Con todo y el sesgo político que adquiere el tema, la detención del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, posee una oportunidad crucial para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: limpiar desde arriba hacia abajo el aparato de investigación, persecución y castigo del delito, permeable al narcotráfico, que es precisamente donde la impunidad se fragua y se esparce.

La noticia de esta semana fue la aprehensión en Estados Unidos de Genaro García Luna quien desempeñara importantes funciones en el área de seguridad pública durante los sexenios de los ex presidentes de México Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, hecho que oscila entre lo político y lo legal sin establecerse con claridad cuál factor predominará.

No obstante que fue la justicia estadounidense la que realizó la detención y fincó los cargos de conspiración para el tráfico de drogas y declaraciones falsas, el presidente Andrés Manuel López Obrador capitaliza la coyuntura como un éxito de su administración y para anunciar políticas públicas contra la corrupción

El enjuiciamiento social y político en México va mucho más adelante que la tarea de la justicia de Estados Unidos para presentar las pruebas contra García Luna. Por hoy el contexto es lo que importa ya que a López Obrador le urgía que cayera en las redes de la Cuarta Transformación un pez gordo de la narcopolítica y a Donald Trump, en plena campaña de reelección, le resulta oportuno el soporte mediático a su aplazada decisión de tinte proselitista para clasificar como terroristas a los traficantes de drogas ilícitas.

En el ámbito mexicano el tema se está moviendo en varios sentidos:

  1. La probable venganza del actual régimen contra los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón cuyo activismo contra la 47 iba creciendo. Director de la Agencia Federal de Investigación durante el mandato de Fox y secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón, García Luna representa para AMLO el momento ideal para descreditar las críticas de sus antecesores en el cargo.
  2. Al destapar la gran cloaca de la narcopolítica en México, según la acusación de que el ex titular de la SSP federal recibía sobornos millonarios de parte del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el gobierno de AMLO procedió a atender la crisis de corrupción que amenazaba con salpicar también a integrantes de su Gabinete. El actual secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, se desempeñó como secretario particular de Vicente Fox cuando García Luna estaba al frente de la AFI.
  3. Simultáneamente, López Obrador sustenta su postura de no guerra al crimen organizado y la tesis de que la estrategia antinarco de Felipe Calderón, que dejó 121 mil muertes violentas, fue un fracaso. La acusación de Estados Unidos contra García Luna fortalece la “táctica” de “abrazos, no balazos” del presidente de México.
  4. El actual habitante de palacio nacional aprovechará el caso García Luna para que personajes afines a su gobierno tomen el control de todo el aparato de la seguridad pública en México. El anuncio de que se procederá a “limpiar” a personal o mandos que podrían tener vínculos con el ex titular de la SSP parece más bien un pretexto que una decisión de Estado. Durazo afirma que serán separados de sus puestos aquellos “que hayan caído en la tentación de la convivencia o la complicidad con el crimen organizado”, sin precisar quiénes son ni cómo los detectará.
  5. En tanto la Corte del Distrito Este de Brooklyn, la misma en la que Guzmán Loera fue sentenciado recientemente a cadena perpetua, conoce los cargos y las evidencias de la fiscalía estadunidense, la relevancia política del escándalo de la narcopolítica tendrá impactos en México y Estados Unidos. Es decir, más allá de la solidez del juicio, el dividendo electoral para Trump y el rescate del plan anticrimen de AMLO, es ahora la principal utilidad para ambos presidentes.

Hasta hoy es más el ruido fomentado desde Palacio Nacional y la Casa Blanca que la voluntad por atacar con todo a la narcopolítica. García Luna es tan solo un eslabón de la gigantesca cadena de la corrupción asociada al crimen organizado la cual tiende sus eslabones a lo largo y ancho de México y continúa aprisionando con sus grilletes a la política nacional e internacional.

En las siguientes semanas habrá mayores elementos para dilucidar cuáles son los objetivos de Estados Unidos y México al llevar a García Luna a los tribunales del vecino país. Por el momento los factores de índole político impiden afirmar que esto sea un mero trámite jurídico-legal contra la delincuencia y corrupción organizadas. La ley actuará sin importar los intereses del ardid propagandístico armado en las dos naciones, una urgida de votos para la reelección, y otra con el apremio de legitimar el cuestionado plan de pacificación nacional.