La UAS en la mira de la 4T:  ¿es finta o acción a fondo? | Tema de la semana

La UAS en la mira de la 4T: ¿es finta o acción a fondo? | Tema de la semana

La exigencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que las instituciones de educación superior se ajusten a esquemas de transparencia y austeridad en el manejo de recursos públicos ha llegado a la Universidad Autónoma de Sinaloa al generar esta semana inestabilidad en la casa de estudios con el retraso en el pago de la primera quincena de enero a sus trabajadores. ¿Es apenas la advertencia o ya inició la intervención directa para corregirle irregularidades a la UAS?

La reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, implementada por el Congreso de ese estado, así como la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, inquietan al sector universitario nacional que durante décadas fue intocable e interpretó tal permisibilidad para todo como oportunidad de pervertir la enseñanza superior.

Todo indica que sí existe la estrategia del Gobierno de México para desmantelar a organizaciones y mafias que han prostituido la esencia de las universidades públicas al convertirlas en proyectos políticos de partidos que anidan en ellas, lo cual deriva a centros de control político, económico y social. La cuestión es hasta dónde está dispuesto a aguantar el actual régimen federal la reacción de los intereses afectados.

En el caso concreto de la UAS, ha optado por salir a las calles en jornadas informativas sobre la situación que atraviesa, pero al mismo tiempo persiste la postura del nulo rendimiento de cuentas sobre el manejo de los presupuestos que se le asignan. El derroche y la opacidad, igual que el enquistamiento en la conducción universitaria de un mismo grupo de poder durante década y media, la ponen en la mira de la Cuarta Transformación.

Al mismo tiempo, el ala universitaria que reclama reformas universitarias profundas aprovecha la coyuntura de revisión y saneamiento de la IES para instar al Congreso de Sinaloa a que apruebe las iniciativas de transformación de la vida interna de la UAS, elemento que posibilitaría  la probable acción articulada para entrarle ya al saneamiento del principal centro de educación superior de Sinaloa.

Desde la circunstancia actual, es factible prever cinco escenarios:

  1. Advertencia. El retraso en el flujo de recursos económicos federales a la UAS, que la Secretaría de Educación Pública atribuye a un problema burocrático, constituye el ultimátum del Gobierno Federal para que la Universidad se ajuste al esquema de transparencia y uso racional del presupuesto que se le otorga, o se atenga a las consecuencias en caso de continuar siendo omisa en tales temas.
  2. Investigación. Desde la llamada Cuarta Transformación se estaría creando la coyuntura para que la Secretaría de Educación Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y el Congreso del Estado intervengan en la revisión del modelo institucional que ha sido señalado de corrupto, entrándole de lleno a los correctivos correspondientes.
  3. Negociación. La UAS se abre a la demanda de modificación de los mecanismos de designación de autoridades y permite el relevo del grupo que la controla desde que Héctor Melesio Cuén Ojeda asumió la rectoría en 2005, dando lugar a la estabilización y descartando la confrontación con el gobierno de López Obrador que, por cierto, cuenta con el respaldo social para emprender cualquier medida al interior de la institución educativa.
  4. Polarización. El conflicto se politiza con el choque de fuerzas que están de uno u otro lado: el Partido Sinaloense con el apoyo del PRI argumenta violaciones a la autonomía de la UAS y se refleja inamovible en la postura de no reforma a la ley orgánica, mientras el Movimiento Regeneración Nacional y organizaciones disidentes al grupo que controla la Universidad van con todo en el desplazamiento de ambiciones y lastres universitarios.
  5. Simulación. Tanto el Gobierno Federal como la Universidad logran acuerdos para aplazar la investigación y las consecuencias legales cediendo el primero a la presión de los que dirigen la casa de estudios y entregando la segunda algunas prebendas políticas como la reelección y la renuncia del actual Rector, aun cuando este desenlace postergue de nuevo los correctivos pertinentes.

Al tratarse de la UAS, la única oportunidad que miles de jóvenes sinaloenses tienen para darle un vuelco a sus futuros mediante la formación profesional, no es poco lo que está en juego. Enseñanza de calidad, con todos los recursos públicos posibles, pero sin que estos se vayan por el tobogán de la corrupción, es lo que debe ponerse a salvo, muy lejos de personajes o camarillas que por saciar sus ambiciones ponen en riesgo el derecho constitucional a la educación de excelencia y en la libertad.

El manejo discrecional de la UAS durante 15 años por parte del mismo grupo de poder es lo que ha llevado a la crisis actual, poniendo en situación de sospecha a todo el entramado normativo y operativo que da pie a controversias precisamente porque las instancias internas y externas responsables de instaurar y garantizar la legalidad se han comportado omisas y preferido ser parte del problema y no de las soluciones. Resultaría de muy alta afectación a la educación superior que la presente oportunidad para corregir acabe siendo otra treta para que todos salgan con raja política.

Por todo lo anterior, si el gobierno de López Obrador  ha decidido emprender una investigación firme, a fondo y con las consecuencias que deriven, trátese de quien se trate, le hará mucho bien a la UAS y Sinaloa; si retrocede convirtiendo el momento en una más de las fallidas voluntades por reformar, contribuirá a que la entrañable Universidad entre de manera irreversible a la regresión en todos los sentidos.


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