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Tema de la semana | Usuarios cautivos ante el oligopolio del transporte urbano

Este jueves el Gobierno del Estado anunció una nueva actualización a las tarifas del transporte urbano en Sinaloa, mismo que fue recibido como “balde de agua fría” por miles de familias sinaloenses cuya movilidad depende de este servicio público. Luego de un año y seis meses en los que se mantuvieron sus tarifas, el jueves 27 de julio las […]

Este jueves el Gobierno del Estado anunció una nueva actualización a las tarifas del transporte urbano en Sinaloa, mismo que fue recibido como “balde de agua fría” por miles de familias sinaloenses cuya movilidad depende de este servicio público.

Luego de un año y seis meses en los que se mantuvieron sus tarifas, el jueves 27 de julio las autoridades gubernamentales tomaron la decisión de incrementarlas para todo el transporte público estatal, sea urbano o foráneo, medida que entró en vigor a partir de este viernes, tras su publicación en el periódico oficial.

Tomando en consideración algunos estudios de impacto de costos realizados por el Consejo Técnico Estatal de Vialidad y Transportes, el gobernador Quirino Ordaz Coppel decidió incrementar en un peso la tarifa del transporte urbano y foráneo.

Así, el costo de tomar un camión se eleva a 9.50 pesos en el caso de modelos 2012 y posteriores con aire acondicionado; 11 pesos para transporte urbano de lujo en zonas turísticas; 8.50 pesos para quienes utilicen unidades tipo autobús o microbús de modelo 1994 en adelante sin aire acondicionado y 7 pesos para quienes utilicen unidades de modelo 1993 y anteriores.

Asimismo, el Gobierno del Estado decidió mantener la tarifa para estudiantes en 3.50 pesos y anunció un 50% de descuento para usuarios con alguna discapacidad.

Cabe destacar que la solicitud inicial de los transportistas era que se incrementaran las tarifas en dos pesos, pero las autoridades estatales solo accedieron a aprobar la mitad con el fin “de generar así el menor impacto negativo posible en la economía de la población usuaria”.

Sin embargo, apenas se dio a conocer la noticia, usuarios del servicio expresaron su descontento con la medida a través de medios de comunicación y las redes sociales. Entre las principales quejas se encuentra la mala calidad del servicio, la faltas de aire acondicionado en muchas de las unidades y lo inseguro que se ha vuelto viajar en camión, pero sobre todo, el nuevo costo que supondrá para aquellas personas que dependen totalmente del transporte público para moverse, ya sea al trabajo o a la escuela.

Hay que recordar que, en su mayoría, los usuarios del transporte público son personas que no cuentan con los recursos para tomar un taxi o un Uber todos los días, mucho menos para comprar un auto; además, muchas de estas son habitantes de colonias populares de las periferias, lo que dificulta y encarece su traslado ya que muchas veces tienen que tomar dos camiones de ida y dos más de vuelta para realizar un viaje redondo.

Ante la falta de opciones y la existencia de un mercado monopolizado por unos cuantos concesionarios, los usuarios poco o nada podemos hacer más que absorber el nuevo incremento.

Y es que, el que a través de los años los choferes se sigan quedando con el cambio, cobrando como unidad de primera clase aunque no se cumpla con las características establecidas y poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios al manejar de manera irresponsable, habla del desorden, la poca atención y falta de seriedad por parte de los concesionarios y las autoridades para brindar un servicio público de calidad.

En pocas palabras, ni al Gobierno del Estado ni a los concesionarios del transporte público les importa la calidad del servicio que ofrecen a la ciudadanía. Tan es así que hasta han estado dispuestos a afectar a los usuarios con tal de hacer presión para incrementar las tarifas. ¿O ya no recuerdan aquel verano del 2014 en que los camiones apagaron los aires acondicionados en pleno agosto?

Ya está demostrado en los hechos que, lejos de funcionar como un servicio público, las concesiones del transporte son nada más que un negocio seguro para unos cuantos afortunados. Esto a pesar del incremento en la inflación y el costo del combustible (que dicho sea de paso nos afecta a todos, no solo a los transportistas), y es que si no fuera así, dichos concesionarios hubieran dejado el negocio hace años y optado por un giro que les ofreciera mejores rendimientos.

Prueba clara de esto fue la amenaza de ofrecer nuevas concesiones y la invitación por parte del exgobernador Malova para que los inconformes entregaran las suyas, lo que los concesionarios tomaron como un ataque directo por parte del político ya que no estaban dispuestos a dejar entrar a su negocio a nuevos competidores.

Nada nuevo hay en todo lo descrito anteriormente, sin embargo, también hay que prestar atención a las últimas líneas del mensaje del secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, en donde menciona que, con el fin de que los concesionarios puedan ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, la Secretaría de Desarrollo Económico buscará esquemas de apoyo y financiamiento que les permitan la modernización de las unidades de transporte.

Queda claro que, como servicio público, el Gobierno debe apoyar a este sector para que mejore su calidad para todos, pero, se antoja grotesco y grosero el que además de otorgarles un nuevo incremento de tarifas, también les otorguen facilidades para modernizar sus unidades, cuando empresarios de cualquier otro sector tienen que prever esta actualización y modernización con sobrada anticipación y hacer las corridas financieras y ahorros correspondientes para ofrecer un servicio de calidad.

Pero, ¿por qué si la empresa privada se esfuerza en ofrecer eficiencia y calidad en sus productos y servicios, los concesionarios del transporte no hacen lo propio? La respuesta es simple: si un negocio privado no está a la altura de lo que el cliente le pide, este simplemente se va a la competencia; en el caso del transporte público esa competencia no existe, y los concesionarios se han “dormido en sus laureles” ante el regalo que supone el mantener cautiva a una población que sí o sí requiere diariamente de sus servicios.

 

Más claro ni el agua. Los sinaloenses tendremos que pagar $9.50 ‘y sin llorar’, pues poco hay que hacer ante un sector que se ha cobijado bajo la etiqueta del servicio público para hacer negocio a costa del bolsillo de quienes menos tienen.

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