Opinión

Proscrita la democracia en las Escuelas Normales

Mientras todos los trabajadores sindicalizados de este país están obligados a practicar la democracia, los formadores de maestros que tienen la misión –legal, ética y profesional— de formar una sociedad democrática, solo deben obedecer. La democracia está siendo proscrita de la vida de las escuelas normales. PRIMERA PARTE Mientras que para el presidente Andrés Manuel […]

Mientras todos los trabajadores sindicalizados de este país están obligados a practicar la democracia, los formadores de maestros que tienen la misión –legal, ética y profesional— de formar una sociedad democrática, solo deben obedecer. La democracia está siendo proscrita de la vida de las escuelas normales.

PRIMERA PARTE

Mientras que para el presidente Andrés Manuel López Obrador y para la secretaria del trabajo, María Luisa Alcalde, es imprescindible que haya democracia en la vida sindical de este país, y así lo establecieron en la reforma laboral 2019, para los operadores de Aurelio Nuño Mayer, que controlan la educación normal en el gobierno de la 4T, la formación de profesores es sólo “talacha” y ellos son los patrones todopoderosos con capacidad para regular, por decisión vertical, todas las actividades de la vida de las escuelas normales de México, desde la definición del calendario escolar y los planes de estudios, la formación, capacitación y actualización del personal, hasta las reglas de ingreso, promoción, estímulo al desempeño del personal docente y todas las actividades propias de su profesión.

Contrario a lo que establece el artículo tercero constitucional, numeral II, “El criterio que orientará a la educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. Además, (inciso a) “será democrático, considerando a la democracia no solo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, los maestros de las escuelas normales no pueden opinar ni decidir sobre su propio objeto de trabajo ni sobre sus formas de organización para desarrollarlo. ¿Puede un sistema educativo que forma a sus maestros para la obediencia y la sumisión, contribuir a formar una sociedad democrática? ¿Puede un sistema educativo que proscribe la reflexión, la discusión y la construcción colectiva de rumbo social y profesional en la formación de sus maestros, contribuir a formar una sociedad libre, reflexiva, innovadora y participativa?

Lejos de abandonar los criterios avasallantes y controladores de la formación de profesores en las escuelas normales, imperante en el régimen neoliberal, los neoliberales del equipo de Aurelio Nuño Mayer –el secretario de educación en el gobierno de Enrique Peña Nieto y coordinador de la campaña de Meade que no supo “ler” los signos de la derrota—, no sólo sobrevivieron al cambio de gobierno al frente de la formación de profesores, sino que siguen impulsando su misma visión y estrategia neoliberal de formación de maestros sumisos y obedientes, con un discurso matizado y disfrazado de 4T. Y aunque aseguran que sí habrá participación de los maestros en las acciones de gobierno, será sólo cuando ellos los digan, como ellos lo digan y donde ellos lo digan. Cualquier otro acto de participación colectiva independiente será descalificado por la autoridad.

La propuesta de Ley de Educación Superior (LES), promovida por la SEP en los foros de consulta de educación superior que se están realizando en las entidades federativas para elaborar la iniciativa de ley que se presentará al Congreso de la Unión, recoge en lo general los planteamientos de la reforma al artículo tercero (2019) para hacer la LES. En el caso de los particulares, las universidades y los tecnológicos –prácticamente— sólo hay una actualización jurídica al nuevo discurso, sin embargo, en el caso de la educación de las escuelas normales se promueve un sistema de control extremo de la actividad de los maestros, buscando eliminar toda posibilidad de expresión crítica y organización propia de su profesión, mientras que en la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, se recogen bien los acuerdos del congreso nacional de escuelas normales pero solo en el discurso, ya que muchos de esos acuerdos se eliminan de las acciones en la agenda sexenal, y otros, simplemente se tergiversan para dejarlos como fue siempre su idea en el sexenio anterior.

Aunque en un principio se crearon bastantes expectativas de apertura democrática, sobre todo cuando se convocó al Congreso Nacional para el Fortalecimiento y la Transformación de las Escuelas Normales Públicas, al que asistieron representantes de todas las escuelas normales del país, los acuerdos a que éstos llegaron fueron “rasurados” o simplemente eliminados en la propuesta enviada a la cámara de diputados por el equipo de Aurelio Nuño al mando de Luciano Concheiro, subsecretario de educación superior.

