Si los discursos políticos se cumplieran, Sinaloa fuera un paraíso terrenal; fuera, como se ha prometido, “el mejor lugar para vivir” y los rankings no lo pondrían en los primeros planos de incidencia delictiva. Pero del dicho al hecho el trecho acumula más de 3 décadas y la inseguridad se mantiene o crece, al igual que reincide la mentira discursiva de quienes lo han gobernado ofreciendo, sexenio tras sexenio, que “ahora sí habrá paz y tranquilidad”. He aquí un cuento transexenal.

En los años 70, la lucha contra el narcotráfico se coronó con la llamada Operación Cóndor, que tuvo como base principal el estado de Sinaloa por el resurgimiento del fenómeno. Para los 80, reportes de prensa y la vox populi ligaban a jefes policiacos con el narcotráfico y el periodista Pablo Hiriart llegó apublicar en La Jornada: “Todo se vale en Sinaloa: matar, torturar, violar, asaltar, pues en Sinaloa la Constitución fue derogada por los hechos y los que juraron cumplirla y hacerla cumplir están en el centro de esta danza macabra que se llama Culiacán”.

Con Alfonso G. Calderón, la OperaciónCóndor dejó la sensación de que el narco se había replegado mas no vencido. Pero con la llegada de Antonio Toledo Corro resurgió y se encumbró.

Sinaloa experimentaba un alto índice de violencia propiciado por el poder del narcotráfico, al cual se vinculaba a Toledo, por lo que el escándalo provocó un debate en la LIII Legislatura de la Cámara de Diputados federal a principios de 1986, advirtiendo algunos legisladores que Sinaloa era ya un estado de excepción.

El Gobierno de Estados Unidos pidió investigar al gobernador pues informes de la DEA lo ligaban a Miguel Ángel Félix Gallardo y Manuel Salcido Uzueta, el Cochiloco, y la revista Proceso publicó en febrero de 1986: “La herencia del gobernador Antonio Toledo Corro al dejar el cargo será el imperio del narcotráfico, la impunidad, los crímenes callejeros y la ilegalidad”.

Llegó Francisco Labastida Ochoa y a partir de él parecía que la palabra del gobernadoral rendir protesta se convertiría en una esperanza de cambio, pero no. El dicho aún no se traduce en hecho y Sinaloa sigue heredando una violencia indisolublemente ligada al narcotráfico.

El arte de prometer

Apoyado en el Diario de los Debates del Congreso del Estado, ESPEJO hurgó en los discursos de toma de protesta de los gobernadores que ha tenido Sinaloa desde Labastida y todos se han comprometido a combatir la inseguridad, confirmando así en cada caso que el antecesor no cumplió.

“Un magnífico lugar de paz y tranquilidad”; “vivir en un ambiente de seguridad”; “proteger la vida, los bienes y la libertad de las personas”, “recuperar la seguridad pública” y “devolverle la paz a nuestro estado”, son los clichés recurrentes. Este es el recuento de la mentira que se repite cada 6 años:

I. El licenciado

Francisco Labastida Ochoa, teniendo como testigo al presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, asumió el cargo y prometió transformación para que la violencia y la inseguridad disminuyeran. Transformación, puntualizó, que pidió el pueblo en las urnas, quien votó contra la violencia: “Porque sin tranquilidad no puede haber justicia y en los últimos años Sinaloa no ha podido vivir tranquilo”.

Se comprometió a mejorar la procuración e impartición de justicia, a depurar y mejorar la Policía modificando la legislación penal y aplicando estrictamente la reglamentación para combatir el vicio. Quiso poner freno a la violencia, pero el

narcotráfico estaba muy infiltrado en las estructuras policiacas y no pudo. Su Policía fue acuartelada por presuntos nexos con el crimen organizado y “las acusaciones de la infiltración del narcotráfico en su gobierno eran cotidianas”, describe Francisco Reveles Vázquez en el documento El PRI en las elecciones de Sinaloa: el debilitamiento del partido gobernante.

También fue vinculado al narco en un reporte de la CIA que hizo público en 1998 el diario The Washington Times en su revista quincenal Insight,y en 2005, Pablo Tostado Félix, lugarteniente de Juan José Esparragoza, el Azul, declaró ante un juez que Labastida recibió, vía Juan Millán, entonces dirigente del PRI estatal, dinero del cártel de Sinaloa para su campaña. Así lo publicó el periodista Alejandro Gutiérrez en su libro Narcotráfico, el gran desafío de Calderón.

