¿Quirino arriesgará su imagen al solapar a “mapaches” en SEPyC? | El análisis de Alejandro Luna

¿Quirino arriesgará su imagen al solapar a “mapaches” en SEPyC? | El análisis de Alejandro Luna

¿Tienen necesidad Juan Alfonso Mejía y Quirino Ordaz Coppel, de poner el cuero, su imagen y prestigio, para defender al último cacicazgo sindical frente a la gran ola democratizadora nacional encabezada por el presidente López Obrador?

El trabajo de gestión realizado por Juan Alfonso Mejía al frente de la SEPYC le ha validado la simpatía y la aceptación de gran parte del magisterio. El estilo informal y dinámico que le caracteriza y que ha impreso en la relación con los maestros y los padres de familia le ha valido una opinión favorable que le abona bastante a la imagen del gobernador en su propósito de escalar la cima de la pirámide comparativa como el mejor gobernador del país, de acuerdo con las más recientes encuestas circuladas en este mes de enero.

El gobernador Quirino Ordaz se ha ganado a pulso su calificación con un mando muy executivo pero institucional en su equipo y con un estilo práctico en la solución de problemas, además de su gran capacidad de trabajo, que ha convencido hasta al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le depositó su confianza desde sus primeras visitas a Sinaloa en el 2019.

Sin embargo, la buena imagen instalada en la percepción social puede ser muy variable y así como llegó al primer lugar en la escala comparativa con los demás gobernadores, puede caer drásticamente si se equivoca en sus decisiones en situaciones de sensibilidad social. Un simple detalle que lo vincule con actos de corrupción puede ser catastrófico en la percepción social, como sucedió con el tema de los colchones podridos en la crisis de las inundaciones y hoy está a punto de generarse una nueva situación de crisis que podría ser catastrófica para su imagen si sus decisiones no permiten “piso parejo” en las elecciones sindicales para la democratización del SNTE, compromiso que ha hecho suyo el presidente López Obrador.

Tan pronto como se inicie el proceso de cambios de dirigencias sindicales del SNTE, para asegurar equidad en la competencia, se deberán separar del cargo los funcionarios de la SEPYC-SEPDES y otras dependencias vinculadas con el sector educativo que están al servicio de la dirigencia sindical en turno o que fueron propuestas por ésta al Gobierno del Estado. Esto con el fin de garantizar que no interfieran en la elección usando su autoridad y los recursos del estado para favorecer a sus candidatos, como ya está sucediendo, pues se podría anular la elección “por intromisión del patrón”, como lo ha advertido la secretaria del trabajo María Luis Alcalde.

La democratización sindical en México es una condición pactada en el tratado de libre comercio con Estados unidos y Canadá y establecida en la reforma laboral mexicana del primero de mayo del 2019 la cual precisa los requisitos para asegurar que los procesos de elección de dirigentes sean realmente democráticos, y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que ya tiene boleto para ver “en primera fila” la democratización del SNTE, lo cual indica que no se trata de una simulación más, sino de un verdadero interés en la democratización sindical del SNTE. Permite deducir, también, que el Tribunal Federal de Conciliación no permitirá argucias legaloides para manipular los procesos electorales.

Sin embargo, ya hay evidencias de que funcionarios de la SEPYC al servicio de las dirigencias sindicales están violando la normatividad para favorecer la “siembra” de cuadros sindicales en puestos de autoridad que les permitan manipular el proceso electoral, afectando legítimos derechos de quienes han expresado una opinión sindical distinta de la del grupo sindical dirigente, como es el caso del supervisor Napoleón Sánchez, en Culiacán y de los profesores Abelardo Flores Juárez y Rafael Gastélum, en Angostura.

¿Tienen necesidad el secretario Juan Alfonso Mejía y el gobernador Quirino Ordaz de arriesgar su imagen y prestigio con la sociedad y el magisterio al solapar irregularidades y sostener a funcionarios que, desde hoy, están empañando el proceso nacional de democratización del SNTE donde debe imperar la legalidad, la equidad y la transparencia?

Las evidencias ya se están documentando –algunas ya están documentadas– y se habrán de presentar en su momento en las instancias correspondientes, sin embargo, más allá de las resoluciones de las instancias jurídicas, la más expuesta es la imagen del gobernador en este proceso por lo que debería voltear el ver el tema antes que las irregularidades les causen un descalabro.

¿Ya se reintegraron a sus plazas los sindicalistas con permiso Genaro Torrecillas López, César Montoya Zavala, José Santana Leyva, Gloria Elena Apodaca Nuñez, Isidro Salas González, Héctor Jesús Urías Castro, Agustín Antemio Sánchez, Karina Isabel Martínez Montaño, Segismundo Mendívil Chaparro y Edén Inzunza Bernal? Sus permisos vencieron el 31 de diciembre. ¿Se les está pagando sin trabajar o solicitaron nuevos permisos?

LOS FUNCIONARIOS QUE DEBEN SALIR

Los funcionarios de SEPDES que deberán separarse del cargo, por estar al servicio de la dirigencia del SNTE 27, al menos durante lo que dure el proceso electoral, son: Carlos Parra, coordinador académico de la subsecretaría de educación básica, Joel Alfonso Espinoza, subdirector de educación primaria federalizada, Alberto Morales Bojórquez, jefe del departamento técnico administrativo de educación primaria, Luz Marina Payan, jefa del departamento de educación especial, Blanca Concepción Castro Loaiza, sub jefa administrativa de educación especial, Cinthya García, jefa del departamento de educación inicial.