A pesar de que se tuvo una amplia participación, libre y democrática, de los maestros de normales, –que fueron electos democráticamente en sus escuelas—, el congreso normalista fue utilizado únicamente para proyectar una cara democrática del proceso en que se elaboró la iniciativa –y de paso para que el equipo de Nuño Mayer conservara en empleo en el gobierno de la 4T—, pero lo que se rescató, en la práctica, fue lo que los neoliberales querían desde el sexenio anterior. Ahora pueden hacer con su congreso permanente lo que quieran dijo Concheiro, al final de la cuarta etapa del congreso normalista celebrado en la ciudad de Puebla.

Poco después, la SEP publicó la Estrategia Nacional de Mejora de la Educación Normal en la cual se suprimieron y/o tergiversaron algunos acuerdos claves del congreso normalista, que le diera sustento. Por ejemplo, se cambió el concepto de “Autonomía” de las escuelas normales –que fue el nombre de una de las cinco mesas del congreso y que se llevó cientos de horas-hombre de discusión—, por el de “autogestión”, que fue muy criticado en todas las mesas, mientras que el acuerdo de “Un nuevo reglamento” de ingreso y promoción, “con participación de representantes de las escuelas normales” fue cambiado por “revisión del reglamento vigente” como tarea exclusiva de la autoridad y sin participación de las comunidades normalistas (El reglamento vigente es la adaptación de la Ley del Servicio Profesional Docente –ya derogada–, exclusiva para educación básica, a las escuelas normales).

Además de la alteración o eliminación de muchos de los acuerdos del congreso normalista en la estrategia de mejora, ahora se pretende cerrar la pinza con la nueva Ley de Educación Superior en la que ni siquiera se reconoce al Congreso Nacional (permanente) para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales integrado por maestros representantes de todas las normales del país, electos democráticamente, como instancia de discusión y reflexión, evaluación y seguimiento de la transformación de las normales. En cambio, se le otorga gran poder al Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal (CONAEN) para la toma de decisiones con las autoridades educativas de la SEP. Es decir, sólo los patrones funcionarios –sin perfil educativo— podrán decidir qué se hace, cuándo se hace y cómo se hace en las escuelas normales. Tampoco se reconoce el acuerdo de formar un Colegio Nacional de Profesores de Educación Normal que oriente y promueva el desarrollo de la profesión del formador de docentes.

Así, serán otras personas, de otras profesiones, ajenas al campo de la formación de profesores, quienes determinarán el quehacer de la profesión, mientras que, a los maestros de las normales, no se les concede ni reconoce –en la propuesta de ley—, ninguna instancia de diálogo, reflexión o construcción profesional propia, ni se le reconoce su identidad como formador de formadores, con capacidad de opinión y acción propia convergente con la autoridad educativa.

A pesar de ser los principales protagonistas de los procesos de formación de docentes, se les coloca en un rango inferior al de las autoridades y sin ninguna capacidad de decisión sobre su quehacer profesional. Son reducidos a un mero insumo en el proceso formativo, sin “autonomía profesional” y sin ninguna capacidad de decisión. Solo se les circunscribe al cumplimiento de las órdenes de la autoridad.

Esto implica que, de aprobarse la ley como se propone, serán las autoridades educativas federales, desde su ignorancia profesional –y habilidad burocrática—, suplida por intereses ocultos e inconfesables nexos con el neoliberalismo, quienes decidirán el tipo de hombre y de sociedad que se habrá de promover, en la práctica, en el gobierno de la 4T. Y para colmo, con la complicidad –o ignorancia— de los legisladores federales.

En su capítulo IV, de las atribuciones de las autoridades educativas, artículo 19, se indica en su numeral XI “Establecer, en forma coordinada, los criterios académicos a que deberá ajustarse la designación del personal directivo de las instituciones de educación superior que reciban subsidio federal, con pleno respeto de la autonomía universitaria”, totalmente contraria al acuerdo del congreso normalista de autonomía para la designación de personal directivo.

Asimismo, indica el numeral XII “Establecer, en forma coordinada, las acciones y mecanismos para fortalecer la gestión, organización y administración de las escuelas normales, así como, de manera indicativa, aquellos aplicables a las instituciones públicas de educación superior que no cuenten con autonomía”. Es decir, no se habla de promover la participación de los maestros, ni de aprovechar su potencialidad y experiencia, sino simplemente de imponerle decisiones de la autoridad, lo cual implica reducir la profesión a un mero oficio técnico de aplicador de programas y acatamiento de órdenes.