II. El ingeniero

Llegó Renato Vega Alvarado y Carlos Salinas de Gortari le envió como representante al secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, ante quien dijo el jueves 31 de diciembre de 1992 en sesión pública solemne de la 54 Legislatura del Congreso del Estado:

“La violencia tiene orígenes relacionados con el narcotráfico, la ignorancia, así como con la pobreza derivada de la crisis económica que hemos padecido. Sin caer en el error de prometer lo que no se pueda cumplir, sin quedarnos cruzados de brazos, con energía y mano firme (…) pondremos en marcha un conjunto de medidas que den respuesta integral a un problema tan complejo”.

La ciudadanía estaba preocupada, irritada por la violencia

y la inseguridad. Vega Alvarado prometió que la lucha contra la violencia, la drogadicción y el alcoholismo sería permanente, con acciones que hicieran posible el derecho que los sinaloenses tenían de vivir en un ambiente de tranquilidad y seguridad. Dijo que crearía la Secretaría de Protección Ciudadana para prevenir y combatir el delito y lograr una adecuada coordinación de las instituciones de seguridad. Ofreció también profesionalizar a las policías.

Incluyó un plan preventivo para abatir el delito con campañas en las que la sociedad participara, además de promover el deporte y crear fuentes de empleo en zonas marginadas para alejar a los jóvenes de los vicios.

Al comprometerse a actuar contra la violencia “con energía y firmeza”, dijo que perfeccionaría la procuración e impartición de justicia, respetando los derechos humanos.

III. El líder obrero

Juan Sigfrido Millán Lizárraga no tuvo en su arribo al poder un representante del presidente de la República, entonces Ernesto Zedillo Ponce de León, solo los sinaloenses le escucharon decir ese jueves 31 de diciembre de 1998 durante la sesión pública solemne de la 56 Legislatura del Congreso del Estado:

“Asumo la honrosa responsabilidad de impulsar con firmeza una nueva etapa en la vida de nuestro estado. Una nueva etapa, anhelada por todos, donde exista la tranquilidad pública que necesitamos”.

Y anunció una agenda para atender reclamos sociales, en la que destacó la recuperación de la seguridad pública que tanto afectaba la convivencia e inhibía el desarrollo de las actividades productivas.

Ofreció ciudadanizar la definición de estrategias y acciones para recuperar la seguridad. Habló de voluntad política, decisión y toda la energía para hacer frente a la inseguridad, y de hacer las cosas diferentes para lograr la seguridad pública que exige la sociedad a quien prometió no fallarle.

Ofreció constituir el Consejo Estatal de Seguridad Pública integrado por ciudadanos con la facultad de nombrar al procurador de justicia; trabajar con padres de familia, maestros,sindicatos, empresas, comunidades, colonias populares, calles, escuelas y con los medios de comunicación.

Trabajaría sin descanso para darle vuelta a la página dolorosa de la historia de Sinaloa en materia de inseguridad y prometió que estaría decidido a todo para derrotar a los criminales y ponerles un enérgico hasta aquí.

IV. El abogado

Jesús Aguilar Padilla tampoco tuvo como testigo en su toma de protesta un representante del presidente de la República, el panista Vicente Fox Quesada. Ese jueves 31 de diciembre de 2004, durante la sesión pública solemne de la 58 Legislatura del Congreso del Estado, se dirigió a los sinaloenses diciendo:

“El cumplimiento eficiente de nuestra responsabilidad hará posible abatir rezagos, generar empleos, reducir la pobreza y mejorar la seguridad”.

Como Millán, anunció diálogo con los actores sociales en hospitales, escuelas y universidades, en las corporaciones policiacas, los colegios de profesionistas y con toda la ciudadanía, a fin de traducir problemas en soluciones.

Destacó entre sus iniciativas y promesas una reforma legal para coordinar a las policías de los tres niveles de gobierno, la formación de unidades especializadas contra el delito, apoyo a la UEA y a la unidad especial contra el narcomenudeo.

Dijo que haría frente al narcotráfico, coadyuvando en estrategias para frenarlo.

