Con la llegada de las candidaturas independientes, son cada vez más los ciudadanos que se preguntan si es necesario seguir manteniendo las actividades de los partidos políticos con dinero público, pues mientras ellos se valen de sus propios medios para hacer campaña, los partidos siguen siendo un lastre para las finanzas públicas de los tres niveles de gobierno. 

En línea con su discurso de austeridad, esta semana el gobernador Quirino Ordaz Coppel envío una iniciativa al Congreso local, la cual propone reducir en 35% el financiamiento a los partidos políticos en el estado durante años no electorales, así como también disminuir el tiempo de campañas y precampañas.

Sin embargo, para disgusto de Ordaz Coppel, los legisladores de mayoría priista decidieron no darle para adelante a dicha medida, argumentando que la iniciativa llegó con plazos muy ajustados al pretender que, de aprobarse, se aplicara ya para las elecciones del 2018.

Más allá de lo anecdótico, la iniciativa de Quirino debe enmarcarse en una tendencia donde tanto ciudadanía como políticos independientes buscan acabar o reducir con el dinero público destinado a los partidos políticos.

Desde finales del año pasado, senadores de diversas bancadas se han posicionado a favor de empujar reformas constitucionales para reducir significativamente o inclusive eliminar de tajo el financiamiento a los partidos tanto para actividades de campaña como para actividades ordinarias.

Por su parte, el diputado local de Jalisco, Pedro Kumamoto, y el diputado federal, Manuel Clouthier (ambos independientes), impulsan la iniciativa llamada #SinVotoNoHayDinero, la cual propone que los recursos entregados a los partidos políticos se calculen con base en los votos que hayan recibido en las elecciones inmediatas anteriores y no en la cantidad de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Sin embargo, está claro que los partidos políticos harán lo que esté en sus manos con el fin de conservar las prerrogativas que les da el método de financiamiento vigente. En Jalisco, donde ya fue aprobada la iniciativa de Pedro Kumamoto, su aplicación se encuentra en entredicho debido a una acción de inconstitucionalidad interpuerta por el Partido Verde y apoyada por el PRI y Movimiento Ciudadano.

Así, los quejosos señalan que el Congreso de Jalisco no tiene facultades para modificar la forma en la que se distribuye el financiamiento a los partidos, lo que es de competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

 

Lo cierto es que, cada vez con más fuerza, la ciudadanía exige mayor transparencia, austeridad y sobre todo resultados, cosa que los partidos políticos no terminan de entender.