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Tema de la semana | En Sinaloa, guerra mediática entre Fiscalía y Poder Judicial

A raíz de que el fiscal general de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, dio a conocer que existe una denuncia por acoso sexual contra el presidente del Poder Judicial del Estado, Enrique Inzunza Cázarez, se desató la confrontación entre ambas instituciones que son claves para la procuración e impartición de justicia. La pregunta que emerge […]

A raíz de que el fiscal general de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, dio a conocer que existe una denuncia por acoso sexual contra el presidente del Poder Judicial del Estado, Enrique Inzunza Cázarez, se desató la confrontación entre ambas instituciones que son claves para la procuración e impartición de justicia. La pregunta que emerge en medio de la reyerta es ¿quién se hará cargo de atender a la presunta víctima, con apego a la ley?

De manera atípica y al margen del debido proceso, los magistrados y magistradas, jueces y juezas, absolvieron públicamente mediante un pronunciamiento dado a conocer en medios de comunicación, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Enrique Inzunza Cázarez, “de señalamientos infundados y dolosos de los que ha sido objeto”.

Los que en forma precipitada salen en defensa de quien encabeza el Poder Judicial Estatal lo declaran inocente sin que medie juicio alguno, lo cual altera los principios de equidad, imparcialidad y eficiencia inherentes a la justicia. De hecho, al ser los juzgadores los que deliberan la “intachable trayectoria como servidor público” del acusado se anulan a sí mismos como jueces aptos para resolver respecto a la posición de quien se dice víctima.

Llama a la sospecha la expedita respuesta extrajudicial que asume la justicia para defender a uno de los suyos. El aparato garante de la constitucionalidad se anticipa a cualquier procedimiento legal que se emprenda contra Inzunza Cázarez y, absurdamente, traba el debido curso procesal porque los magistrados y jueces se confabulan para declararlo absuelto de cualquier culpa.

Se trata, como si le faltara a Sinaloa mayor anarquía institucional, de un enredo colosal que exige la intervención de un poder que arbitre, en este caso el Congreso del Estado, la función que con apego a la ley deben desempeñar la fiscalía y el poder judicial. La presunción de un delito, sea quien sea el que acusa y el que tiene derecho a la defensa legítima, evidencia en este caso la pugna de intereses:

  1. El fiscal Juan José Ríos Estavillo, a diferencia de la reserva en las investigaciones que defiende en otros casos, violó la secrecía de la denuncia que dice tener la FGE contra Inzunza Cázarez, lo cual origina mal uso del servicio público que el Congreso del Estado debe investigar y sancionar.
  2. En respuesta, el presidente del Poder Judicial del Estado utiliza los medios de comunicación para dar a conocer que renuncia al fuero que el cargo le otorga, sin embargo maniobra para que todo el aparato de la justicia, que él encabeza, lo arrope en el planteamiento que lo exenta del delito imputado.
  3. De confirmarse la denuncia contra Inzunza Cázarez, la 62 Legislatura debe abrir un procedimiento de desafuero para que este renuncie al cargo y sea procesado sin el peso de la investidura que ostenta.
  4. Sin hacer la correspondiente denuncia formal a la instancia que corresponda, Enrique Inzunza Cázarez declara que existen presiones políticas contra el Poder Judicial, sin sustentarlo ante la opinión pública ni en tribunales.
  5. Al margen del diferendo entre la fiscalía y el poder judicial, a la persona que denuncia por acoso sexual debe garantizársele el desarrollo correcto de las investigaciones, consignación y enjuiciamiento, sin que sea obstruido el estado de derecho.

La gran interrogante es quién del sistema judicial estatal, después del desplegado de apoyo a Inzunza Cázarez, tiene la aptitud neutral para llevar el caso dentro de los nuevos estándares del sistema de justicia penal. El fundamento de la equidad está dañado y ese deterioro se acreditó a la vista de todos.

El Congreso está obligado a rescatar la credibilidad de las instituciones de procuración e impartición de justicia de Sinaloa que se han enfrascado en un choque de imputaciones que nada aporta a la estabilidad, pues uno de los pilares de la gobernabilidad tiende a ser demolido solo porque a dos servidores públicos se les antojó desprenderse de la ley y medir fuerzas entre poderes.

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