V. El ferretero

Mario López Valdez llegó con el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, como testigo del arribo al poder del autoproclamado “gobierno del cambio” y los sinaloenses escucharon sus promesas ese viernes 31 de diciembre de 2010 durante la sesión pública de la 60 Legislatura del Congreso del Estado: “Combatiremos la inseguridad y la violencia de forma inteligente e integral”.

Lo haría con dos estrategias que le devolverían la paz al estado: mediante la cooperación con el Gobierno federal en el fortalecimiento de instituciones y mecanismos de impartición de justicia, y con oportunidades de desarrollo humano para que el crimen deje de ser una forma de vida.

Ofreció una revisión de la Procuraduría de Justicia, buscando mayor credibilidad en la actuación del Ministerio Público; una revisión del Consejo Estatal de Seguridad para darle nuevos cauces de participación a la ciudadanía y lograr más coordinación en la toma de decisiones.

Habló de modernizar el marco jurídico en materia penal para incorporar el proceso oral y acusatorio y darle a la justicia agilidad, transparencia y honestidad, además de crear la Agencia Móvil del Ministerio Público para brindar atención domiciliaria en la presentación de denuncias.

Dijo que buscaría un gran pacto para recuperar la seguridad pública y anunció que se sumaba a la lucha frontal contra la delincuencia emprendida por Felipe Calderón.

Al revelar que quería ser el mejor gobernador del país, se comprometió a “hacer de Sinaloa el mejor lugar para vivir”.

 

ESTADO DE EXCEPCIÓN

La vox populi: el gobernador “dejaba ser” al narco y se enriquecía

El miércoles 12 de marzo de 1986, el tema del orden del día que encendió la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue el de Narcotráfico y farmacodependencia.

El diputado priista, Fernando Ortiz Arana, propuso a nombre de todas las fracciones parlamentarias (PRI, PAN, PSUM, PMT, PDM y PPS) que la Comisión de Justicia de la Cámara recabara información de las autoridades competentes sobre la marcha de los programas de combate al narcotráfico.

Todos coincidían en la gravedad del fenómeno del tráfico de drogas y el daño que le hacía a la sociedad mexicana la violencia ligada al narcotráfico.

Pero el diputado Jorge Alcocer Villanueva del PSUM fue más directo y dijo que “era Sinaloa donde se vivía la situación más grave e indignante desde el punto de vista del narco, de su renacimiento y de la conducta del gobernador (Toledo Corro)”.

Y es que sectores sociales padecían agresiones de Toledo, sobre todo la UAS. Y sí: el resurgimiento del narcotráfico dio lugar a una secuela de terror e inseguridad y los jefes policiacos aparecían como cómplices.

El diputado citó un reportaje publicado en La Jornada el 17 de febrero de 1986, donde describía lo que pasaba en Sinaloa: “En el mismo hotel bebían cerveza los narcos, jefes policiacos y los mastodontes de la DEA”.

Se habló también de ajustes de cuentas, enfrentamientos y violencia en general. De funcionarios corruptos que veían en el narco una forma de enriquecimiento: construían emporios económicos, empresas dedicadas a lavar dinero del narco.

Se denunció la pasividad de Toledo frente al narcotráfico y se habló de llevarlo a juicio político por el mal uso de fondos federales.

El panista Jesús González Schmal, dijo que Sinaloa vivía un estado de excepción: “La autoridad política está coludida, subordinada al negocio criminal del tráfico y producción de estupefacientes”.

Heberto Castillo del PMT destacó que el punto de acuerdo era para llamar la atención a la nación y que el caso Sinaloa era dramático.

Pero Ortiz Arana aclaró que el punto de acuerdo era por la continuidad vigorosa de la campaña que contra el narcotráfico emprendía el Gobierno federal, por una condena específica de la violencia que el narco generaba como una más de sus consecuencias,e hizo el deslinde: “Los legisladores priistas no podemos aceptar que alrededor de la proposición acordada con los partidos, se pretenda hacer imputaciones de hechos no comprobados y supuestamente sujetos a funcionarios públicos de Sinaloa”.

De esa forma la mayoría priista contribuyó a dar protección a un gobernador al que el pueblo de Sinaloa señalaba, hace 29 años, como responsable de enriquecimiento ilícito y vínculos con el narco.