Y por si hubiera alguna duda el artículo 27 es tajante. “La rectoría de la educación normal y de formación docente estará a cargo de la secretaría (SEP), a la cual le corresponde elaborar las políticas educativas”. No habla de la posibilidad de ninguna instancia de diálogo, reflexión o asesoría de los maestros de las normales para tomar sus decisiones. Es decir, desde su ignorancia del quehacer normalista, las autoridades determinarán lo que se deberá hacer en las normales. Pero ¿qué perfil se establece para ser autoridad educativa de normales?: ninguno. Si las autoridades federales y estatales de educación normal van a tomar decisiones de tal envergadura, que implica la formación de los maestros para todo el país, deberían establecerse mecanismos rigurosos para acceder a esos puestos.

Si la propuesta de ley concentra tantas las facultades en las autoridades educativas de educación normal (estatales y federales) ¿por qué no establece también estrictos perfiles de acceso a los puestos de autoridad, que impliquen compromiso, vocación, experiencia y profesionalidad en la formación de maestros?

Si no se puede enviar a un maestro de primaria a emitir fallos judiciales a la suprema corte o a hacer cesáreas a los quirófanos de los hospitales ¿por qué el gobierno tiene tanta ligereza al mandar a un médico partero a determinar lo que deben hacer los formadores de maestros de educación básica? Si bien esa era la visión de los gobiernos neoliberales, de profundo menosprecio a la labor docente ¿por qué el nuevo gobierno, que habla de revalorización del magisterio, les falta al respeto a los maestros poniéndole como autoridades a personas ajenas al magisterio, que desconocen la profesión de formar maestros con suficientes cualidades humanas como para la formación de las nuevas generaciones y reducen la formación humana a la mera formación técnica?

El artículo 28 de la propuesta de LES, en su numeral II, establece “promover que las escuelas normales y las instituciones de formación de docentes realicen procesos de planeación participativa para la elaboración de programas integrales de desarrollo y de mejora continua de la educación” pero no avala ningún mecanismo, organización o estrategia de gestión que no sea determinada por la ignorante autoridad.  Una buena parte de los delegados del congreso nacional de normales se organizaron de manera autónoma para ayudar a gestionar el presupuesto 2020 para la educación normal, sin embargo, fueron descalificados y atacados por las autoridades de la SEP en la reunión de Puebla –sacada de la manga para impedir la gestión autónoma— porque no estaban siguiendo el guión de la DGESPE, asegurando que ese evento era “el único mecanismo de gestión”.

Y para muestra de su ignorancia un botón. El numeral IV del artículo 28 de la propuesta habla de “impulsar la creación y el fortalecimiento de programas de posgrado para la mejora continua de la profesión docente”. Queda claro que confunden la práctica docente con la profesión docente. Es decir, entienden la profesión –que implica al ser como totalidad, su forma de pensar, de vivir, de decidir y de actuar, para sí mismo y para los demás, cimentada en profundos valores humanos, activos a todas horas y en todos los lugares—, con la labor técnica de aplicación de programas áulicos y la transmisión de contenidos cargados de información pero desprovistos de valores, convicciones y compromisos.

Queda claro, además, que no entienden que la profesión es vida. La vida que rodea al empleo y que implica una gran diversidad de problemáticas que trascienden con mucho a la labor de las aulas y a la aplicación de programas oficiales, como su relación con el entorno social, su prestigio y su realización personal, su estabilidad emocional, su salud y sus expectativas de vida, aspectos que la racionalidad técnica de las autoridades no les permite ver.

Artículo 29. Párrafo segundo. “La secretaría, a través de la subsecretaría de educación superior, instalará el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal –CONAEN–, el cual se integrará por el representante de la secretaría y los titulares responsables de la educación normal de los estados y de la Ciudad de México, y tendrá como objeto generar acuerdos sobre políticas y acciones para el desarrollo de las escuelas normales y las instituciones de formación docente”. Es decir, se incorpora a las autoridades estatales en un organismo propio para la toma de decisiones sobre el quehacer de las normales, pero no se establece ninguna figura de representación de los maestros de las comunidades normalistas, a pesar de que fue el congreso de maestros de normales el que aportó todas las propuestas que sustentaron la estrategia nacional de mejor de la educación normal y parte de la propia propuesta de ley de educación superior.

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