Nuevos hospitales generales: “No es más que un negocio”

No solo diputados, empresarios, líderes camarales, de organismos sociales y medios de comunicación ponen en duda la conveniencia de sustituir los hospitales generales de Culiacán y Mazatlán a través del esquema de asociación público privada. También la voz de la experiencia se suma para advertir: los proyectos no son viables ni financiera ni jurídicamente.

A pesar de la defensa que se hizo por parte de Gobierno del Estado y del Congreso hacia el proyecto de construcción de los 2 hospitales generales en Sinaloa, para Asa Ebba Christina Laurell esto no es más que un negocio del grupo gobernante.

La ex secretaria de Salud del Distrito Federal, académica y especialista en el tema de contratos de asociación público privada, explicó que en los países donde se ha utilizado este mecanismo, debido a que se incrementan los costos y para cuando el usuario final recibe los servicios, el precio termina siendo mayor que lo proyectado.

En su participación durante el foro Salud en Sinaloa, Hospitales APP: Retos, Riesgos y Oportunidades, organizado por la Comisión de Salud del Congreso del Estado, luego de que el parlamento suspendiera la aprobación del dictamen que ampliaría garantías a las empresas que construirán los hospitales, Christina Laurell advierte que en México existen mecanismos para mejorar la infraestructura hospitalaria a nivel nacional sin necesidad de contratos de colaboración público privada, una de ellas tan simple como que la Secretaría de Salud asigne más recursos para ese fin.

En entrevista con ESPEJO, comentó que, debido a las condiciones mencionadas, no es prudente ni conveniente que la administración estatal decida construir los hospitales por la vía de los contratos APP.

“En principio, es que esto es muy inconveniente porque son muchísimo más costosos. En lo que yo entiendo aquí, que quieren dar hasta el 25% de los recursos federales de salud, me parece muy inadecuado. No se van a tener los ingresos autogenerados que se está diciendo, y en segundo lugar, Servicios de Salud de Sinaloa no tiene los recursos suficientes para que se pague por esa vía. Y aunque los tuvieran, no hay ninguna razón por la cual los hospitales públicos se construyan en ese esquema”.

—¿Qué pasa si no se cumplen los objetivos de los contratos?

—El contrato se pudiera rescindir, pero eso no ha pasado hasta ahora. Eso trae una serie de implicaciones financieras. Estamos en el terreno de la especulación porque todavía no sabemos si ya hay contrato o si estamos hablando en el terreno de la licitación. Una licitación, si hay irregularidades también se puede echar atrás, pero mi opinión general es que no es correcto porque sería muy costoso hacer hospitales públicos por la vía APP.

—¿Es viable que los hospitales se hagan solo con recurso del Gobierno?

—El tema también es si se deben construir esos hospitales o no. Lo que yo entiendo es que no va a haber muchas más camas de atención a la población y tendrán 10 camas privadas en un hospital público, y eso es discriminar a la población.

—¿En qué nivel se encuentra la infraestructura de salud en México?

—Es evidente que hacen falta infraestructura y recursos humanos en materia de salud. Eso pasa en todo el país, particularmente en el IMSS, pero cuando ves cuál es la infraestructura de la que se dispone, te das cuenta de que es insuficiente. Hay una crisis de insumos muy grande y proceder por la vía APP no va a solucionar el problema, precisamente por los costos que se generarían con ello.

—¿En el mundo cómo funcionan los contratos APP?

—Inglaterra es el país con mayor número de proyectos por esa vía y han tenido muy malas experiencias. Al principio era iniciativa de los gobiernos que se utilizara ese esquema, pero ya la Unión Europea está diciendo que hay que tener cuidado con esos contratos porque es deuda pública aunque se paga como gasto corriente.

—¿Qué tanto podría incrementarse el costo de los hospitales?

—Es mucho más del 50%, lo cual podría variar. En mi experiencia, no ha habido ninguna razón para hacer hospitales APP. Lo que hacen los gobiernos es que le dan prioridad al pago de esos proyectos y lo que sobra es lo que se puede utilizar para la prestación de los servicios de salud. De repente hay cosas muy prioritarias, y debido al costo no alcanza ni para las vacunas.

—¿Cómo operarían los hospitales una vez concluidos?

—En el caso más reciente, que es el de Iztapaluca, se inauguró en 2012 y todavía no está terminado. Solo abrió el área de consulta, por lo cual se pagaba un orden de 500 millones de pesos al año, por lo que una sola consulta terminó costando 2 mil pesos. En 2013 ese hospital era el centro de atención más caro del mundo.