La detención en Texas de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el período en el cual Felipe Calderón Hinojosa se desempeñó como presidente de México, redunda en la llamada narcopolítica que es el origen de la violencia desbordada en México, ya que la delincuencia organizada recibe desde las estructuras del poder público licencia para violentar el estado de derecho.
Los supuestos vínculos de García Luna con la organización criminal que creó y dirigió el sinaloense Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera están por darle un vuelco a aquella historia de la guerra del Estado contra el narcotráfico, que en el sexenio de Calderón dejó más de 121 mil muertes violentas y sembró el terror a lo largo y ancho del país. Es decir, la farsa del combate generalizado al narco podría virar a la realidad del exterminio de un cártel para favorecer a otro.
Es mucho lo que se derrumba con la detención del exfuncionario federal, dándole la razón al actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que ha insistido en que la llamada guerra antinarco de Felipe Calderón se asentó en el engaño de combatir a una organización criminal para que floreciera el imperio de otra, a costa de bañar con sangre el suelo nacional.
La aplicación de la ley, sea en México o en Estados Unidos, debe ser enérgica para que inhiba delitos que cometidos a la sombra de la función pública adquieren el doble crimen de ser parte de células del narcotráfico y al mismo tiempo estar en cargos de gobierno cuya tarea es combatir a la delincuencia. Ello constituye una burla para la sociedad mexicana, afrenta que costó miles de vidas humanas, y que no es García Luna el único que tendría que responder ante la justicia por actos de corrupción y complicidad asociados al narcotráfico.
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