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Tema de la Semana | Sanción a Echeverría, burla a los ciudadanos e incitación a la corrupción

El desenlace de la causa penal abierta contra el ex secretario de Salud del Gobierno del Estado, Ernesto Echeverría Aispuro, al lograr este que un juez de control le condonara la mitad de los recursos públicos malversados y diera por cerrado el proceso judicial, inconformó a la opinión pública al percibir que el castigo a […]

El desenlace de la causa penal abierta contra el ex secretario de Salud del Gobierno del Estado, Ernesto Echeverría Aispuro, al lograr este que un juez de control le condonara la mitad de los recursos públicos malversados y diera por cerrado el proceso judicial, inconformó a la opinión pública al percibir que el castigo a la corrupción en Sinaloa recibe alicientes en lugar de sanciones inhibitorias.

Después de más de un año de haber sido expuesto por el gobierno de Quirino Ordaz Coppel como caso emblemático del desempeño irregular de la función pública durante el sexenio 2011-2016 que encabezó Mario López Valdez, la justicia se asemejó al parto de los montes al parir la montaña un ratoncito: la esperada sanción ejemplar fundada en la ley acabó siendo un arreglo ventajoso para el indiciado y afrentoso para los sinaloenses.

La ruta en zigzag que se le trazó al expediente Echeverría dañó la credibilidad en los servidores públicos e instituciones responsables de hacer valer el Estado de derecho, derrumbando asimismo la valía del discurso y la palabra empeñada que ofrecen el saneamiento del ejercicio del gobierno a través de mecanismos que blinden el erario contra los ilícitos que afectan el patrimonio común de los sinaloenses.

¿Qué sensación dejan en los ciudadanos este tipo de actuaciones de ministerios públicos y jueces? La población lo percibe como la enorme puerta de impunidad por la que pasarán no solo los demás ex funcionarios estatales con procesos penales por prácticas de latrocinio sino también aquellos que actualmente ejercen cargos de gobierno y ven que los actos de cohecho reciben sanciones irrisorias.

La decisión de cerrar el caso Echeverría con el pago de solamente 7 millones de pesos de los 14 mdp que malversó va más allá de una carpeta de investigación en sí porque sienta el preocupante precedente que obliga a revisar de nuevo el sistema punitivo de la corrupción, que da la impresión opera al revés al ofrecer atenuantes y bloquear posibilidades jurídicas de sanción:

Aún en tal circunstancia, los absurdos y escepticismos que emanan del dossier Echeverría pueden ser útiles para ubicar algunos puntos a reforzar y que los saqueos que sufren las finanzas gubernamentales sean adecuadamente penados:

  1. La corrupción debe tipificarse como un delito grave. El Congreso del Estado y las organizaciones e instancias de transparencia, rendición de cuentas y auditoría están convocados a trabajar en conjunto para prevenir conclusiones del trabajo judicial en las cuales se gratifica al sujeto implicado en lugar de dictarle correctivos ejemplares.
  2. Es obligación de la Fiscalía Anticorrupción sustentar y agilizar las investigaciones y garantizar que predominan las pruebas y la razón jurídica por encima de motivaciones desvinculadas de la la materia del litigio, tales como influyentismo, posición política, situación económica o presiones de parte de poderes fácticos que desequilibran la balanza de la justicia.
  3. Es necesario revisar las medidas de reparación del daño que ponderan el resarcimiento parcial o total por encima del castigo al delito en sí. La delimitación de la falta y determinación de la sanción son primordiales y predominantes por encima de la cuantía del recurso público expoliado.
  4. Es importante vincular al Sistema Estatal Anticorrupción con las instituciones de procuración e impartición de justicia para que tenga sentido la existencia de los órganos responsables de vigilar el adecuado manejo de las finanzas públicas. La observación e intervención ciudadana es útil para prevenir y evitar desatinos que agudizan la desconfianza de la sociedad hacia las acciones de combate a la corrupción.
  5. Hace falta que la operación conjunta de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Auditoría Superior del Estado y Fiscalía Anticorrupción tenga como objetivo desmantelar redes completas de corrupción, desde la base a la punta de la pirámide, sin transigir con ninguno de los componentes del entramado delictivo.

La sociedad sinaloense se siente burlada, engañada e indignada debido a que prevé que la misma fórmula exonerativa que se le facilitó al ex secretario de Salud será utilizada en el resto de los expedientes de servidores públicos acusados de corrupción, además de abrirse el gran zaguán dela impunidad para que por ahí escapen de la justicia los funcionarios actuales que en el futuro incurran en este tipo de transgresiones a la ley.

La norma jurídica debe respetarse, sí, pero no convertirse en moneda de cambio que provee de rigor legal a unos y debilidad maliciosa al enjuiciar a otros. La corrupción es el gran cáncer a extirpar entre todos antes de que invada esa parte del tejido social que persiste en la lucha por reparar lo ya infectado. Ojalá que las instituciones hagan su parte en lo sucesivo al responder con justicia inalterada y expedita, así como con voluntad política y convicción de Estado.

 

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