Hacia una infraestructura escolar incluyente | El análisis de Luis Daniel Rodríguez

Hacia una infraestructura escolar incluyente | El análisis de Luis Daniel Rodríguez

Compartir:

En los últimos años, la inclusión ha sido un término de gran relevancia para el sistema educativo. Esto ha provocado que en las agendas públicas de los gobiernos se plantee la urgencia de la creación de más y mejores espacios inclusivos para que se garantice el derecho a aprender.

Inclusión educativa quiere decir que el sistema debe adaptarse a las necesidades de cada niña, niño y joven (no al revés), y una de las formas de hacerlo es a través de una infraestructura escolar adecuada que responda a la diversidad y garantice la seguridad de las y los alumnos, así como de todo el personal dentro de la institución. Aunado a lo anterior, se debe asegurar que sean accesibles para todos y contar con servicios básicos como electricidad, agua potable, saneamiento y espacios recreativos para el convivio y el juego.

Sin embargo, esto no siempre se cumple. Por ejemplo, para el caso particular de Sinaloa, de acuerdo con el estudio ICRE 2018, más de 10% de las escuelas públicas carecen de sanitarios; sólo 1 de cada 5 cuenta con rampas para el acceso a personas con discapacidad motriz y; aproximadamente 39% no tienen espacios recreativos para las y los alumnos.

Teniendo en cuenta estas carencias, en el Proyecto de Presupuesto Egresos de la Federación  2020 se contempla un gasto histórico para la infraestructura escolar, donde hay un incremento considerable de más de 60% con respecto a los recursos erogados en 2019.

El aumento en este rubro se debe, principalmente, a la creación del Programa La Escuela es Nuestra, al cual se le destinarán 7,280 millones de pesos que serán ejercidos por los Comités Escolares de Administración Participativa. El objetivo de este programa es asignar subsidios para mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles públicos de educación básica, dándoles prioridad a aquellos ubicados en zonas de muy alta y alta marginación y localidades de población indígena.

No obstante, la mayor preocupación en este tema no son los recursos destinados, sino que no exista una instancia especializada encargada de aspectos centrales, como lo son: la seguridad de los planteles educativos y la integridad física de las personas en ellos (estudiantes, docentes, personal administrativo, familias); la indefinición de acciones de prevención en materia de seguridad sísmica, estructural y de mantenimiento; los recursos y fuentes de financiamiento; así como la creación y actualización de sistemas de información acerca del estado físico de los inmuebles escolares. Más preocupante aún es que se delegan esas funciones y responsabilidades a las mismas familias.

Por otro lado, si la intención de dicho programa es priorizar a las escuelas en zonas de mayor grado de marginación, es aún más necesario que las autoridades federales y estatales establezcan y mantengan actualizado un sistema público de información sobre el estado de la infraestructura física en cada plantel, de tal manera que los recursos sean destinados a aquellas que más lo necesitan.

Las niñas, niños y jóvenes tienen derecho a contar con infraestructura educativa inclusiva que responda adecuadamente a las necesidades específicas de cada estudiante, y que les permita estar, aprender y participar en la escuela, por lo tanto, el Estado debe garantizar sus condiciones óptimas y mantenimiento para que todos puedan acceder a ella.

SOBRE EL AUTOR

Luis Daniel Rodríguez es investigador en Mexicanos Primero Sinaloa


¿Tienes una denuncia? | Hazla en ESPEJO:

Si cuentas con fotografías o videos de interés público, compártelos con nuestros lectores. Envíalos al correo electrónico: [email protected]

Compartir: