Opinión

AMLO y la Fiscalía Autónoma | Las lecciones de Sinaloa

¿De qué hablamos cuando demandamos una Fiscalía Federal Autónoma? La comunidad internacional y Sinaloa pueden tener algunas respuestas. El pasado viernes 6 de julio, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, descartó una nueva reforma al artículo 102 de la Constitución para establecer un nuevo mecanismo de designación del Fiscal General de la República, […]

¿De qué hablamos cuando demandamos una Fiscalía Federal Autónoma? La comunidad internacional y Sinaloa pueden tener algunas respuestas.

El pasado viernes 6 de julio, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, descartó una nueva reforma al artículo 102 de la Constitución para establecer un nuevo mecanismo de designación del Fiscal General de la República, tal y como lo propone el colectivo ciudadano #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva.

El actual artículo 102 fue reformado en 2014 y prevé un mecanismo de designación del fiscal que a la fecha no ha sido empleado, porque aún no existe la Fiscalía Autónoma sino que permanece la PGR como dependencia del Ejecutivo federal.

De acuerdo con la Constitución vigente, para nombrar al fiscal general, el Senado integrará una lista de diez candidatos que remitirá al presidente de la República, quien se encargará de seleccionar una terna que regresará al Senado para que comparezcan los candidatos y la Cámara Alta elija por mayoría calificada al titular de la fiscalía.

Las organizaciones civiles proponen que un comité de expertos se encargue de elaborar la lista para enviarla al Senado y que de esta surja la terna para enviarla al presidente. En un comunicado emitido el pasado 31 de enero, el colectivo expresó: “Necesitamos una #FiscalíaQueSirva, que investigue, que persiga y que esté libre de la influencia de los políticos y los poderosos, cuyo titular sea una persona competente y no un aliado político del gobierno en turno. Queremos una Fiscalía donde el personal esté debidamente formado y capacitado, con presupuesto suficiente y que le rinda cuentas a los ciudadanos”.

El mecanismo para la designación del fiscal es el principal diferendo entre AMLO y el colectivo de organizaciones civiles. Estas últimas estiman que la incorporación de los expertos en dicho mecanismo garantizará que el fiscal designado sea un profesional competente que no responda a los deseos y presiones políticas del Gobierno.

En Sinaloa el proceso de nombramiento del procurador, primero, y del fiscal, después, cuenta con la participación ciudadana desde 1999, a través de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, cuando fue designado como titular de la institución del Ministerio Público, Gilberto Higuera Bernal.

Vamos para veinte años de participación ciudadana, durante los cuales se han nombrado seis procuradores y un fiscal. Los resultados han sido mixtos. Lo cierto es que, la sola inclusión de ciudadanos en el mecanismo del nombramiento del fiscal no garantiza su autonomía. Intervienen múltiples factores como el carácter del fiscal, la actividad delincuencial, la madurez de los actores públicos y las circunstancias políticas, por mencionar algunos.

El tema de la autonomía de los fiscales ha sido tratado en diversos documentos por la ONU, quien siempre ha abogado por él. De acuerdo con las Directrices sobre la función de los fiscales:

 

  1. “Los criterios de selección de los fiscales contengan salvaguardias contra designaciones basadas en predilecciones o prejuicios y excluyan toda discriminación en contra de una persona por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, procedencia nacional, social o étnica, patrimonio, nacimiento, situación económica u otra condición”.
  2. “Los Estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole”.

 

Llaman la atención, de inmediato, dos cuestiones. El tema de la autonomía de los fiscales no se limita al fiscal general, sino que incluye a todos quienes ejerzan esa función dentro del Ministerio Público; y se requiere que las salvaguardias o garantías para el ejercicio de la autonomía se encuentren perfectamente definidas en una ley.

Finalmente, el 11 de julio se reunieron representantes del colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva con Tatiana Clouthier y Zoé Robledo, del equipo del virtual presidente electo. Las organizaciones civiles dieron a conocer mediante comunicado: “Como resultado de la reunión se acordó establecer una mesa de trabajo para intercambiar puntos de vista acerca del modelo de procuración de justicia en el que se inscribe la nueva Fiscalía General”.

Esperemos que se concilien las visiones sobre la Fiscalía y que ambas abreven de la experiencia internacional y de los estados de la República.

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