Derechos Humanos

Periodistas del sur de Sinaloa declaran alerta preventiva por agresiones sufridas

A cien días del crimen de Javier Valdez, no solo no hay resultados de este y otros casos de periodistas asesinados, sino que prevalece la situación de inseguridad para el trabajo de los reporteros, por lo que se ha encendido una alerta preventiva en los municipios de Mazatlán, Concordia y Escuinapa. En un comunicado a […]

A cien días del crimen de Javier Valdez, no solo no hay resultados de este y otros casos de periodistas asesinados, sino que prevalece la situación de inseguridad para el trabajo de los reporteros, por lo que se ha encendido una alerta preventiva en los municipios de Mazatlán, Concordia y Escuinapa.

En un comunicado a la opinión pública, el Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión recordó que este miércoles 23 de agosto se cumplen cien días del asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas.

“Los mismos días en que su muerte permanece en la impunidad. Además de la ausencia de resultados en las investigaciones judiciales en este y otros casos, prevalecen las condiciones de riesgo para el ejercicio del periodismo en Sinaloa”.

Y entonces precisan que tan solo en la región sur, dicho colectivo ha documentado 16 agresiones y obstrucciones a la labor informativa en lo que va del año.

En su mayoría, han sido funcionarios públicos quienes han participado en estos hechos a través de amenazas, hostigamiento y denostación pública con la clara intención de impedir el trabajo periodístico, y por lo tanto, el derecho a saber de los ciudadanos.

Por esta razón, la alerta preventiva se ha encendido en los municipios de Mazatlán y Escuinapa, donde la cobertura de temas de corrupción y seguridad pública se ha vuelto complicada ante el hermetismo y actitud hostil de las autoridades hacia reporteros.

Adicionalmente, el área comprendida entre la sindicatura de Villa Unión (perteneciente a Mazatlán) y el municipio de Concordia, se ha convertido en un punto de riesgo ante la acción de grupos armados en la parte serrana, que ha provocado el desplazamiento forzado de al menos once comunidades y varios asesinatos de alto impacto.

Esta situación ha dificultado que los periodistas puedan informar sobre lo que están viviendo las comunidades a causa de la violencia. Ante esto, se recomienda a medios de comunicación extremar precauciones, así como realizar evaluación de riesgos de las coberturas en esta demarcación por la seguridad de sus reporteros. A las autoridades se les pide garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico en dicha zona.

 

Prensa, bajo asedio

En Mazatlán, algunos de los medios que han denunciado agresiones son Grupo Editorial Noroeste y el portal Reacción Informativa, a cuyos reporteros se les niega información o han sido objeto de tratos irrespetuosos por parte del alcalde, Fernando Pucheta Sánchez, y otros funcionarios, de manera constante. En tanto, periódico El Debate ha publicado sobre agresiones al gremio en general.

El 17 de mayo, el titular de Relaciones Públicas del Ayuntamiento, Miguel Ángel Benítez Torres, agredió a una reportera de Noroeste al arrebatarle su celular para impedir que tomara fotos. Esto, en las afueras de una reunión privada con vecinos inconformes por las obras del Centro Histórico.

En otro hecho, luego de la masacre de 17 presuntos delincuentes en Villa Unión, en un enfrentamiento con fuerzas públicas, Pucheta Sánchez evadió responder sobre la situación de seguridad en esa localidad, aduciendo en tono de burla que “ni que fuera brujo”, tras la pregunta de una reportera. Por su parte, Reacción Informativa ha denunciado una situación de hostigamiento contra el reportero que cubre la fuente, en la que el 11 de julio el alcalde le habló con palabras altisonantes durante un evento público, supuestamente porque lo había confundido.

Esto, solo por mencionar algunos casos. Los reporteros consultados para este informe, que trabajan para distintos medios, expresaron que el presidente municipal hace constantes señalamientos contra los periodistas durante sus actos de gobierno y pide a los asistentes no confiar en la prensa. Sin aportar pruebas ni decir nombres, acusa a reporteros de recibir dinero para hacer notas en su contra, con lo que alimenta un clima de hostilidad contra este gremio y se corre el riesgo de normalizar las agresiones.

Es de señalar que las tensiones con que se realiza el trabajo periodístico se han agravado a raíz del asesinato del cofundador de Ríodoce, Javier Valdez, acaecido en la ciudad de Culiacán el 15 de mayo, luego de que durante las marchas de protesta por este crimen, agentes de la Policía Municipal de Mazatlán filmaran con celulares a los reporteros participantes.

Mientras tanto en el municipio de Escuinapa se han presentado situaciones de alerta ante la actitud de intolerancia del alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán, quien el 30 de junio habló en un programa de radio acerca del corresponsal de Grupo Editorial Noroeste, declarando que “a ver qué se hacía con él” para frenar sus críticas, lo que el medio en cuestión consideró como una intimidación.

 

Exige Colectivo respeto a libertad de prensa

El llamado del Colectivo a los funcionarios de todos los niveles es que hagan valer los derechos de libertad de expresión y de información, y mantengan una actitud de respeto hacia quienes buscan ejercerlos, como en este caso son los periodistas.

También que existan sanciones para aquellos funcionarios que insistan en obstruir el trabajo de los reporteros, cuando estos se dirijan en el marco de la ética. Y finalmente, que las autoridades hagan prevalecer el principio de la transparencia, informando con oportunidad a la ciudadanía de las acciones de gobierno y de la manera en que se ejercen los recursos públicos.

 

PARA SABER:

Para este comunicado, emitido con carácter preventivo, se hizo una consulta con reporteros y editores de periódicos, televisoras, programas de radio y portales de internet con cobertura en la región sur de Sinaloa, además de un monitoreo exhaustivo en medios electrónicos. También se recolectaron evidencias en audio y video. La relatoría completa se entregó a la Quinta Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se comprometió a dar acompañamiento a las denuncias por agresiones a periodistas, que pudieran presentarse bajo este contexto. También se hará entrega del documento a las autoridades involucradas, así como a organizaciones de defensa de la libertad de expresión, como es el caso de Artículo 19.

 

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