Tema de la semana | Desapariciones forzadas, crisis oculta bajo tierra sinaloense

Tema de la semana | Desapariciones forzadas, crisis oculta bajo tierra sinaloense

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Durante los últimos días diversos acontecimientos han puesto a las desapariciones forzadas de nuevo en el centro de la conversación pública en el tema de seguridad. Y no, no es que las desapariciones hayan dejado de ocurrir. Es solo que la incidencia es tan alta que cada día se convierte en un monstruo más difícil ignorar.

Esta semana, luego del reclamo de grupos de búsqueda, el Fiscal de Sinaloa Juan José Ríos Estavillo reconoció que durante noviembre fueron abiertas 43 carpetas de investigación por desaparición forzada; también durante la misma entrevista anunció que se implementarían acciones para empezar a aplicar el Protocolo Alba en Sinaloa, un viejo reclamo de los colectivos feministas.

Un día después, en Guasave, Mirna Nereyda Medina, de Las Rastreadoras, no tuvo reservas al declarar que los cuerpos policiales de Sinaloa están metidos ‘hasta las patas’ en el tema. “Hay más de 200 personas desaparecidas”, añadió corrigiendo el dato oficial de 43 carpetas de investigación.

Ese mismo día, el colectivo anunciaba que volvería a realizar búsquedas en Guasave después de 6 meses sin hacerlo debido a las pocas condiciones de seguridad. La realidad es que los grupos de rastreadoras han dejado de confiar en los policías municipales.

Al respecto, en medios nacionales se pudo leer que en Sinaloa se registran 4 casos de desapariciones diarios.

El problema se agrava si consideramos que, también esta semana, el Cesp dijo ver con preocupación la propuesta de presupuesto para el 2020, la cual considera 40% menos recursos para la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Situación que rápidamente fue aclarada tanto por el secretario de finanzas, Carlos Ortega Carricarte, como del secretario de seguridad, Cristobal Castañeda Camarillo.

Pero Jenny del Rincón fue más allá y también mencionó que es lamentable que la administración estatal proponga una reducción presupuestal de 6.4 millones de pesos a 4.9 millones a la Comisión Estatal de Búsqueda y que a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas se le destinen los mismos 17.6 millones de este 2019. Recursos que, por otro lado, llegan a ‘cuentagotas’ o simplemente no llegan, dificultando su operación e dificultando el pago de nómina a sus empleados.

Por otro lado, al sur del estado Mazatlán vive también una crisis nada nueva en el tema, el cual hace algunas semanas tuvo como protagonistas al alcalde mazatleco y al secretario de seguridad pública.

Esto debido a que, luego de que el alcalde señalara a policías estatales por cometer supuestos abusos contra la ciudadanía en el puerto, Castañeda Camarillo revirara que pudieran en realidad tratarse de policías municipales de Mazatlán a bordo de uno de los más de 100 vehículos de la SSP que se encuentran prestados en comodato al municipio.

Producto de esta situación, actualmente el municipio no cuenta con el apoyo de elementos estatales.

Abonando a esta situación, vale traer a cuento una recomendación emitida por la CEDH a finales de septiembre (http://revistaespejo.com/2019/09/acredita-cedh-desaparicion-forzada-cometida-por-municipales-en-mazatlan/), en donde la institución defensora de los derechos humanos acredita un caso de desaparición forzada cometida por policías municipales en Mazatlán.

Finalmente, cabe destacar que mientras las autoridades señalan que las cifras de homicicios dolosos van a la baja en el estado, por otro lado los casos de desapariciones siguen al alza y estos no son tomados en cuenta como indicador para medir el problema de la violencia.


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