En la mesa de distensión política instalada el jueves por el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, el planteamiento principal de dirigentes de los partidos fue que en Sinaloa se les brinde seguridad pública a los candidatos a puestos de elección popular, pues se dijo que en otros estados del país se tenía el reporte hasta ese día de 94 asesinatos de personas involucradas en los comicios.

A pesar de que el gobernador Quirino Ordaz Coppel declaró que en Sinaloa “las cosas están tranquilas, yo veo que todo está desarrollándose con tranquilidad, en paz y cada quien haciendo lo que le toca”, y que el secretario Gómez Flores lo reforzó al negar la existencia de focos rojos, la preocupación de la inseguridad y sus secuelas en el proselitismo dominó el discurso de los líderes partidistas.

El planteamiento es legítimo, sin embargo, la realidad en las corporaciones de seguridad pública dificulta, si no es que imposibilita, atender la propuesta de asignar guardias personales a más de 200 pretensos que participan en el actual proceso electoral. En todo caso se tendría que destinar gran parte del equipo humano y técnico policiaco a cuidar a los candidatos.

Mesa de distensión política

No debiera ocurrir ni en Sinaloa ni en otras partes de México que el miedo interfiera en la jornada política para elegir presidente de la república, senadores y diputados federales en el ámbito nacional y alcaldes y diputados locales en el contexto estatal. El principio de legalidad que debe regir con o sin elecciones tendría que ser el soporte natural del libre ejercicio del derecho a votar.

Basta el análisis somero de la situación que viven las policías municipales y estatales para inferir el despropósito de blindar a candidatos y desproteger a los ciudadanos. De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado en Sinaloa existe el déficit de 1,500 policías, además de 1,000 que están a punto de jubilarse.

En agravamiento a la falta de policías, las tareas de reclutamiento de nuevos agentes han fracasado pues en la convocatoria más reciente se recibieron mil solicitudes y solo el 4% aprobó los exámenes de aptitud. Cabe recordar que de los elementos de seguridad en funciones, casi el 50% no ha aprobado los exámenes de control y confianza.

A diferencia de las organizaciones criminales que cada vez enganchan a más jóvenes, en Sinaloa existe poco interés por pertenecer a los cuerpos policiacos. De los aspirantes reclutados por el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública el 75% son de otras entidades del país, Chiapas, Guanajuato, Estado de México y Zacatecas entre otros.

Estos datos duros exponen la emergencia en que están las instituciones policiales de Sinaloa, insuficiencia que se traduce en el repunte en hechos delictivos que golpean directamente a las familias con asaltos domiciliarios, robos en la vía pública, extorsiones y atracos a establecimientos comerciales, todo porque la insuficiencia de policías ocasiona poca prevención de delitos.

La prioridad, y así deben entenderlo los partidos políticos, es ahora echar mano de lo que se dispone en fuerza pública para dar seguridad a la población, en lugar de desviarlo a cuidarles las espaldas a candidatos que todos los días oyen en sus campañas el reclamo desesperado de los sinaloenses por mejor seguridad pública.