Opinión

Preocupaciones en las leyes secundarias en materia educativa | El análisis de Ángel Leyva

Desde hace tiempo hemos insistido en la necesidad de contar con leyes secundarias que respondan a las exigencias del sistema educativo, con el fin de establecer claramente de qué manera se materializarán en la realidad las aspiraciones constitucionales que impulsen el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes. La semana pasada, finalmente fue […]

Desde hace tiempo hemos insistido en la necesidad de contar con leyes secundarias que respondan a las exigencias del sistema educativo, con el fin de establecer claramente de qué manera se materializarán en la realidad las aspiraciones constitucionales que impulsen el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes.

La semana pasada, finalmente fue posible conocer la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (LGSCMM), así como la Ley para la Mejora Continua de la Educación (LMCE), las cuales, en conjunto con la Ley General de Educación (LGE), deberán ser aprobadas por el Congreso de la Unión a más tardar el 12 de septiembre.

Sin embargo, la aprobación de estas leyes, tal y como están, genera preocupación, ya que no sólo son insuficientes para garantizar el derecho a aprender, sino que también debilitan a actores clave e incluyen aspectos que violarían el marco constitucional.

Son diversos los puntos que deben mejorarse, por ejemplo, se entiende erróneamente el concepto de inclusión como algo específico de grupos vulnerables atendidos por los servicios de educación especial o indígena, cuando es un tema que nos corresponde a todos. Asimismo, se omite la obligación del Estado de garantizar la interculturalidad como principio transversal.

Las iniciativas también dejan fuera elementos de gran relevancia para garantizar los derechos profesionales docentes, ya que se plantea una evaluación diagnóstica sin criterios claros para su desarrollo, con un Servicio de Asesoría y Acompañamiento inadecuado y sin un sistema de información público que permita una apropiada planeación y gestión del sistema educativo.

También se visualiza un debilitamiento de actores clave, ya que las leyes no son claras con relación a las responsabilidades y facultades de las autoridades educativas en materia de evaluación diagnóstica y formación continua. Además, se asumen facultades centralizadoras por parte de la SEP relacionadas con la asignación de plazas, administración escolar, cambios de adscripción e infraestructura, lo cual vulnera el federalismo educativo. Asimismo, en lugar de fortalecer los consejos de participación social, los vuelve optativos, lo que implica perder espacios para la participación de las familias y de la comunidad escolar.

Es preocupante que se incluyan aspectos contrarios al marco constitucional, ya que indebidamente se le confieren facultades a la SEP para establecer las disposiciones para la LGSCMM y sobre los procesos de admisión, promoción y reconocimiento. De igual forma, los normalistas tienen preferencia para el acceso al sistema educativo pues se debe agotar su lista antes de considerar a cualquier otro aspirante de distinta institución, independientemente del conocimiento y experiencia que tengan.

Otro punto que debe resaltarse es que los sindicatos y autoridades educativas locales podrán opinar sobre la selección de los aspirantes que buscan acceder al sistema, lo que haría posible que se cambie el orden de los candidatos atentando contra la imparcialidad del proceso.

Por tal motivo, hacemos un llamado a los legisladores para que actúen con responsabilidad y fortalezcan, con base en la evidencia y la participación de los actores educativos, las leyes secundarias. De esta manera será posible cumplir con los preceptos constitucionales. No podemos quedarnos callados, pues de mantenerse la legislación tal y como está, sería un retroceso que debemos evitar.

SOBRE EL AUTOR

Ángel Leyva Murguía es director general de Mexicanos Primero Sinaloa.

 

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