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Alertan expertos: presupuesto federal 2018 premia opacidad y castiga eficiencia

En un informe presentado esta semana en la Cámara de Diputados, la organización civil Gestión Social y Cooperación reveló que solo dos de cada diez programas sociales del gobierno mexicano logran avanzar “significativamente” en el cumplimiento de las metas fijadas cuando fueron diseñados y deberían aumentar o, al menos mantener, su dotación presupuestaria. Durante el […]

En un informe presentado esta semana en la Cámara de Diputados, la organización civil Gestión Social y Cooperación reveló que solo dos de cada diez programas sociales del gobierno mexicano logran avanzar “significativamente” en el cumplimiento de las metas fijadas cuando fueron diseñados y deberían aumentar o, al menos mantener, su dotación presupuestaria.

Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto el porcentaje de programas mal diseñados o que solo logran cumplir una fracción baja de sus objetivos, ha crecido ligeramente, señala GESOC A.C, instancia especializada en la generación de evidencia y soluciones metodológicas útiles y robustas para que las iniciativas sociales maximicen el valor público que producen en favor del desarrollo social.

Agrega que 111 de las 136 iniciativas de las autoridades mexicanas, o no están en condiciones de solventar el problema para el que fueron creados o directamente su opacidad es tal que ni siquiera han podido ser evaluadas.

Destaca que en los presupuestos federales de 2018, el recorte en los programas sociales será marginal, del 0,1% en términos reales, una vez descontada la inflación prevista por el propio Gobierno mexicano.

Sin embargo, el grueso de esta reducción se centrará en los rubros que mejores resultados obtuvieron en la evaluación de GESOC, mientras que los programas catalogados como “opacos” o “de bajo desempeño” recibirán incrementos superiores a la inflación.

Según los cálculos de GESOC al menos 90,000 millones de pesos (4.690 millones de dólares), que son el equivalente a lo que se destina a programas opacos o  la llamada “caja negra”, son susceptibles de ser reasignados a las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos recientes, o a los proyectos sociales que tienen un desempeño óptimo.

Entre las evidencias planteadas destacan las siguientes:

82% de programas sociales federales que “no están en condiciones” de resolver el problema público que tratan de erradicar o, al menos aminorarlo, suponen algo más del 60% del gasto social.

5% de incremento se contempla para dichos programas en el presupuesto federal de 2018, que equivale a dos puntos más que la inflación prevista, contrario a la lógica de disminuir los recursos destinados a proyectos que no funcionan.

1.45% será el recorte medio real que tendrán los programas que sí cumplen con los criterios de transparencia y están bien diseñados como la Pensión para Adultos Mayores, el Seguro Popular o el Seguro de Vida para Jefas de Familia.

Con base a lo anterior, los especialistas de Gesoc, una organización independiente que lleva nueve años analizando los programas de gasto social en México con una de las mejores bases de datos que hay en el país, consideran que el enfoque de asignación presupuestaria enviada por la Secretaría de Hacienda al Congreso no obedece ni a criterios de desempeño ni de transparencia de los programas sociales, vulnerando aún más los derechos de las poblaciones más pobres del país.

Tampoco cuenta, añaden, “con mecanismos claros para reducir el riesgo de uso electoral del gasto.

¿QUÉ RECOMIENDAN?

  1. Endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas en los presupuestos de 2018 sobre los 25 programas presupuestarios que no proveen la información mínima necesaria para estimar su desempeño.

  2. Blindar las partidas asignadas a los 24 programas que mejor nota obtienen en la evaluación, y congelar y revisar por completo los 44 con peor desempeño.

  3. El Congreso debe hacer un llamado al Ejecutivo para revisar de forma integral toda su política social.

LO DIJO

“Nuestro interés es que los programas sociales se basen en la evidencia y no solo en razones políticas. Y que se produzca un debate público e informado al respecto”.

Alejandro González Arreola, presidente de GESOC.

 

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