Hechos como el gran apoyo ciudadano a la Ley 3 de 3 y el voto de castigo que hizo perder al PRI la gubernatura en cuatro de sus bastiones históricos dan cuenta de cómo la ciudadanía empieza a presionar con cada vez más aplomo para dar fin a la corrupción y a las malas prácticas de funcionarios que, arropados en sus cargos públicos, están acostumbrados a operar en un amplio espectro de impunidad. En este contexto llega una nueva batalla: acabar con el fuero constitucional del que goza la clase política.
La exigencia ciudadana hacia la clase política es cada vez mayor. Lejos están los tiempos en que funcionarios podían cometer toda clase de atropellos y abusos de poder y seguir arropados cínicamente en sus cargos públicos sin temor a recibir castigo alguno.
Los políticos lo saben y más por evitar costos políticos que por un verdadera voluntad para cambiar las cosas, han empezado a actuar conforme al dictado de la ciudadanía.
Los tiempos no podrían ser más adecuados. Las dirigencias de las principales fuerzas políticas se apresuran para configurar cuadros competitivos ante la inminente sucesión presidencial. Así, mientras Anaya busca protagomismo al golpear a López Obrador y Fox hace uso de su florido lenguaje para atacar a Calderón y Margarita Zavala, el PRI se mantiene en un lucha consigo mismo para sacar de raíz a los quistes que se han vuelto para el partido los gobernadores César y Javier Duarte, así como Roberto Borge.
Es en este contexto en el que una lucha histórica de la ciudadanía, como lo es la exigencia de retirar el fuero constitucional a funcionarios públicos, ha empezado a tomar forma y dar resultados.
El ejemplo emblemático es Jalisco, donde a pesar de existir hasta ocho iniciativas en este sentido, se dio un nuevo giro a la batalla con la propuesta del diputado independiente, Pedro Kumamoto Aguilar. Estados como Nuevo León, Veracruz, Sonora y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, también han tomado cartas en el asunto, aprobando o presentando sus propias iniciativas.
Siguiendo el ejemplo nacional, Sinaloa hizo lo propio en la figura de las diputadas Imelda Castro y Laura Galván, así como el grupo parlamentario del Partido Sinaloenes, quienes esta semana presentaron iniciativas para retirar el fuero a todos los funcionarios en el estado.
Pero quizá aún más importante que las iniciativas presentadas es el inédito apoyo que el tema ha recibido por parte de la ciudadanía. Así, este martes, luego de que la perredista Imelda Castro presentara su iniciativa, la legisladora se dirigió a una rueda de prensa en la que presentó la propuesta a los medios, respaldada por al menos 26 organismos ciudadanos y empresariales de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.
“Organismos ciudadanos, organismos empresariales y miembros de la sociedad civil que abajo firmamos, respaldamos la iniciativa de la diputada Imelda Castro, debido a que la sociedad sinaloense está cansada del excesivo uso y abuso de los privilegios de no pocos políticos y, sobre todo, de la inmunidad que gozan, de la cual se han aprovechado para cometer delitos de corrupción”, declaró durante el evento el presidente de Coparmex, Enrique Pun Hung, dando inicio a la nueva batalla ciudadana contra el fuero constitucional.
¡Fuera el fuero!
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