Opinión

El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | No soy yo, es el sistema

Al principio bastaba con gritar. Si alguien se percataba de un robo, gritaba “al ladrón” y la misma gente de la comunidad lo atrapaba y castigaba. Incluso Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada expidieron decretos presidenciales autorizando a una comunidad para organizarse, perseguir, capturar y colgar salteadores de caminos. Pero alguien, ya en la […]

Al principio bastaba con gritar. Si alguien se percataba de un robo, gritaba “al ladrón” y la misma gente de la comunidad lo atrapaba y castigaba. Incluso Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada expidieron decretos presidenciales autorizando a una comunidad para organizarse, perseguir, capturar y colgar salteadores de caminos.

Pero alguien, ya en la edad media, se dio cuenta del riesgo de castigar inocentes si solo se basaban en el señalamiento de quien se decía afectado. Pronto se pidieron testigos y se empezó a requerir evidencia material, el famoso cuerpo del delito.

En la historia de Europa, primero, y Occidente, después, se desarrollaron dos maneras diferentes de llevar a juicio a una persona acusada de un crimen. La primera que hoy llamamos, sistema acusatorio, se gesta en Gran Bretaña y en su fase última se caracteriza por tener un procedimiento oral, donde defensa y fiscalía presentan y debaten pruebas y argumentos ante el juez, para que este decida, con base en lo apreciado, si una persona es inocente o culpable.

El segundo, que hoy llamamos sistema inquisitivo, nace en la Europa continental y desde un inicio se inclinó por ser un procedimiento escrito, donde el acusado estaba a merced del órgano que lo acusaba y juzgaba, el cual, en ciertas etapas de la historia, pudo incluso darle tormento para obtener su confesión.

Con la llegada de los colonos y la Corona Española en el siglo XVI al territorio de lo que hoy es nuestro país, trajeron sus instituciones, entre ellas, la Inquisición y sus procedimientos. Tan temprano como 1539 se llevó a cabo el primer proceso inquisitorial que terminó condenando a la hoguera a un cacique indígena.

Cuando México se consolidó como país, su sistema de justicia continuó siendo inquisitivo. Venustiano Carranza se quejaba de que a inicios del siglo XX los jueces fueran inquisitoriales, porque investigaban y sancionaban a los presuntos delincuentes.

Aún con la creación del Ministerio Público como órgano de investigación de los delitos y persecutor de los delincuentes, el sistema en el cual operaba era inquisitivo. Muchos años no se contó con un plazo que limitara el tiempo de la detención ante el MP; el presunto responsable no tenía acceso al expediente donde se le acusaba; el caso llegaba ante el juez con una amplia indagación del MP y una escasa postura de defensa.

Los abusos y corrupción de policías, jueces y ministerios públicos no se hicieron esperar. La defensa exitosa era, en muchos casos, cuestión de pesos no de razones legales. Entonces ocurrieron dos cosas: el crimen organizado se descontroló gracias a su capacidad corruptora y las quejas sociales se incrementaron.

El aparato político respondió cambiando leyes. Se crearon las comisiones de derechos humanos, las oficinas para dar atención a las víctimas y las contralorías internas. Se redujeron algunos espacios de discrecionalidad, se incrementaron las reglas para los MP, se cambió la estructura de las instituciones. Parches, parches y más parches.

Finalmente, en 2008, se decidió cambiar por completo el sistema de justicia en un plazo de ocho años. Se optó por el enjuiciamiento acusatorio. La implementación de la reforma se dejó a los estados al principio. Después la Federación destinó recursos para capacitación, edificios, equipo, normatividad. Y a dos años del fin del plazo, se cambió de rumbo. Habría una sola ley de procedimientos penales en toda la república. De nuevo a capacitar y a generar instituciones y procedimientos homologados.

Antes de iniciar su vigencia, el Código Nacional de Procedimientos Penales ya había sido modificado. Antes de ser aplicado. Hoy existen autoridades que asumen las descalificaciones al sistema acusatorio y declaran en público el problema de la puerta giratoria, donde el delincuente entra y sale a placer aprovechando las bondades del sistema. El sistema es el que se equivoca. El sistema es el villano.

También hay voces que hacen frente a la pretensión del Ejecutivo federal y la Conago, de modificar el código para tener más imputados en prisión mientras llevan el procedimiento que debe decidir si merecen prisión o no; que se oponen a promover el castigo anticipado sin pruebas.

El sistema acusatorio no es el enemigo, la ignorancia y la demagogia sí lo son. Es hora de que los políticos escuchen a los expertos dentro y fuera de las instituciones, es momento de redoblar la apuesta por la capacitación permanente de los operadores.

El tema no es la cárcel paisanos, el tema es la justicia.

 

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