Desde SEPyC pretenden prohibir crítica a líderes sindicales | El análisis de Alejandro Luna

Desde SEPyC pretenden prohibir crítica a líderes sindicales | El análisis de Alejandro Luna

Compartir:

Ante el aumento de los señalamientos críticos vertidos por el magisterio estatal contra los dirigentes de la sección 53 del SNTE, por arbitrariedades, violación de derechos laborales, favoritismos, errores y probable comisión de delitos como el desvío de recursos, cometidos a lo largo de más de 23 años que tienen en el poder de la sección sindical, la dirigencia emitió un documento en el que deja entrever la intención de expulsar a los maestros y trabajadores estatales del sector educativo que hagan señalamientos críticos contra sus dirigentes.

Aunque el documento dice textualmente en el cuarto punto de su pronunciamiento “Rechazar y combatir, por la vía de la legalidad, todo intento de división, intervención externa y ataques a la autonomía y unidad de la sección 53 (…) por actores que utilicen las redes sociales como método de distorsión de la realidad”, durante su presentación se hizo referencia a la suspensión de derechos mediante la aplicación del título décimo del estatuto del SNTE relativo a las sanciones a quienes viertan comentarios críticos contra sus dirigentes.

El documento se advierte como una reacción natural de la dirigencia de Fernando Sandoval ante el temor a perder el control y el poder que han ostentado por más de dos décadas –especialmente ante la inminente aplicación el voto personal, libre, directo y secreto para elegir a dirigentes, que establece la nueva reforma laboral—, sin embargo, en la emisión del documento se incurre en faltas graves que trascienden a la vida sindical.

Primero. La presentación del documento que hizo la ex secretaria general de la sección 53, Lourdes Sarabia, indica que el pronunciamiento lo hacen jefes de sector, supervisores escolares y directivos (directores y subdirectores) de la SEPYC, además de representantes sindicales. Es decir, la estructura de la SEPYC, bajo el mando de Juan Alfonso Mejía, está amenazando los trabajadores que se atrevan a criticar a los dirigentes sindicales, lo cual es bastante grave por donde se le vea, pues implica que: o el secretario de educación del gobierno de Quirino Ordaz está avalando la intimidación y la violación del constitucional derecho de libertad de expresión de los maestros, en aras de cumplir un compromiso con el dirigente sindical, o simplemente no es capaz de controlar a su personal directivo para impedir que hagan este tipo de pronunciamientos que colocan al gobierno de Quirino como un gobierno autoritario y cómplice de las probables corruptelas de las dirigencias sindicales.

Si bien, el secretario de educación tiene derecho a apostar a que el grupo que representa Fernando Sandoval repite en el poder para cimentar en él su campaña para gobernador en el 2021, no tiene derecho a permitir y avalar que sus funcionarios, por más alma y compromiso sindical que tengan, utilicen su poder y autoridad para intimidar a los trabajadores o influir en favor de su grupo, candidato o planilla en la próxima elección sindical. María Luis Alcalde –la representante de AMLO en materia laboral— ya advirtió que se podría llegar a anular una elección si se comprueba que el patrón (en este caso, gobierno del estado) interfirió de alguna manera para influir en el resultado del proceso.

Segundo. La libertad de expresión no sólo es un derecho constitucional en México. Es uno de los pilares fundamentales de la construcción de la sociedad moderna desde el siglo XV, consolidada al triunfo de la revolución francesa en el siglo XVIII, que contribuyó de manera determinante a poner fin al oscurantismo medieval dominado por el fanatismo religioso, por lo que atentar contra la libertad de expresión no sólo significa una violación a un derecho constitucional sino una actitud regresiva al oscurantismo de la edad media.

Tercero. No puede, ningún discurso de unidad –ni estatuto laboral—, estar por encima de un derecho universal como la libertad de pensamiento y la libre expresión de las ideas. Insinuar, siquiera, la prohibición de la libertad de expresión y la crítica de los maestros – los formadores de los derechos y las libertades en las nuevas generaciones—, por sus supervisores, jefes de sector y directivos, equivale a una actitud autoritaria y regresiva del gobierno de Quirino Ordaz, por lo que Juan Alfonso Mejía debería deslindarse de ese tipo de pronunciamientos o, al menos, hacer un llamado de atención a su personal directivo para que se deslinde o evite involucrarse, como autoridades, en ese tipo de pronunciamientos que buscan intimidar y limitar derechos constitucionales a los trabajadores.

En torno a la reacción de la dirigencia sindical, expresada ante la creciente crítica que está recibiendo a través de redes sociales, su respuesta no es la más afortunada pues mientras critica a quienes usan las redes sociales para criticarla, sus defensores participan en una “guerra sucia” en las mismas redes para descalificar la crítica.

