Tema de la semana

Sociedad secuestrada | Culpar a la víctima: salida fácil ante fallas en la procuración de justicia

“Andaba en malos pasos”; “Lo iba a matar porque lo conocía”; “Su hijo no andaba bien”, son frases que usualmente diría cualquier persona al referirse a la muerte de alguien. Pero cuando el Gobierno la utiliza para justificar asesinatos, la historia toma otro giro. Ese fue el caso del empresario Ernesto Alonso Valdez Solano, quien fue secuestrado […]

“Andaba en malos pasos”; “Lo iba a matar porque lo conocía”; “Su hijo no andaba bien”, son frases que usualmente diría cualquier persona al referirse a la muerte de alguien. Pero cuando el Gobierno la utiliza para justificar asesinatos, la historia toma otro giro.

Ese fue el caso del empresario Ernesto Alonso Valdez Solano, quien fue secuestrado y luego asesinado en una casa de seguridad en el fraccionamiento San Carlos, de Culiacán. Primero lo dijo el procurador Marco Antonio Higuera Gómez, pero el gobernador lo retomó con mayor contundencia: “Si en alguna ocasión alguien te secuestra y para tu mala suerte es una persona que te conozca, lo más seguro es que no salgas con vida”.

Más que una explicación, las palabras del primer mandatario sonaron como una justificación de porqué Jaime Eduardo Quevedo Gastélum, hijo de Rodolfo Carrillo Fuentes y victimario del empresario restaurantero, lo secuestró y ordenó que lo asesinaran.

En un caso anterior de la misma banda, se dio un secuestro en el que los plagiarios pedían 2 millones 600 mil pesos a un hombre para regresar a su hija con vida, pero la familia decidió no seguir las recomendaciones de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA) y como resultado dos personas perdieron la vida.

“Andábamos tras ellos, que habían secuestrado a un joven en Guasave, del cual se pidió apoyo a la Unidad Antisecuestro y cuando estábamos dándole el apoyo de alguna manera no se atendieron las recomendaciones y se fue por la libre. Agarró dos millones seiscientos mil pesos para ir a entregarles a estos secuestradores. No solamente perdió los dos millones seiscientos mil pesos, perdió la vida de su hija y perdió su vida”, señaló el mandatario.

Si bien López Valdez explica que no se siguieron las recomendaciones, su declaración parece responsabilizar a la víctima de lo sucedido por no apegarse a los protocolos de la UEA.

Asesinado por maleante

Otro caso similar es el de la activista Sandra Luz Hernández, quien fuera asesinada mientras buscaba a su hijo, un empleado de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado, que había desaparecido desde febrero de 2012.

Una vez que la mujer fuera privada de la vida, el procurador Marco Antonio Higuera Gómez dio a conocer que Édgar Guadalupe García Hernández, hijo de la víctima, había participado en un secuestro.

Explicó a los medios de comunicación que el asesino de la activista, junto con otro sujeto de nombre Ángel Benítez Azueta y Édgar García habían plagiado a una persona, por lo que tanto el asesino como el hijo de la mujer se conocían muy bien.

Con esto, el primer fiscal del estado dejaba entredicho que la mujer, por buscar a su hijo “secuestrador”, se había buscado también la muerte.

Estas historias se repiten una y otra vez, y la autoridad continúa de alguna forma responsabilizando a las víctimas por lo que pudiera ocurrirles en los momentos críticos en que se convierten en eso, en víctimas de un delito.

FOTO: Rashide Frías/Cuartoscuro.

 

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