atención en escuelas, hospitales públicos y tribunales.

El fenómeno de la corrupción se presenta de diversas maneras, una de ellas es la que se conoce como “soborno”.

El “soborno” implica una interacción que se da entre un servidor público y un particular que se vinculan en la prestación de un servicio o para la obtención de un beneficio ilícito.

En el primer caso, es decir, para obtener o ejercer un derecho, el particular se convierte en víctima, pues además de la reunión de requisitos para este fin, debe aportar adicionalmente para el servidor público un beneficio –mordida–, que puede ser en dinero o especie; en el caso de que el particular pretende acceder a un beneficio ilícito, se convierte en sujeto activo que propicia la corrupción, pues con su conducta pretende hacerse de prestaciones que no le corresponden conforme a derecho, o bien evitar una acción sancionatoria por parte del Estado.

En palabras de Lilia Aguilar Gutiérrez, existen factores que influyen en esta manifestación de la corrupción, –al interior de las dependencias– el diseño normativo y algunos mecanismos institucionales, en el sentido de que en ocasiones la ley exige muchos requisitos, los cuales además son repetitivos y poco accesibles para la población, lo que propicia un nicho fértil para estos actos; –al exterior– se identifica una falta de cultura de la legalidad en los ciudadanos.

¿Qué podemos hacer?

Recientemente se publicó la Propuesta de Política Nacional Anticorrupción que consigna estrategias que bien valdría la pena retomar en nuestra entidad, analizarlas a la luz del diagnóstico que se construye bajo la Coordinación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y con la intervención del Comité de Participación Ciudadana e implementarlas en el contexto local.

Los objetivos serían fomentar la adopción de esquemas de profesionalización e integridad de los servidores públicos que permitan el fortalecimiento de las capacidades y desempeño del servicio público; difusión de valores asociados con la integridad de la población, a través de la formación cívica y ética; y, mejorar los sistemas de denuncia.

Lo anterior mediante una profunda socialización y reflexión que vincule a las instituciones públicas con la sociedad en general. Dicha interacción se promoverá por la Secretaría Ejecutiva y el CPC, mediante la organización de Mecanismos de Consulta y Participación Ciudadana, que se estarán realizando a partir del mes de octubre.

 

SOBRE EL AUTOR

Fernando Ruiz Rangel es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.


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