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Tema de la semana | Avance anticorrupción en Sinaloa… pero el monstruo vive

Con el inicio de los trabajos legislativos para instalar la Comisión de Selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y la implementación de sanciones administrativas contra ex funcionarios de primer nivel acusado de uso indebido de recursos del erario, esta semana fue la más importante en la estrategia del gobernador […]

Con el inicio de los trabajos legislativos para instalar la Comisión de Selección que elegirá al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y la implementación de sanciones administrativas contra ex funcionarios de primer nivel acusado de uso indebido de recursos del erario, esta semana fue la más importante en la estrategia del gobernador Quirino Ordaz Coppel para transparentar y sanear la función pública.

Al dar a conocer la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Maria Guadalupe Yan Rubio, la inhabilitación para ejercer cargos de gobierno que se determina contra Armando Villarreal Ibarra, ex secretario de Administración y Finanzas,  y José Luis Sevilla Suárez Peredo, ex secretarios de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, la reacción social se partió en dos.

Una parte de la opinión pública, en su mayoría ciudadanos indignados por el presunto daño al erario cometido durante el sexenio que encabezó Mario López Valdez, considera insuficientes las acciones implementadas y se sostiene en la postura de que se apliquen sanciones penales que obliguen a resarcir el daño ocasionado a las arcas estatales.

Otro segmento, que es la clase participativa que más influye en la definición de políticas públicas, interpretó los procedimientos de sanción como un primer paso dado por el gobernador Ordaz Coppel y señal también de que Sinaloa entra a la era de rendición de cuentas sin posibilidad de dar marcha atrás.

Sin dejar de reconocer que se sienta un precedente respecto a ex servidores públicos de tal jerarquía que son marcados por incurrir en descuidos, omisiones o delitos en el manejo de presupuestos a su cargo, hay que resaltar que quedan importantes pasos por dar para tener en Sinaloa un sistema anticorrupción eficiente y de estructura jurídica hermética.

En la proximidad de que se cumpla el primero año de gobierno de Ordaz Coppel deberían de existir al menos cinco condiciones básicas para darnos por satisfechos en cuanto a logros en el combate a la corrupción:

  1. La instalación de la Vicefiscalía Especial Anticorrupción y el otorgamiento a esta de autonomía presupuestal y operativa con tal de que integre un equipo especializado en dicha área para constituir carpetas de investigación debidamente sustentadas.

  2. Implementar el Sistema Estatal Anticorrupción con perfiles y voluntades que garanticen el apego al sistema de leyes, instituciones y propósitos para quitarle a Sinaloa este monstruo que se resiste a morir y que devora alrededor de 900 mil millones de pesos al año en México, casi el 5% del Producto Interno Bruto, según información del Instituto Mexicano para la Competitividad.

  3. Hacer valer el principio de legalidad contra todo aquel que practique o fomente la corrupción, sin distingos, al tiempo de crear en el servicio público la sana mentalidad de rectitud, que consiste en respetar los bienes y recursos del Estado, que son patrimonio de la sociedad.

  4. Transparentar toda acción gubernamental hasta cumplir la divisa de que la cosa pública sea la vitrina más translúcida ante los ojos de los sinaloenses, sin áreas opacas que redunden en la desconfianza hacia los servidores públicos e instituciones que representan.

  5. Fomentar la auténtica cultura ciudadana en favor de la honestidad con tal de eliminar el eslabón corruptor mediante el fortalecimiento de la participación individual o colectiva en el saneamiento del tejido social.

Las recientes contribuciones al combate a la corrupción son importantes, insistimos, sin embargo esbozan apenas la titánica tarea que espera si queremos construirle el cerco infranqueable al esperpento que engulle a diario los fondos económicos y los fundamentos morales que México y Sinaloa ocupan para crecer.

Los dos estados de ánimo que derivan de las acciones anticorrupción en Sinaloa plantean que el gobierno de Ordaz Coppel o los siguientes deben mantenerse firmes en objetivos y afanes que al ser de largo plazo no admiten claudicaciones. Por fortuna, la ciudadanía es más vigilante e interactiva y ello es el mejor aliciente para que los políticos se sostengan de pie en las múltiples batallas a librar en la guerra anticorrupción.

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