¿Para quién se legisla con la nueva reforma educativa? | El análisis de Ángel Leyva Murguía

¿Para quién se legisla con la nueva reforma educativa? | El análisis de Ángel Leyva Murguía

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He escuchado a algunos diputados, senadores y funcionarios mostrarse contentos y satisfechos con la nueva legislación en materia educativa, ya que han cumplido con la encomienda presidencial de derribar la que en su discurso denominaron “mal llamada reforma educativa”.

Paradójicamente, estas leyes no responden a las necesidades de las niñas, niños y jóvenes, sino que más bien parecieran un arreglo político y laboral que empodera a ciertos grupos que por muchos años controlaron, con la complacencia de las autoridades estatales y federales, el sistema educativo del país.

La razón y los argumentos deben regir el debate público bajo el principio de la progresividad: siempre avanzar y de ninguna manera retroceder, mantener lo que funciona y adaptar lo que no. De esa forma es posible lograr la transformación educativa. No obstante, pareciera que el gran logro de la actual administración federal consistió en eliminar cualquier vestigio de la reforma anterior. “No quedará ni una coma” se dijo, y así, sin importar la evidencia, se eliminó para beneplácito de algunos.

A algunos legisladores parece no interesarles los elementos de inconstitucionalidad de las leyes secundarias, las cuales violan la igualdad de condiciones, el régimen de admisión en el servicio, el principio de imparcialidad y se contraponen a la rectoría de la educación, por lo tanto, esa será una batalla que se librará en el Poder Judicial.

Comentarios como “somos la bancada del presidente” permiten darnos cuenta de que en vez de ser un contrapeso al Poder Ejecutivo y realizar la labor que les corresponde (legislar apegados a la constitución), sólo siguen instrucciones y líneas políticas. Ojalá en algún momento, aunque suene utópico, estos levantaran la mano para señalar que representan la bancada de las y los niños de esta y las futuras generaciones.

Si bien, la reforma constitucional de 2013 tuvo graves errores y omisiones en su implementación, tuvo la ventaja de establecer una estructura jurídica que permitiera a los docentes, directores, supervisores y asesores técnico-pedagógicos ingresar y promoverse en la carrera docente sin necesidad de debérselo a algún representante sindical o funcionario público.

Por su parte, la reforma educativa 2019 delega las disposiciones para controlar los procesos de ingreso y promoción a la SEP cuando es una facultad exclusiva del congreso, se establecen comisiones tripartitas, las cuales abren las puertas a la discrecionalidad y hay ambigüedad sobre cuáles autoridades y de qué forma llevarán a cabo las evaluaciones diagnósticas. Con estos elementos difícilmente se logrará contar con las figuras educativas con más conocimiento, aptitudes y experiencia que la niñez y juventud necesita para guiarlos en su trayectoria escolar.

Definitivamente es desafortunado que aun con el gran capital político que tuvo este gobierno para impulsar el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes, se prefirió evitar el conflicto, y mantener la gobernabilidad del sistema educativo sin una visión de largo plazo que permita una verdadera transformación educativa de nuestro país.

SOBRE EL AUTOR

Ángel Leyva Murguía es director general en Mexicanos Primero Sinaloa.


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