La USE, propiedad de muchos y de nadie | 15 años de opacidad: de Juan Millán a Quirino Ordaz

Revista ESPEJO realizó labor de investigación periodística para determinar a quién le pertenecen las instalaciones que albergan a la Unidad de Servicios Estatales. Opacidad y sospecha siempre han girado en torno a esta propiedad, el edificio turbio y caro levantado en las postrimerías del sexenio de Juan Millán Lizárraga, el gobernador que todo lo que tocaba lo oscurecía.

En la telaraña jurídica-burocrática que abraza desde entonces a la USE, nadie sabe, nadie supo quién es el verdadero propietario, echándose la responsabilidad unos a otros, construyendo con verdades a medias lo que pretenden sea el negocio perfecto.

¿Es un edificio público?, ¿Es del Gobierno? ¿Es propiedad privada? ¿Es de una empresa? ¿Quién cobra dos millones 300 mil pesos cada mes por la renta de estas instalaciones? ¿A dónde van a parar estos poco más de 25 millones de pesos anuales?

“Hay rumores de quién podría ser pero no hay nada en concreto, nada firme… Apuntan a Juan S. Millán pero como te digo son rumores solamente”, dijo el diputado de Morena, Pedro Villegas Lobo.

Lejos de atajar las suspicacias sobre la USE, es el mismo Gobierno de Sinaloa el que alimenta la desconfianza acerca del manejo de recursos públicos en este inmueble en particular.

EL ENREDO LLAMADO USE

La USE fue construida por OEI Inmobiliaria, una empresa filial del grupo Homex, hoy en “desgracia” después de años de permanencia en la cima económica.

En diciembre de 2003, OEI le compró el terreno (20 mil metros cuadrados aprox.) en 25 millones de pesos al Desarrollo Urbano Tres Ríos, dependencia descentralizada del Gobierno de Sinaloa.

La empresa construye el edificio con una inversión de 180 millones de pesos; maestros de la sección 53 del SNTE suponen que la obra fue levantada con las aportaciones recabadas durante 30 años por el Isssteesin para jubilaciones. También señalan que el terreno estaba destinado para sus viviendas.

En 2004, ya con el edificio construido, la inmobiliaria y el gobierno de Juan Millán (es el último año del sexenio) firman un contrato de arrendamiento y un convenio modificatorio al contrato original de la Unidad de Servicios Estatales.

Se acuerda que a partir del 1 de septiembre de ese año, el gobierno deberá pagar 2 millones 100 mil pesos mensuales por “10 años forzosos” por concepto de renta del inmueble.

La cláusula cuarta detalla que si 12 meses antes de finalizar el contrato el Gobierno del Estado no muestra interés por continuar el compromiso contractual, se entenderá que hay interés por continuarlo en los términos antes estipulados, excepto el monto, que podrá negociarse.

La cláusula quinta del convenio modificatorio señala que el pago de la mensualidad “se cubrirá durante el primer año (2005), mas no así durante el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año de ocupación del inmueble y se reanudará a partir del séptimo año”, es decir 2011.

“Tantos años después de su edificación todavía nos deja la impresión de que algo no cuadra…”, dice la diputada de Morena, Beatriz Adriana Zárate, quien investiga el tema pero no ha podido saber cuál es el destino de ese recurso público ni quién es, jurídicamente comprobado, el dueño de la USE.

PRIMER FIDEICOMISO

El 11 de agosto de 2005, OEI Inmobiliaria transmite la USE “en carácter de fideicomiso irrevocable con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde, sin reserva ni limitación alguna en su dominio” a favor del fideicomiso número 2110522 denominado Fondo de Ahorro para los Trabajadores del Estado de Sinaloa, de acuerdo al acta notarial levantada por el notario público número 127, Rubén Elías Gil Leyva.

Según la escritura 6689 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Sinaloa, las otras partes firmantes son, como fiduciario, el Banco Santander-Serfin y el actual gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, como representante del Comité Técnico cuando fungía como subsecretario de la Secretaría de Administración y Finanzas.

OEI Inmobiliaria recibió a cambio 235 millones de pesos. Es el primer año del gobierno de Jesús Aguilar Padilla.

“Suponemos que la USE se construyó con los recursos aportados desde 1973 por los maestros de Sinaloa, a quienes a través del Isssteesin se les descontó el cinco por ciento de su sueldo para la construcción de vivienda. Pero el Isssteesin no ha construido una sola casa”, señala el profesor Ángel Beltrán, uno de los líderes del movimiento Somos más que 53, que reclama la devolución, por parte del Gobierno de Sinaloa, de las aportaciones hechas durante más de 40 años.

Pero no solo es el cinco por ciento descontado a los maestros, porque según el artículo 29 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa (Isssteesin), el gobierno estatal entregará al instituto como aportación el 12.75 por ciento sobre los equivalentes al sueldo básico de los trabajadores.

Un mundo de dinero que la corrupción se gastó.

A través de la solicitud de información con folio 5383 de enero de 2013, se pidió a la Secretaría de Administración y Finanzas diera a conocer el monto de la renta mensual pagada por el inmueble del 2005 al 2012.

La dependencia responde que de enero a agosto de 2005 se pagaron 18 millones 400 mil pesos (2 millones de pesos cada mes, más 300 mil pesos mensuales por concepto del IVA). También señala que de 2006 a 2010 no hay registro de pagos, tal y como se estipula en el convenio de arrendamiento.

Todo el sexenio de Jesús Aguilar se pasa en blanco, sin pago por la renta del inmueble.

Hasta aquí, OEI Inmobiliaria deja de ser el propietario. La USE pasa a manos de un “fideicomiso”, el número 2110522 denominado Fondo de Ahorro para los Trabajadores del Estado de Sinaloa…

SEGUNDO FIDEICOMISO

La diputada Beatriz Adriana Zárate supone, porque no hay documentación oficial al respecto, que el fideicomiso 20004850 firmado con el Banco Santander-Serfin también está relacionado con la oscura propiedad de la USE.

A este fideicomiso también ‘le puso cola’ la Auditoría Superior del Estado. Sin embargo, la falta de documentación al respecto quedó expuesta en su informe de resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Segundo Semestre de 2016.

“… la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante oficio número DRH/1878/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, manifestó no estar en posibilidad de proporcionarlo, debido a que no se encontró dicha documentación en los archivos de la Secretaría.”

Según la Auditoría Superior del Estado, el fideicomiso 20004850 capta retenciones efectuadas por Gobierno del Estado de Sinaloa a los trabajadores por concepto de prestaciones y durante 2017 se retuvieron 403 millones 427 mil 292 pesos, aunque solo pagó 151 millones 818 mil pesos.

La misma Auditoría Superior del Estado señaló en su informe: “De lo anterior se observa que Gobierno del Estado de Sinaloa tiene un adeudo por concepto de renta del edificio que ocupa la Unidad de Servicios Estatales (USE) por el periodo comprendido de enero del ejercicio 2011 al 30 de junio de 2016, por un importe de 138 millones 600 mil pesos, el cual no se encuentra reconocido en contabilidad”.

Para la misma revisión, el 1 de noviembre de 2016, la Auditoría le solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas los contratos de los fideicomisos F/2110522 y F/20004850, pero la dependencia ignoró la petición oficial, no le proporcionó absolutamente nada.

La petición se hizo en los tiempos en que Armando Villarreal estaba por dejar la titularidad de la Secretaría de Administración y Finanzas, y en los que el actual tesorero del Estado, Carlos Ortega Carricarte, asumía el cargo. Ninguno contestó el oficio de la auditora.

MALOVA NO PAGA RENTA

En 2011, con la llegada de Mario López Valdez (Malova) al Gobierno de Sinaloa, la administración estatal continuó ocupando la USE para atender a la ciudadanía.

La diputada Beatriz Adriana Zárate señaló que Malova decidió suspender el pago de la renta por no saber a quién o a dónde se iba ese recurso millonario.

De lo anterior da constancia la solicitud de información pública 00744916, a la que la Secretaría de Administración y Finanzas informa que “en cuanto del mes de septiembre de 2005 al mes de septiembre de 2016 no existe ningún registro de pago por concepto de renta de la Unidad de Servicios Estatales (USE) por lo cual se declaró su inexistencia”.

Dicha respuesta fue ratificada por el Comité de Transparencia.

En este sexenio, en 2014, vencen los “10 años forzosos” por concepto de renta del inmueble, firmados en septiembre de 2004. Pero el actual gobierno de Quirino Ordaz Coppel no informa que haya un nuevo contrato de arrendamiento firmado.

“¿Qué no la USE es del gobierno?”, preguntó el diputado local de Morena, Fernando Mascareño.

SECCIÓN 53

Así, sin pagos por la renta, sin saber quién es el dueño, llega el 23 de abril de 2015. Ese día, la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) asegura ser la propietaria de la USE.

En la sala de juntas de la Secretaría General de Gobierno, “con motivo de darle solución a las demandas de los trabajadores de la educación de la Sección 53”, se pactan algunas cuestiones referentes al inmueble.

