En tiempos donde el crimen organizado amenaza la libertad de expresión tanto a nivel local como nacional, un nuevo ingrediente se suma en Sinaloa en la forma de una iniciativa de ley propuesta por nada más y nada menos que el Partido Sinaloense de Héctor Melesio Cuen Ojeda. 

Basta con hacer un poco de memoria para recordar cómo en aquellas ocasiones en que el término “daño moral” ha figurado en los titulares de medios estatales, acompañado del nombre del exrector de la UAS.

Durante el último año, el exacadémico convertido a político y presidente estatal del PAS, ha intentado sin éxito callar a las no pocas voces críticas en su contra a través de denuncias por supuesto daño moral.

Así, las denuncias en contra de la abogada y columnista Tere Guerra y el periodista Luis Enrique Ramírez, han servido de ejemplo para dibujar el carácter del líder del PAS respecto a temas como tolerancia y libertad de expresión.

Por eso no es extraño que haya sido el mismo líder del Partido Sinaloense quien proponga ante el Congreso una iniciativa que delimite las expresiones vertidas por ciudadanos y periodistas en temas relacionados “con la vida privada, el honor y la propia imagen” de servidores públicos.

En sí la iniciativa busca reformar, adicionar, modificar y derogar algunos artículos de los códigos Familiar, de Procedimientos Familiares y Civil del Estado de Sinaloa, proponiendo puntos como:

  • Toda persona tiene derecho sobre su imagen, que se traduce en la facultad para disponer de su apariencia autorizando, o no, la captación o difusión de la misma.
  • Los servidores públicos tendrán derecho al honor, a la vida privada y a su propia imagen, con excepción de aquellas actividades que realicen como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
  • Cuando un hecho u omisión ilícito produzcan un daño al patrimonio moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se hayan causado daños materiales.
  • La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona con fines peyorativos, publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga, dará lugar a la reparación del daño que por la difusión de la misma se genere.

Cabe destacar que la iniciativa no ha sido bien recibida por los legisladores del PAN y Morena, ni por los medios de comunicación, quienes señalan que esta configura una segunda edición de la Ley Mordaza propuesta en el 2014 por el entonces gobernador Malova, aprobada fast track por la 61 Legislatura y derogada luego del gran descontento social y movilización generada por la misma.

Al final, solo resta preguntarse cómo a pesar de hechos tan recientes como el asesinato de la periodista Miroslava Breach, el cierre del diario Norte de Juárez, el levantón a los periodistas internacionales de Al Jazeera en Navolato y el cierre de algunos medios locales (todos víctimas del crimen organizado), el Partido Sinaloense decide operar en contra de la libertad de expresión haciendo gala de la intolerancia de su líder en el momento menos oportuno.

 

Al final, tocará a la 62 Legislatura decidir la aprobación o no de esta iniciativa, la cual llega en un momento donde la tarea primaria es proteger y garantizar las libertades que ya han sido ganadas y buscar que estas se sigan ampliando cada vez más.