Opinión

El presidente será “mano” en elección de gobernador

    En los buenos tiempos del PRI el presidente de la república decidía quién sería gobernador de cada estado, senador y diputado federal, y daba el visto bueno para cada presidente municipal y para cada diputado local y, al final de su mandato, decidía quien sería el próximo presidente. Una vez que tomaba la […]

 

 

En los buenos tiempos del PRI el presidente de la república decidía quién sería gobernador de cada estado, senador y diputado federal, y daba el visto bueno para cada presidente municipal y para cada diputado local y, al final de su mandato, decidía quien sería el próximo presidente. Una vez que tomaba la decisión, el PRI lo postulaba como candidato y lo que seguía era cuestión de formalismo. La campaña, el proceso electoral, el triunfo y la toma de protesta. Siguiendo la tradición del pacto revolucionario entre la burguesía naciente (representada por Madero) y campesinos pobres (representados por Villa y Zapata), procuraba un equilibrio entre los grupos.

Sin embargo, a finales de los 80’s la tradición se rompió. Ante el fracaso del Pacto para la Estabilidad y Crecimiento Económico, firmado para enfrentar a una inflación desbocada, Miguel de la Madrid cedió ante las fuerzas externas y, contra su deseo de nombrar a Alfredo del Mazo, de perfil político, cedió el poder a una casta tecnocrática emergente y designó candidato a Carlos Salinas de Gortari, quien rompió con el discurso revolucionario (asistencialista), e instaló en México, en todo su esplendor, el modelo económico neoliberal, expresión del “capitalismo salvaje”, escondido en el nombre de “liberalismo social”.

La designación de candidatos ya no buscó equilibrio sino alfiles y operadores para consolidar un modelo que privilegiaba el poder económico y la ganancia, desdeñando la política, el interés social, la cultura y la idiosincrasia de la sociedad mexicana. La imposición de gobernantes y de políticas pragmáticas, lesivas a los intereses de la sociedad, y la generación de escandalosos niveles de inseguridad, de impunidad y de corrupción en y desde el gobierno –que se enseñoreó en los siguientes cinco sexenios (priístas y panistas)—, terminó provocando, en extremo, el rechazo social. Prácticamente desaparecieron los liderazgos políticos a grado tal que ser “político” llegó a ser considerado sinónimo de corrupto o ladrón.

No obstante, a partir del primero de julio del 2018, inició un nuevo estilo de gobierno, vinculado a las demandas y a las necesidades sociales con la mira de emprender una cuarta gran transformación del país. Y en ese propósito, la sociedad mexicana no sólo eligió a un nuevo gobernante que combatiera el neoliberalismo y todos los males que éste trajo consigo, sino que lo sigue respaldando cada vez con más fuerza. Por ello, a pesar de los nuevos tiempos de pluralidad política, el presidente López Obrador se ha empezado a erigir en el presidente de México más poderoso desde la posrevolución.

Es mucho más fuerte y popular ahora que en la elección de hace un año. Y no hay quien le haga frente. Ya no sólo tiene un discurso popular, sino que tiene todo el poder –y los recursos— del Estado y lo está usando eficazmente para su fortalecimiento político. Sus adversarios podrán criticarle todo lo que quieran y acusarlo de políticas populistas, pero tiene colocadas cinco tarjetas de depósito de dinero mensual en cada familia mexicana. Una para el adulto mayor, una para la madre que trabaja, otra para el joven sin trabajo, otra para el estudiante y una más para el niño de guardería. ¿Qué político –adversario—, por más razón que tenga, puede contra eso?

Resulta claro entonces que en las próximas elecciones el presidente será “mano” a la hora de designar candidatos. Por encima de cualquier gobernador, funcionario o grupo económico o político, el presidente decidirá las candidaturas en el 2021 sin nadie que le haga sombra y, a la postre, las del 2024.

¿Quién le quiere jugar las contras? Queda claro entonces que ningún aspirante a la gubernatura tiene ninguna posibilidad de ser gobernador si no es por decisión del presidente López Obrador. Y no es que los votos no cuenten, sino que los votos estarán del lado de la decisión que tome el presidente. Es decir, lanzarse a la gubernatura en oposición a la decisión del presidente no servirá más que para aumentar el currículum del candidato. Ni siquiera habrá negociación. No tienen nada que ofrecer. Todo el poder está con el presidente.

En tal circunstancia, lo que los aspirantes deben descubrir, en primer lugar, es cuál será el criterio que usará el presidente para tomar su decisión. ¿La trayectoria y rentabilidad, que en Sinaloa cubre bien el senador Rubén Rocha, o la fuerza de la amistad y la lealtad, que cubre muy bien el alcalde mazatleco Guillermo Benítez? Es bien sabido que el presidente es un hombre muy emocional. Aquí –excepcionalmente—la preparación y el curriculum, que cubren muy bien el secretario de educación, Juan Alfonso Mejía y el de desarrollo sustentable, Carlos Gandarilla, pasan a segundo plano porque los votos los tiene el presidente y los puede poner en el candidato que decida.

La gran preparación y el discurso audaz del panista Ricardo Anaya y la amplia experiencia y alta preparación del priísta José Antonio Meade, desplegada en los debates en campaña, no hicieron ninguna mella en la convicción del electorado de ir por el valor y la honestidad, de López Obrador, y el presidente lo sabe mejor que nadie.

En segundo lugar, los aspirantes deberán descubrir cómo llegar a estar en el ánimo del presidente. Hasta hoy quien ha entrado muy bien en el ánimo del presidente es el gobernador Quirino Ordaz, pero este beneficio el gobernador no lo ha irradiado a ninguno de sus colaboradores, lo que permite inferir que estaría pensando en sí mismo y no en su equipo. Es decir, en su futuro político propio.

Hasta el momento –y desde la primera visita del presidente a Sinaloa y en sus múltiples gestiones— la relación ha sido personal del gobernador con el presidente. No ha usado para ese contacto a ninguno de sus colaboradores, lo que permite suponer que no le interesa meter a nadie de su equipo con el presidente. Y aunque hay quien puede argumentar que para la elección del 2021 “falta mucho”, habría que pensar que una trayectoria política y una lealtad sólida, o una profunda amistad, no se logra en tres meses, y menos si se identifica como interesada a los ojos del presidente.

Los días pasan y ningún funcionario del gobierno de Quirino aparece en la foto con el presidente, ni siquiera para llevarle los envíos de callos de hacha o camarones de exportación. Cada semana se reduce la posibilidad de que Quirino intente meter alguno de sus  funcionarios en el ánimo del presidente. ¿Pretenderá Quirino jugarle las contras al presidente? O ¿sólo alimenta falsas expectativas en sus funcionarios, haciéndoles trabajar extra, para fortalecer su propio proyecto político y simular el juego democrático?

O habrá algún líder o grupo político, o económico, que cree que tiene con que enfrentarse al presidente en la elección del 21?

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