La demanda 9 de la Minuta de Acuerdos de ese día señala: “Solución del pago de 50 meses de renta del edificio que ocupa la Unidad de Servicios Estatales (USE), recursos que corresponde al fideicomiso Sistema de Ahorro y Préstamo (SIAP) y que debe ser utilizado para reforzar las prestaciones de previsión social tales como préstamos y retiros”.

El acuerdo a esta exigencia es que el secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, se compromete a revisar el fideicomiso del SIAP con la finalidad de reconocer sus atribuciones y obligaciones.

La Minuta de Acuerdos está firmada por el entonces secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros y José Silvino Zavala Araujo, secretario general de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Sale a escena otro dueño: la sección 53 del SNTE. Y además, brota otro fideicomiso, el denominado SIAP, que se une al F/2110522 y al F/20004850.

“Entiendo que es de los maestros (Sección 53 del SNTE) pero no sé bajo qué esquema jurídico… Si el edificio es arrendado hay que ver quién lo paga y a quién se lo pagan… Desconozco…”, dijo el líder del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Sinaloa, Jorge Villalobos.

Por su parte, el líder del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Sergio Jacobo Gutiérrez, señaló que “tiempo atrás se habló del sindicato de maestros” como propietario de la USE, pero que no tenía la información detallada, precisa.

LA PREGUNTA INCÓMODA

“¿Quién es el dueño de la USE?”, preguntó la diputada local de Morena, Beatriz Adriana Zárate, a la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Emma Guadalupe Félix Rivera.

Era el viernes 22 de marzo pasado, durante la comparecencia de Félix Rivera en el Congreso estatal.

“Dentro del acuerdo realizado por la anterior legislatura (62) para revisar Isssteesin se planteó como pregunta el tema de quién es la… la USE. Esa fue una pregunta que se atendió hasta el límite de las capacidades de la Auditoría investigando en Registro Público de la Propiedad y la información que tienen es el resultado de esa investigación. ¿Cómo llegar a más en esta investigación? Bueno, en un fideicomiso tiene como fiduciario una institución bancaria…”, respondió la auditora y se detuvo.

Félix Rivera guardó silencio, buscó durante cerca de 10 segundos por dónde continuar, qué otro elemento agregar, qué más decir y continuó para estrellarse sola:

“El banco no nos puede dar otra información… Es un tema al que no alcanzamos a llegar…”

Con esa respuesta, la auditora superior del Estado terminó aceptando que ni ella sabe de quién es la USE, quién cobra la jugosa renta del inmueble, a qué cuentan bancaria o bolsillo desembocan esos más de 25 millones de pesos anuales.

O tal vez, atendiendo al dogma de lo políticamente correcto, Félix Rivera no quiso decirlo.

“Cómo es posible que la auditora no acredite la propiedad, no sepa de quién es la USE. Ella es la autoridad del estado, que le solicite al Banco información de cómo está constituido el comité técnico del fideicomiso. Está bien puerco eso”, dijo Ángel Beltrán

OTRA RESPUESTA A MEDIAS

A través del Portal Nacional de Transparencia, ESPEJO solicitó a la Secretaría de Administración y Finanzas información completa sobre el pago mensual que realiza el Gobierno de Sinaloa por concepto de renta de las instalaciones USE, así como el nombre de la persona física o moral que recibe dicho pago.

El pasado 11 de marzo, la dependencia estatal respondió que en la Dirección de Bienes y Suministros “se encontró un contrato de arrendamiento y un convenio modificatorio al contrato de la Unidad de Servicios Estatales”.

El contrato al que hizo referencia la Secretaría de Administración y Finanzas es el mismo que se firmó el 1 de septiembre de 2004. El documento señala que el propietario de la USE es la empresa OEI Inmobiliaria, representada por Francisco Eugenio Lobeira Treviño, supuesto suegro del empresario Eustaquio de Nicolás, dueño de Homex.

La Secretaría de Administración y Finanzas respondió poco y nada sobre el tema. Informó sin especificar, solamente dando a entender, que aún se le sigue pagando a OEI Inmobiliaria…

Espejo solicitó a través de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Sinaloa una entrevista con el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, para tratar el tema de la USE.

La respuesta fue que sería concedida en dos semanas. Que había algunos detalles que estaban tratando…

También se buscó una entrevista con el actual secretario general de la sección 53 del SNTE, Fernando Sandoval Angulo, misma que no pudo acordarse.

“No te puedo decir de quién es la Unidad de Servicios Estatales. Lo que te puedo decir es que ya es hora de que la corrupción se vaya yendo de este estado…”, dijo el diputado Marco Antonio Zazueta.

FOTO: Juan Carlos Cruz/Contraluz.