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Efecto ESPEJO | Recorte presupuestal a órganos electorales: el dinero o la democracia

Producto de la paradoja política actual que a los beneficiarios directos de la democracia los convierte en enemigos del fortalecimiento de las libertades ciudadanas, a los órganos de organización y revisión de procesos electorales en Sinaloa se les redujo con drasticidad el financiamiento con que contarán en 2019 para cumplir sus funciones.  Al Instituto Estatal […]

Producto de la paradoja política actual que a los beneficiarios directos de la democracia los convierte en enemigos del fortalecimiento de las libertades ciudadanas, a los órganos de organización y revisión de procesos electorales en Sinaloa se les redujo con drasticidad el financiamiento con que contarán en 2019 para cumplir sus funciones. 

Al Instituto Estatal Electoral le afectó un recorte de 22.9 millones de pesos y al Tribunal Estatal Electoral se le aplicó el ajuste de 19,3 millones de pesos, esto en relación a los requerimientos presentados para ser considerados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que aprobó la 63 Legislatura después de un complejo proceso parlamentario.

El criterio que se utilizó en el Congreso del Estado consiste en que durante el año en curso no habrá elecciones y procedió a asignar recursos públicos de sobrevivencia a las dos estructuras comiciales que para fortalecer autonomía y credibilidad están obligadas a sostener programas de capacitación y de incidencia permanente en la consolidación democrática.

¿No eran los hoy diputados del Movimiento Regeneración Nacional los que reclamaban a gritos la independencia de las instituciones electorales y el fortalecimiento del voto libre?

Todo indica que una vez que accedieron a la Cámara local echaron al olvido los avances que precisamente los llevaron a la representación popular.

Una cosa es que la bancada mayoritaria del Movimiento Regeneración Nacional  en el Congreso diseñara junto el IEES y TEE un plan de austeridad ajustado a las medidas de ahorro vigentes, y otra es el uso de la fuerza legislativa para imponer reasignaciones a través de la estrategia de cobijar presupuestalmente a unos y desguarecer a otros.

Y serán los mismos que en la siguiente elección local, la de 2021, estarán lamentando el lento desarrollo democrático y, claro, sin aceptar la corresponsabilidad de ser partícipes del daño infligido a órganos constitucionales autónomos.

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