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Tema de la semana | Hora crucial en Sinaloa para corrupción y transparencia

El martes 11 de julio, la Comisión Permanente del Senado de la República podría avalar de manera unánime un punto de acuerdo en exhorto a la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Administración y Finanzas, ambas instancias de Sinaloa, para que investiguen supuestos actos de corrupción cometidos en nuestra entidad por el ex […]

El martes 11 de julio, la Comisión Permanente del Senado de la República podría avalar de manera unánime un punto de acuerdo en exhorto a la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Administración y Finanzas, ambas instancias de Sinaloa, para que investiguen supuestos actos de corrupción cometidos en nuestra entidad por el ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro.

El mismo día, pero en sentido opuesto al espíritu del Senado en favor de la transparencia, el Congreso de Sinaloa estaría aprobando reformas al artículo 37 de la Constitución local para que las cuentas públicas dejen de analizarse y en su caso aprobarse o rechazarse en el pleno de la Cámara y esto sea atribución solo de la Comisión de Fiscalización, un reducido grupo de legisladores que opera en lo “oscurito”.

Lo primero, que compete al Senado, fortalece la exigencia ciudadana para que sean castigados conforme a derecho todos los involucrados en el delito de peculado que afecta las finanzas públicas, muy concretamente en el área de la salud, desfalco que el diario Noroeste documentó  a lo largo de esta semana a través de periodismo de investigación.

En tanto, lo segundo que es del ámbito de la 62 Legislatura local, obedece a una especie de complot político entre los partidos Revolucionario Institucional, Sinaloense y Nueva Alianza en pos de la mayoría parlamentaria que se requiere para reformar la Constitucional y asestarle un golpe demoledor a la transparencia, precisamente en estos tiempos donde el quehacer público debe abrirse lo más posible al escrutinio ciudadano.

Para colmo de males, el gobernador Quirino Ordaz Coppel aportó al escepticismo social en cuanto a la voluntad de este para sancionar en forma ejemplar a los fraudeadores de la Secretaría de Salud. Paralelamente a que Noroeste exhibía al empresario Javier Salido Artola, dueño de la cadena de periódicos El Debate, como copartícipe fuerte en la serie de saqueos cometidos por Echeverría Aispuro, el mandatario aparece en una foto junto a Salido, en nota de portada que el diario publicó fomentando la hipótesis del pacto de impunidad.

Lo que hagan el próximo martes el Senado de la República y el Congreso del Estado será determinante para conocer no solo el curso que tomará la investigación sobre malversación del presupuesto en el área de la salud, sino para descubrir si la rendición de cuentas en Sinaloa se queda en el discurso y fracasa en lo concerniente a la implementación.

A seis meses de iniciado el periodo de gobierno de Ordaz Coppel no se ha enderezado ninguna denuncia penal contra quienes el mismo jefe del Ejecutivo estatal ha acusado que perpetraron el peor daño al patrimonio público del que se tenga memoria, sin embargo también él ha dicho que apoya la iniciativa del PRI, PAS y PANAL para alejar de la vigilancia ciudadana la revisión y resolutivos de las cuentas públicas.

Al Sinaloa actual, donde las instituciones y las principales garantías constitucionales experimentan un caos progresivo, la impunidad en delitos de peculado así como el retroceso en transparencia le vienen como golpe asestado en la nuca a un estado de por sí vapuleado por fenómenos en los que los diferentes modos de delincuencia retan y avergüenzan al Estado.

Pero aún en el escepticismo es válida la esperanza de que nuestros políticos en el Gobierno y el Legislativo razonen inteligentemente y al final de cuentas den un viraje hacia la sensatez. Prudencia que nos urge tanto como la gobernabilidad.

 

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