Opinión

RETROVISOR: Justicia y solidaridad a víctimas y deudos de la violencia

Al mismo tiempo que un grupo de universitarios marchaban para exigir justicia en el caso de Dimas Verdugo Camacho —estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa que fue asesinado y sepultado en una fosa clandestina localizada en Navolato— el secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, cuestionaba a las amistades de la víctima queriendo defender el […]

Al mismo tiempo que un grupo de universitarios marchaban para exigir justicia en el caso de Dimas Verdugo Camacho —estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa que fue asesinado y sepultado en una fosa clandestina localizada en Navolato— el secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, cuestionaba a las amistades de la víctima queriendo defender el funcionario al sistema estatal de seguridad pública.

La táctica tan socorrida en el gobierno que encabeza Mario López Valdez, consistente en desacreditar a la víctima como tratando de justificar el crimen, volvió a implementarse ante el dolor de los familiares y amigos del joven asesinado y frente a la protesta de estudiantes y maestros que lo único que piden es esclarecer ese hecho violento y castigo para quienes lo cometieron.

dimas

Estudiantes demandan justicia

Hay registros académicos de un desempeño ejemplar de Dimas Verdugo Camacho en la carrera de estudios internacionales y en el aprendizaje de idiomas; también quedó asentada su participación en movimientos en pro de mayor desarrollo social. Son motivos suficientes para que el estado de legalidad le garantizara el derecho a la vida, si es que para las autoridades no existieran otras razones jurídicas o morales de peso.

Los hechos delictivos no solo impactan en la convivencia social al abonar a la percepción de inseguridad sino también trastocan la función gubernamental de dar justicia y a la vez ser sensibles y solidarios ante el dolor de víctimas y familiares. El humanismo tiene que persistir aún en circunstancias donde la barbarie le gana terreno a la civilidad.

Simultáneamente el Ministerio Público y el aparato judicial deben hacer valer sus jurisdicciones al momento de determinar responsabilidades en investigaciones y juicios instaurados en hechos delictivos. Los políticos que gobiernan tienen que aprender a guardar silencio, a ser prudentes, cuando a Sinaloa lo estremece la acción delincuencial.

Que hable más la ley y que los funcionarios públicos externen menos opiniones desafortunadas.

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