Innovación educativa y buenas prácticas en la comunidad escolar | El análisis de Sara Patricia Madrid

Es una realidad que los elementos que llevan a la construcción de las escuelas como comunidades de aprendizaje son diversos; van desde la presencia y preparación de las personas, las relaciones y procesos de aprendizaje, las condiciones materiales y las redes de apoyo. En este sentido, impulsar la transformación educativa será posible en la medida que logremos fomentar más y mejores prácticas innovadoras en la comunidad escolar.

Sobre éstas últimas me gustaría realizar un análisis. El término “innovación” es comúnmente relacionado con tecnología, sin embargo, en materia de educación, estos dos aspectos no necesariamente van de la mano, especialmente si consideramos que en ocasiones el aprendizaje se da en contextos donde las carencias materiales abundan. En esos lugares, hablar de tecnología como método de innovación, es complicado.

En este contexto, de acuerdo con diversas organizaciones de carácter nacional e internacional, una práctica educativa innovadora, consiste en la introducción de una serie de elementos didácticos originales, es decir, actividades o procesos, dentro del esquema de enseñanza u organización de los planteles educativos, con el propósito de mejorar el nivel de calidad en el aprendizaje de los alumnos.

Ahora bien, además de establecer la importancia de las prácticas educativas innovadoras, me gustaría también destacar las razones por las cuales deben ser incentivadas. Poco se habla de las acciones que docentes, directores, asesores técnicos-pedagógicos, supervisores y familias realizan para asegurarse de que el aprendizaje de los alumnos sea adaptado a sus necesidades específicas.

Reconocer y difundir prácticas educativas innovadoras efectivas nos ayuda a motivar a los actores de la comunidad escolar a seguir con su labor, ir más allá, ya sea haciendo crecer su alcance, o ideando nuevas estrategias de acuerdo con las necesidades de su entorno.

En Mexicanos Primero Sinaloa, el impulso del derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes se construye a través de la evidencia y el diálogo informado que impulsen políticas públicas efectivas que se reflejen en las comunidades escolares mediante prácticas originales, sostenibles y replicables, considerando la diversidad de regiones. Sin embargo, la implementación de dichas políticas empieza en las escuelas, con las prácticas de cada uno de los actores de la comunidad escolar. Por ello, es crucial reconocerlas, incentivarlas y replicarlas.

Implementarlas nos ayuda a la adaptación y contextualización, influyendo en la mejora de los ambientes de aprendizaje y la convivencia de los alumnos. Además de fomentar mejores procesos de organización y acompañamiento docente en los planteles educativos, y lo más importante, velar por la triple inclusión: estar, aprender y participar. Si alguna de éstas no se cumple, entonces no podemos afirmar que se ha garantizado el derecho a aprender.