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Magistrado anticorrupción, ruta de transparencia | Hacer menos es retroceder

El proceso de selección del nuevo magistrado anticorrupción entró en fase de decisión con la presentación ante el Congreso del Estado, por parte del gobernador de Sinaloa, de la terna de candidatos compuesta por María Cháidez Zepeda, Jaime Salomón Haríz Piña y César Aristóteles Morales Silva. La vacante en la Magistratura de la Sala Regional […]

El proceso de selección del nuevo magistrado anticorrupción entró en fase de decisión con la presentación ante el Congreso del Estado, por parte del gobernador de Sinaloa, de la terna de candidatos compuesta por María Cháidez Zepeda, Jaime Salomón Haríz Piña y César Aristóteles Morales Silva.

La vacante en la Magistratura de la Sala Regional Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, se abrió cuando el ganador del primer proceso de selección, Ricardo Aguilasocho Rubio, renunció al cargo después de permanecer en él aproximadamente tres meses.

De acuerdo con el boletín oficial del Congreso local número 520/2018: “El Congreso del Estado habrá de realizar un proceso de análisis de los perfiles para realizar el nombramiento correspondiente”. El sitio web del Poder Legislativo sinaloense tiene una sección especial para dar cuenta del proceso de nombramiento.

De llevarse el trámite de manera similar al primero, y existen razones para suponer que así será, se invitará a los miembros de la terna a comparecer ante los diputados mediante notificación personal. El día y hora de la comparecencia se sorteará el orden de sus intervenciones, cada una de las cuales podrá extenderse hasta por treinta minutos.

Los primeros veinte minutos estarán dedicados a realizar una exposición libre, relacionada con su proyecto de trabajo y las razones que justifiquen su idoneidad para el cargo. El tiempo restante se empleará para responder a dos preguntas preelaboradas por los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, las que estarán dentro de una urna. Las comparecencias serán públicas y se transmitirán en vivo a través del portal oficial del Congreso.

Durante el primer proceso de nombramiento del magistrado anticorrupción, el Congreso adoptó los siguientes lineamientos para valorar el desempeño de los comparecientes:

 

1) Dominio del tema en relación a la materia administrativa, rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción;

2) Estructura lógica de las ideas, claridad de los argumentos, congruencia y uso adecuado del lenguaje;

3) Capacidad de síntesis;

4) Sentido crítico en el razonamiento;

5) Capacidad de advertir los retos que enfrentará el organismo;

6) Visión congruente con los propósitos y principios constitucionales en materia administrativa, rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción;

7) Capacidad de responder puntualmente a las preguntas que se plantearon.

 

Con motivo de esa ocasión, Iniciativa Sinaloa emitió un pronunciamiento en el cual, además de solicitar que se transparentaran los expedientes, documentos anexos y evaluaciones; la apertura a la ciudadanía de las sesiones deliberativas relacionadas al proceso de selección, insistió en que el dictamen de la decisión final se encontrara debidamente fundado y motivado.

En un caso similar a la designación de nuestro magistrado anticorrupción, la ratificación de los magistrados del Tribunal de lo Administrativo de Jalisco, el Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Tercer Circuito dictó sentencia en la cual destaca:

“La ratificación de los magistrados… es un acto de trascendencia institucional y jurídica; por ello, para evitar su arbitrariedad, en respeto a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenidas en su artículo 116, fracción III, debe exigirse que los actos que se emitan en ese procedimiento, cumplan con los requisitos de fundamentación y motivación, incluso, de manera reforzada”.

¿Qué es la motivación legislativa reforzada? La Suprema Corte ha emitido jurisprudencia donde establece: la reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional y, precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso.

En conclusión, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, relacionado con el proceso de selección del magistrado anticorrupción, que someta a consideración del Pleno, debe contener la evaluación de los candidatos, en la que se expliquen sustantiva y expresamente, así como de manera objetiva y razonable, los motivos de su nombramiento o no.

Hacer menos es retroceder.

 

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