Opinión

El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | Construyendo fiscalías: diez puntos

“Hay un límite en la cantidad de cambios que alguien puede soportar: innovación, de acuerdo, pero implementación lenta. —Greg Bear, Música en la sangre. Nadie construye de la nada. Mucho menos cuando se trata de la institución del Ministerio Publico. Saber desde dónde se construye es el primer paso para la toma de decisiones. Hace unas […]

“Hay un límite en la cantidad de cambios que alguien puede soportar: innovación, de acuerdo, pero implementación lenta.

—Greg Bear, Música en la sangre.

Nadie construye de la nada. Mucho menos cuando se trata de la institución del Ministerio Publico. Saber desde dónde se construye es el primer paso para la toma de decisiones. Hace unas semanas se dieron a conocer los resultados de la Consulta Nacional sobre Procuración de Justicia. Entre ellos, destacan las siguientes:

 

  1. Faltan capacidades para priorizar, gestionar e investigar, lo que genera un retraso significativo en los tiempos para atender y procesar los asuntos, además de reducir la eficacia de la procuración de justicia.

 

  1. Falta independencia técnica y operativa de los funcionarios de las procuradurías, especialmente de quienes se desempeñan como agentes del Ministerio Público. Muchas decisiones operativas del día a día se siguen procesando en los más altos niveles de las procuradurías, llegando incluso a sus titulares. Estas rutinas son incompatibles con el modelo acusatorio.

 

  1. Un factor estructural que limita la eficiencia y eficacia de las procuradurías es la insuficiente consolidación de los sistemas profesionales de carrera. Si bien existen servicios profesionales nominales en algunas procuradurías, lo cierto es que no cuentan con perfiles y puestos que sean acordes con las necesidades del sistema penal acusatorio.

 

Para el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., en sus Hallazgos 2016 Seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México, habría que agregar lo siguiente:

 

  1. El proceso de implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal fue heterogéneo, por lo que careció de un modelo homologado de investigación criminal en las instituciones de procuración de justicia a nivel nacional. Las deficiencias institucionales en esta materia propiciaron impunidad y violaciones graves de derechos humanos.

 

Por su parte, la organización civil Impunidad Cero, acaba de publicar el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías. Entre las variables que mide se encuentran:

 

  1. Capacidad instalada para investigar en el año 2016: Sinaloa cuenta con 7.7 agentes del Ministerio Público por cada cien mil habitantes. En comparación, Chihuahua cuenta con una tasa de 23.7, mientras que en Sonora son 2.3. Para poder establecer si el número es escaso o suficiente, debe tomarse en cuenta el rol que cumplen los agentes en las investigaciones, es decir, si el peso fundamental recae en la policía o en el Ministerio Público.

 

  1. Presupuesto per cápita en procuración de justicia 2017: Sinaloa destina 291.77 pesos por habitante, mientras que Chihuahua invierte 1,079.27 y Tlaxcala 93.77.

 

  1. Asuntos investigados en promedio por cada agente del Ministerio Público: Sinaloa tiene una tasa de 125.9 casos, mientras que en Baja California es de 432.2 y en Campeche es de 23 asuntos.

 

  1. Tiempo para denunciar un delito: en Sinaloa una víctima espera un promedio de 113.24 minutos para denunciar un delito, en tanto que en Guerrero son 212.06 y en Chihuahua son 85.70 minutos.

 

  1. Efectividad en la resolución de averiguaciones previas: la efectividad total para el estado de Sinaloa se registra en 15.8 por ciento, mientras que en Nayarit es del 76.7 y en Durango alcanza apenas el 3.5 por ciento. Aunque la cifra se refiere a la operación de los sistemas tradicional y acusatorio en casi todas las procuradurías y fiscalías, también se cuenta con el cálculo de la efectividad solo para el nuevo Sistema de Justicia Penal: en Sinaloa, durante 2016, se tuvo una efectividad del 13.2 por ciento; en comparación, Coahuila llegó al 69.8 y San Luis Potosí sólo tuvo el 0.4 por ciento.

 

  1. Porcentaje de asuntos en los que se acude a los jueces de control: en Sinaloa el 16.2 por ciento de los casos llega a un juez de control para verificar la actuación de la autoridad o plantear una petición en audiencia; solo es superado por Chihuahua, que alcanza el 16.6 y contrasta con Yucatán, que apenas llega al 1.2 por ciento.

 

Así son las cosas. Esta es la materia con la cual hay que construir las fiscalías. Es bueno proponerse ideales, pero es mejor partir de realidades. ¿Cuánto tiempo va a tomar la transformación de las procuradurías en fiscalías? El Informe Ejecutivo sobre la Consulta Nacional sobre Procuración de Justicia concluye que ocho años. Hay que empezar de una buena vez. Esta tarea no solo es de los fiscales generales y sus equipos de trabajo, nos corresponde a todos. Si queremos una fiscalía cercana a la ciudadanía, los ciudadanos debemos acercarnos a la fiscalía.

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