Sin embargo, lo más desafortunado es la alusión a la intención de aplicar el título décimo del estatuto como amenaza contra sus críticos, pues el Capítulo I del Título Décimo del estatuto vigente, denominado “sanciones y procedimientos de aplicación”, se refiere fundamentalmente a dirigentes y a quienes ostentan posiciones de poder dentro de la estructura sindical, pues establece en su artículo 293 “la revocación de mandato” para todos los niveles de gobierno sindical cuando existan “casos probados de corrupción, incapacidad e ineficiencia en el ejercicio de la dirigencia”. Es decir, no se refiere a la base sino a la dirigencia.

El artículo 296 establece las sanciones y señala, en primer lugar la “amonestación”, “la suspensión en puestos o comisión sindicales”; la “destitución del puesto sindical”; “la inhabilitación para desempeñar puestos o comisiones sindicales” y la “suspensión temporal de derechos sindicales”.  Las faltas graves serán conocidas por una Comisión de Honor y Justicia constituida especialmente para el caso –artículo 300— y “cuando se acuse o consigne a todos o a la mayor parte de los miembros de un comité ejecutivo por haber cometido faltas sancionables, por una Comisión de Honor y Justicia, el Comité Nacional de Vigilancia; Transparencia y Rendición de Resultados proveerá al Comité Ejecutivo Nacional lo necesario (…) para que éste sustituya provisional o en definitiva a los miembros del Comité (artículo 301)”.

Es decir, el titulo décimo proporciona, fundamentalmente, elementos para poder enjuiciar y sancionar a los dirigentes sindicales, por lo que el documento emitido por la dirigencia de Fernando Sandoval, más que asustar a sus críticos, les da elementos para que le pongan la “soga al cuello”. Y aunque lo más probable es que no recurran a enjuiciarlo por su deficiente desempeño –prefieren esperar a que se vaya en tres meses—, lo cierto es que ésta ha sido la más limitada y deficiente de las últimas seis dirigencias que ha tenido la sección 53 del SNTE, caracterizada por estrechez de miras, incapacidad para establecer el diálogo con la base, marcada parcialidad en los beneficios y ausencia de liderazgo.

EL DESENCANTO POR CREDITOS DE VIVIENDA

Y el surgimiento, proliferación y fortalecimiento de grupos opositores es precisamente una respuesta de la base a la ausencia de liderazgo, la incapacidad para establecer el diálogo y una deficiente y engañosa gestión, como lo muestra la información en torno al programa de vivienda, pues luego la emisión de su reglamento, que se publicitó como un gran logro de su dirigencia sindical, para el beneficio de 26 mil trabajadores estatales, se lanzó una convocatoria que captó más de 8 mil solicitudes para este 2019, y aunque la propia convocatoria establecía que el día 15 de noviembre se darían a conocer las listas de los beneficiarios, lo que en realidad se publicó fue la lista de solicitudes calificadas con puntaje, retrasando indefinidamente la lista de beneficiados. Se pretende ocultar así que, de acuerdo con el monto de los recursos de este año, sólo se podrá beneficiar a 234 solicitantes.

Es decir, se creó la expectativa de vivienda a más de 8 mil trabajadores –que aplaudieron la gestión sindical— para este 2019, pero no se les dijo que el recurso que había del fondo de vivienda sólo alcanzaba para menos de 250 créditos, es decir, menos del 1% de los trabajadores que tienen ese derecho. A estas alturas, es probable que los 234 beneficiarios ya tengan la información pero no el resto de los solicitantes que están empezando a sentir el desencanto de la dirigencia sindical, pues a ese paso de la gestión: crédito a menos del 1% de la base al año, bien podrían tener que esperar 100 años para que les tocara su crédito.

Sin embargo, ante esta incapacidad manifiesta no sólo de gestión, sino de diálogo con la base, ahora se pretende castigar a quien exprese su inconformidad con la dirigencia argumentando que se atenta contra la unidad sindical y para ello se recurre a la amenaza de las autoridades educativas –jefes de sector, supervisores y directores—, reflejando la peor crisis de liderazgo de los últimos 23 años. Con toda la crítica que haya que hacer contra los dirigentes anteriores, Daniel Amador, Lorena Alvarez, José Oscar Beltrán, Germán Contreras, Lourdes Sarabia y Silvino Zavala, tuvieron la habilidad para lidiar con la oposición interna que se mantuvo en “niveles manejables”. No obstante, en este periodo la oposición se desbordó y aunque actualmente muestra –aún—niveles altos de desorganización, ha logrado capitalizar el sentir y el coraje de la base contra su dirigencia oficial.


¿Tienes una denuncia? | Hazla en ESPEJO:

Si cuentas con fotografías o videos de interés público, compártelos con nuestros lectores. Envíalos al correo electrónico: [email protected]

Compartir: