Opinión

El análisis de Óscar Fidel González Mendívil | Nueva ley contra el crimen organizado

La Suprema Corte ha establecido que la seguridad pública es una materia concurrente para las autoridades de todos los niveles de gobierno y forma parte  de lo que denomina federalismo cooperativo. Por lo tanto, “existe la obligación constitucional para todas las instancias de gobierno de coordinar esfuerzos para la consecución del fin común de combate […]




La Suprema Corte ha establecido que la seguridad pública es una materia concurrente para las autoridades de todos los niveles de gobierno y forma parte  de lo que denomina federalismo cooperativo. Por lo tanto, “existe la obligación constitucional para todas las instancias de gobierno de coordinar esfuerzos para la consecución del fin común de combate a la delincuencia” (Pleno, tesis con número de registro 167365).

La Corte también sostiene que esta cooperación no debe darse por ocurrencia o intermitencia, ni ser definida por cuestiones circunstanciales y momentáneas, ya que todo ello pone en riesgo de hacer ineficaz el trabajo de los diversos cuerpos policiales que deben entrar en acción.

En otras palabras, este deber de coordinación implica que las autoridades, en conjunto, planeen, ejecuten, evalúen e informen sobre las acciones que efectúan para combatir a la delincuencia. Y por supuesto, también significa que dejen de escudarse en los límites de las competencias para dejar de actuar, bajo el pretexto de que no les toca o que son autónomos.

Pero existe otra visión del tema que es tan importante como ésta. La seguridad pública es también un derecho humano colectivo. Se traduce en la obligación de las autoridades de alcanzar la paz y tranquilidad para la comunidad, por vías legales y democráticas.

La ENVIPE 2018 estimó la existencia de más de 25 millones de víctimas en toda la república, con una tasa de 39,369 delitos por cada cien mil habitantes, sobresaliendo por su frecuencia el robo y la extorsión. Tal vez por esto no es sorpresa que el 64.5 por ciento de los ciudadanos consideraron a la inseguridad como el problema más importante en su entidad.

Es evidente que la exigencia de paz es el reclamo principal a la autoridad. Pero no de cualquier tipo. No se trata de imponer una tranquilidad autoritaria mediante una guerra. Lo que se necesita es la construcción de la paz con participación social en el marco de un Estado de Derecho.

Esta percepción de inseguridad inquieta a las autoridades que, en muchas ocasiones oponen las cifras que demuestran su capacidad de trabajo. Así, dan cuenta del número de personas detenidas, armas decomisadas, droga incautada e incinerada, número de recorridos efectuados o la cifra del personal sometido a evaluaciones de control y confianza. En muchas ocasiones, la autoridad no entiende por qué la ciudadanía percibe inseguridad, cuando ellos están haciendo su trabajo.

El desencuentro se explica en las expectativas. La autoridad asume que dar cuenta de su carga de trabajo resulta en automático en mayor seguridad. La ciudadanía, por otro lado, desea sentirse protegida; lo que no ocurre si no es a través de una acción conjunta bien diagnosticada, planeada y ejecutada de manera permanente.




El problema radica en que gran parte de la delincuencia no opera aislada. Quien roba vehículos de manera habitual lo hace al amparo de un grupo que, gracias a la intimidación o la corrupción, le garantiza impunidad. Incluso, es probable que su célula criminal trabaje junto a otras.

Sin embargo, la reacción de la autoridad para combatirlos es ineficiente. En muchos casos ni siquiera reúne los datos para probar que el robo fue un acto colectivo. Es más, la ley ni siquiera considera al robo de vehículo como una modalidad de la delincuencia organizada. Es evidente que algo no funciona.

A pesar de los esfuerzos de la autoridad federal debemos admitir que a nadie satisface el estado que guarda el combate al crimen organizado. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es de 1996 y su reforma principal se dio en 2016. Pero se concibió como una norma para fortalecer el trabajo de los fiscales, no de los policías. Es una herramienta de persecución, no de prevención del delito.

Es evidente la necesidad de discutir en el Congreso federal una nueva ley sobre crimen organizado, que incluya los siguientes temas: 1) nuevo esquema de competencias en materia de delincuencia organizada; 2) nuevo listado de delitos que pueden cometerse al amparo del crimen organizado; 3) nuevas modalidades estructurales de la delincuencia organizada; 4) tareas para la Guardia Nacional en materia de combate al crimen organizado; y 5) combate a la corrupción vinculada al crimen organizado.

Los tribunales federales han sostenido que la ley es el elemento que fija el rumbo de la política criminal del Estado. Es momento de contribuir a la construcción de la paz mediante el combate al crimen organizado. Sin simulaciones, ni corrupción, ni impunidad.

Es momento de generar mejores herramientas para que prevalezca el imperio de la ley.




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