Tema de la Semana | Fiscalía General, el reto de no fallarle a Sinaloa

El reciente miércoles 15 de febrero se lanzó la convocatoria que abre el proceso de designación del primer Fiscal General del Estado, después de la reforma constitucional que crea esta figura que suple a la de procurador general. Se trata, según lo anunció Quirino Ordaz Coppel al protestar como gobernador de Sinaloa, de crear una fiscalía autónoma y desligada de cualquier interés político.

Hoy sábado 18 de febrero se cierra el plazo para que los aspirantes a dicho cargo se registren y presenten sus propuestas, etapa crucial para que la vigilancia de la sociedad se centre en los mecanismos y perfiles que serán evaluados en las siguientes fases, hasta llegar a la terna que el gobernador decida enviar al Congreso del Estado.

Infortunadamente, las cosas no van avanzando como lo ofreció el mandatario estatal. Existen elementos que enturbian los trabajos para decidir quién será el fiscal general y tienen que ver con resistencias desde el Gobierno del Estado a soltarle a la ciudadanía aquellas instancias y determinaciones que a esta le corresponde resolver.

Enumeramos cuatro puntos en los cuales no se puso la debida atención.

1. El gobernador Ordaz Coppel prometió una fiscalía desligada de cualquier interés político, sin embargo, él se involucró en el procedimiento al ser quien integrará la lista de los tres que a su parecer son los más idóneos para ocupar el puesto. Para evitar cualquier lazo de dependencia con el Ejecutivo, el Congreso del Estado debíó integrar la terna y someterla a consideración del pleno.
2. El control del proceso para designar al fiscal general lo tiene el Consejo Estatal de Seguridad Pública, lo cual es positivo, a no ser por la manipulación que desde el despacho del gobernador se ejerce sobre dicho órgano, al obstaculizar que se instale el nuevo consejo ciudadano del CESP. Al sostener como coordinador a Ambrocio Mojardín, a pesar de que este fue reemplazado por Ricardo del Rincón desde diciembre de 2016, el mismo Gobierno deslegitima el procedimiento.
3. En los trabajos para evaluar a los aspirantes se omitieron requisitos y controles estrictos para garantizarle a Sinaloa un fiscal general probo y eficiente. Por ejemplo, no existen medidas para detectar conflicto de interés, es decir para poner candados a cualquier posibilidad de sumisión o servilismo.
4. Organismos de la sociedad civil, como es el caso de Iniciativa Sinaloa, advierten la ausencia de un mecanismo de evaluación claro, transparente y confiable, que dé la certeza de que se elegirá a un perfil que cumpla con el criterio de imparcialidad, objetividad y entereza que requiere este cargo.

En síntesis, existe el riesgo de que el ofrecimiento de participación ciudadana quede de nuevo en otra de esas buenas intenciones que nunca transitan del discurso a los hechos. En tiempos donde los gobernantes e instituciones necesitan con urgencia recuperar la fe social, cualquier simulación abatiría la confianza en el gobierno estatal que apenas inicia.

Hay tiempo para rectificar pues antes de la prisa por designar al fiscal general existe la urgencia de hacer las cosas bien, fortalecer el estado de derecho, abatir los índices de impunidad que son el principal motor de la delincuencia y llevar la investigación ministerial a tal nivel de eficiencia que sea el soporte firme para el buen actuar de la justicia. Así lo reclama Sinaloa.