Política

LA ASE NO LA HACE | Ni con “garras y dientes” pone fin a irregularidades

Si bien es cierto que se realizaron reformas a la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa para que esta tuviera “garras y dientes”, también lo es que en los hechos esto no ha servido de mucho. Fue en 2012 cuando se anunciaron los cambios en el marco normativo de la Auditoría Superior del Estado (ASE), destacando principalmente que […]

Si bien es cierto que se realizaron reformas a la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa para que esta tuviera “garras y dientes”, también lo es que en los hechos esto no ha servido de mucho.

Fue en 2012 cuando se anunciaron los cambios en el marco normativo de la Auditoría Superior del Estado (ASE), destacando principalmente que ahora el órgano auditor además de hacer observaciones podría interponer denuncias y sanciones, de considerarlo necesario.

La entonces presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Rosa Elena Millán Bueno, daba a conocer en abril de 2013 que se realizaría una reingeniería debido al retraso de dos años que se tenía en el cumplimiento del pliego de observaciones realizadas a los entes públicos.

ASE_cuadro1Ya son casi dos años de dichas reformas y hasta la fecha, a pesar de que ahora la ASE tiene “garras y dientes”, no se han reflejado los cambios a la hora de presentar resultados: las cuentas públicas siguen siendo aprobadas a pesar de las múltiples irregularidades detectadas y ningún funcionario ha sido destituido por ello.

El caso más emblemático durante la 60 Legislatura es el de la cuenta pública de los últimos tres años de la gestión del entonces gobernador Jesús Aguilar Padilla, el cual arrojó que había un desvío de recursos por más de mil millones de pesos.

Desvío de altos vuelos

En esas fechas la ASE estaba facultada solo para señalar las irregularidades, por lo que ningún funcionario de dicha administración es fue sancionado y mucho menos puesto ante la justicia.

Al año siguiente se ventiló la compra de un avión por el actual gobierno, cuya compra se hizo de manera irregular ya que se realizó a través de una adjudicación directa cuando se tuvo que haber convocado a licitación.

El tema no quedó ahí. En la cuenta pública del primer semestre de 2012 el ente fiscalizador dio cuenta de que la aeronave se encontraba en malas condiciones a la hora de la compra y no había pasado todas las verificaciones, por lo que ponía en riesgo la integridad de aquellos que viajaran en él.

Tampoco aquí fue señalado ni sancionado ningún funcionario.

Otro caso es el del municipio de Sinaloa, donde una gasolinera propiedad de Saúl Rubio Valenzuela, ex alcalde de dicha localidad, fue la proveedora del Ayuntamiento, por lo que el beneficiado directo era el mismo Saúl Rubio. El Congreso del Estado suspendió el dictamen de cuenta pública de Sinaloa cada vez que se presentaba debido a que continuaba dicha situación causando un perjuicio por 6 millones 339 mil pesos, y hasta la fecha no ha caído ningún responsable por dichas acciones.

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Tiempos más recientes

Cuando Antonio Humberto Vega Gaxiola asumió el cargo de auditor superior del estado, luego de la repentina muerte de Marco Antonio Fox Cruz, se comprometió a transparentar el funcionamiento de dicho órgano y ofreció resultados.

“Desde la Auditoría Superior también pugnaremos por impulsar la prevención y combate a la corrupción, así como trabajaremos en el objetivo de consolidar los vínculos institucionales para el mejor desarrollo de la Auditoría Superior del Estado y difundir los resultados de la fiscalización”, dijo al rendir protesta.

Si bien hasta el pasado mes de febrero se habían presentado denuncias penales contra 74 ex funcionarios de Badiraguato, Concordia, Escuinapa, Mazatlán y Ahome por una llamada autoliquidación al finalizar su periodo, también lo es que a casi dos meses no ha ocurrido nada.

De 74 denuncias interpuestas por la Auditoría Superior del Estado desde que Vega Gaxiola ocupa el cargo, hay cero imputados con cargos por daño a la hacienda municipal o estatal.

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Antonio Vega, Auditor Cuestionado.

Auditor escurridizo

ESPEJO buscó a Antonio Vega para que explicara por qué no ha sido consignado un solo funcionario a pesar de que existe una gran cantidad de señalamientos y la Auditoría Superior del Estado está facultada para aplicar sanciones, pero durante una semana evitó la entrevista.

Ya fuera vía telefónica, en su oficina, o bien, al solicitarle una entrevista personalmente, el funcionario negó en cuatro ocasiones ser abordado por este medio.

En recientes declaraciones, el auditor ha revelado que ya se revisó el primer semestre del 2014 de los 18 municipios y ello ha arrojado un total de 188 pliegos en contra de todos ellos. También revela que la ASE trae 366 observaciones administrativas por las que ya fueron requeridos los presuntos culpables pues ahí hay 95 millones de pesos por solventar. “Si no lo hacen, tienen que regresar ese dinero y si no la ASE estará en condiciones de presentar las denuncias correspondientes contra esos pliegos”, ha advertido el auditor.

ASE_cuadro3El servidor público reconoce que los procesos no son rápidos, pero por lo mismo asegura que de este año ya se están revisando diez auditorías al Poder Ejecutivo, una al Poder Judicial, además de 16 entes públicos estatales, 8 municipales y los 18 municipios. Es un total de 54 auditorías que se espera concluirlas para el 30 de junio y estar en condiciones de pasarlos al Pleno del Congreso del Estado en el mes de julio, para que en agosto los funcionarios involucrados en irregularidades estén notificados de todas las observaciones.

Antonio Vega revela además que en este momento la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tiene en sus manos la responsabilidad de 31 demandas que ya están presentadas contra síndicos procuradores y otros funcionarios que repartieron bonos, mientras que las observaciones de las cuentas públicas suspendidas son responsabilidad de la ASE y que se tiene de 6 a 8 meses para solventar y regularizar irregularidades.

“Estoy seguro que muchas de las observaciones de estas no las podrán solventar e inevitablemente tendremos que llegar a presentar denuncias a corto plazo”, anticipa.

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