Asimismo, deben separarse del cargo Rodolfo Beltrán Castro, jefe del departamento de secundarias generales, Francisco Javier López Ponce, jefe del departamento técnico administrativo, Víctor Castañeda Félix, subjefe técnico administrativo, Oswaldo Salas Venegas, jefe del departamento de secundarias técnicas, Armando Valdez Saínz, subjefe del departamento de secundarias técnicas, Fernando Pérez Correa, operador y asesor de secundarias técnicas, Lucas Ezequiel Alvarado Inostroza, jefe del departamento de telesecundarias, Janeth Yadira Villarreal Ramos, auxiliar de trámite y control (manejo de plazas), Marlon Gastón de la Rosa, secretario de la mesa técnica de telesecundarias, Refugio Quintero Baca, jefe del departamento de educación física, Prisciliano Ramos Juárez, jefe del departamento de educación para adultos, Ramón Lizárraga Alcaraz, jefe del departamento de estadística y Abel Guadalupe Sánchez inzunza (primo de Edén Inzunza), Coordinador del Programa de Niños Migrantes, operadores todos del grupo sindical dirigente, lo que les da de facto una ventaja a los aspirantes de su expresión política sobre sus adversarios Carlos Rea Camacho,  Jesús Manuel Carrillo, Sergio Campa y los que se agreguen.

Asimismo, deben salir de SEPYC por estar al servicio de la dirigencia de la sección 53 del SNTE, Julieta Hernández Barraza, directora de educación secundaria, Domitila Sandoval Osuna, directora de educación secundaria, Iris María Ibarra Guzmán, jefa del departamento de primaria, Alejandra Acosta, jefa del departamento de educación preescolar, Felipe Urías Burgos, director de educación fiscia, artística y tecnológica, Heriberto Francisco Pérez Rubio, jefe del departamento de educación física, Loreto Rivas Alemán, jefe del departamento de educación secundaria, Ramona Guadalupe Osuna López, jefa del departamento de educación artística, Soledad Burgos Lastra, coordinadora administrativa de educación preescolar, así como el equipo que encabeza Jesús Ernesto Delgado, director del ISSSTEESIN, que operan bajo el mando directo del grupo que ostenta la dirigencia del SNTE 53, lo que les coloca en una clara ventaja sobre los aspirantes de otras expresiones interesadas en lograr la dirigencia sindical, como CREO53, SUMATE, MODEM, SOMOS+Q53, entre otros.

Remover de sus cargos a los funcionarios de la SEPYC-SEPDES que están al servicio de las dirigencias sindicales en turno para evitar que interfieran –usando autoridad y recursos del estado– en el proceso electoral sindical para favorecer a los candidatos de su propia expresión política, sería un signo loable del compromiso del gobernador Quirino Ordaz, con la democracia y la transparencia en su gobierno y con el proyecto democratizador del presidente López Obrador, y de paso, sería una oportunidad excelente para nombrar a su propio equipo en el sector educativo, que le obedezca a él y no a los grupos sindicales, al fin que su compromiso es con los que ya se van, no con el SNTE. De lo contrario, se estará arriesgando a ganarse la imagen de cómplice de funcionarios “mapaches” que, por cierto, ya están operando para manipular el proceso electoral sindical a su favor, contra todos los deseos y compromisos del presidente López obrador, de la sociedad y del magisterio nacional.

¿Se arriesgará Quirino a ir a dar al sótano de las encuestas y a ganarse el mote de “mapache” por la intromisión de sus funcionarios en la alteración del proceso de elección sindical, o será ejemplo nacional de democracia al poner el “piso parejo” para la elección sindical, relevando a los funcionarios al servicio de las dirigencias del SNTE y poniendo los propios?

Los cambios en la percepción social pueden ser muy crueles. Una acción equivocada puede destruir la imagen construida con miles de acciones en favor de la gente. El descalabro de la imagen del gobernador Quirino a raíz de a la entrega de colchones podridos tardó meses en desaparecer, y un error en la respuesta a la exigencia de “piso parejo” para la elección sindical que compete a más de 60 mil trabajadores de la educación, de ambas secciones sindicales, no es un asunto menor, sobre todo porque no es un tema local, sino nacional, por lo que la mirada de todo el país estará sobre los primeros estados en que se pilotée el nuevo modelo de elección, entre los que destaca Sinaloa, un estado emblemático para este proceso por dos razones básicas: es la tierra de Fernando González, el líder nacional del partido RSP, de Elba Esther Gordillo, la principal opositora a la dirigencia sindical nacional y es el asiento de operación de Noé Rodríguez García, el representante del ala más conservadora del SNTE que se viene a allanarse el terreno para cumplir su deseo explícito de relevar a Alfonso Cepeda Salas mañana, en el 2021 o en el 2024.

Y por si fuera poco, es la sede del último cacicazgo sindical –forjado en las viejas prácticas corporativistas del siglo pasado– que queda en el SNTE a nivel nacional, frente a la gran ola democratizadora encabezada por el presidente López Obrador, iniciada en el 2018 y que sigue creciendo rumbo al 2021.

¿Tiene necesidad el gobernador Quirino Ordaz de sostener a funcionarios sindicalistas forjados en viejas prácticas de corrupción y corporativismo, impuestos, que cobran en su gobierno pero obedecen a las dirigencias sindicales en turno, honrando acuerdos con los grupos que representan los principales obstáculos de la democratización sindical?

 


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