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Tema de la Semana | Fiscalía y ASE: ¿gatopardismo o rectificación?

En un contexto de hartazgo social por la corrupción e inseguridad, el Congreso del Estado avanzó esta semana en los procesos de nombramiento del fiscal general, auditor superior del estado y fiscal anticorrupción, piezas claves para recuperar la confianza de los sinaloenses en las instituciones, políticas de gobierno y servidores públicos. Conforme sea el desenlace […]

En un contexto de hartazgo social por la corrupción e inseguridad, el Congreso del Estado avanzó esta semana en los procesos de nombramiento del fiscal general, auditor superior del estado y fiscal anticorrupción, piezas claves para recuperar la confianza de los sinaloenses en las instituciones, políticas de gobierno y servidores públicos.

Conforme sea el desenlace del trabajo legislativo respecto al nombramiento del fiscal general y auditor superior, en la misma medida se reforzará la legitimidad del gobierno que encabeza Quirino Ordaz Coppel, o bien perderá credibilidad la promesa de este, consistente en poner tales decisiones en manos de la sociedad sinaloense.

De hecho, la vigilancia social —sobre todo la de organismos empresariales y ciudadanos— está volcada hacia el quehacer de la 62 Legislatura y es de suponerse que los diputados y diputadas se sienten observados y tomarán decisiones que respondan a las exigencias de sus representados.

La próxima semana se sabrá si están al nivel de las expectativas de Sinaloa. Con tres excelentes opciones para elegir de ellas al primer titular de la Fiscalía General del Estado la decisión deberá apuntar a quien posea experiencia, integridad, voluntad y conocimiento para el ejercicio de este cargo de procuración de justicia.

La Fiscalía General del Estado, aun cuando nace con deficientes garantías de autonomía financiera e independencia del Ejecutivo estatal, tendrá a cargo el abatimiento de los índices de impunidad que en Sinaloa revelan que de cada 100 delitos solo 12 son esclarecidos, pero también instalar la Fiscalía Anticorrupción en momentos en que la sociedad está indignada y exigente frente a indicios de peculados y cohechos que requieren sanciones firmes y aleccionadoras.

Mientras tanto, la Auditoría Superior del Estado necesita prácticamente la refundación jurídica, moral y social. El papel que desempeñó en el sexenio anterior, el de Mario López Valdez, al actuar omisiva y permisivamente en tanto el daño a las finanzas públicas creció exponencialmente, le marca el fin al viejo esquema de fiscalización blandengue que vela por las ambiciones de los corruptos y no por los intereses genuinos de la sociedad.

En la encrucijada de atender a personajes o grupos que con su intromisión delatan el tamaño de los beneficios que buscan, el Congreso y el gobernador Quirino Ordaz Coppel serán los que resulten evaluados en esta etapa crucial. Deben facilitar que Sinaloa ingrese a modelos de legalidad en los cuales sea difícil la impunidad para el que delinque, sea quien sea.

 

Las cuotas a los cuates, la clásica terquedad del gobernante por cerrar espacios de participación ciudadana, o la porfía de atar a Sinaloa a aparatos públicos deshonestos e indignantes, no tienen porqué existir o retomarse ahora que la acción cívica otorga oportunidades a contrarreloj para que el gobernador Ordaz Coppel y la palabra que empeñó den resultados, ya, sin demoras.

 

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