Opinión

Llamado al Congreso de Sinaloa | El análisis de Keyko Miranda

El inicio de cada año representa siempre una nueva oportunidad. Por lo que hace al efectivo ejercicio del derecho a aprender para las niñas, niños y jóvenes en Sinaloa, debería dibujar un nuevo comienzo muy alentador. La legislatura actual tiene en sus manos la posibilidad de plasmar en el marco legal en la materia, todas […]

El inicio de cada año representa siempre una nueva oportunidad. Por lo que hace al efectivo ejercicio del derecho a aprender para las niñas, niños y jóvenes en Sinaloa, debería dibujar un nuevo comienzo muy alentador. La legislatura actual tiene en sus manos la posibilidad de plasmar en el marco legal en la materia, todas aquellas intenciones que el ejecutivo federal consagrara en las recientes reformas a los artículos 3º, 31 y 73 constitucionales.

Tomando en cuenta que del propio texto constitucional se desprende que el Estado deberá priorizar el interés superior de la niñez y juventud en el acceso, permanencia y participación en las escuelas, las y los diputados, en el ámbito de su competencia, deberán centrar toda su intención en dicho principio al realizar la homologación correspondiente.

Si la educación debe ser equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia, en ese sentido, la adecuación a la legislación local deberá fortalecer estos aspectos. En primer término, resultará preponderante priorizar los derechos de la primera infancia, etapa en la que el desarrollo emocional, social y físico de un niño tiene un impacto directo sobre su futuro. No debemos olvidar que Sinaloa tiene el segundo lugar nacional con el menor número de alumnos que asisten a primer grado de preescolar (ICRE 2018). Situación que recae no únicamente en el hecho de que en nuestro estado la edad mínima para ingresar a educación básica es de 4 años para preescolar, sino también en la falta de información con la que contamos los padres de familia al respecto.

Por otro lado, y según los lineamientos del programa La Escuela es Nuestra, cuyo objetivo general es el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de los planteles públicos de educación básica, mediante la aportación de recursos directamente a las comunidades escolares,  a través de los Comités Escolares de Administración Participativa; deberá la normativa estatal hacer énfasis en la transparencia, eficiencia y eficacia en la distribución y el uso de tales recursos,  que conlleve a la mejora y dignificación de nuestras escuelas. Y ¿Por qué no? Atreverse, inclusive a la permanencia del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, que, a diferencia de los referidos comités, cuenta con los conocimientos, estructura y experiencia en lo que a construcción, rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares se refiere.

Al reconocer a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y su contribución a la trasformación social, habrá que procurar que el marco jurídico genere para ellos certidumbre en la defensa de sus derechos profesionales. Concebir procesos justos y equitativos para la admisión, promoción y reconocimiento en el sistema; así como con una pertinente formación, actualización, capacitación y acompañamiento, que contribuyan al desarrollo integral y máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes.

Sin duda son muchos los renglones en los que podemos mejorar para transformar nuestro entorno educativo, y si bien es cierto, los verdaderos cambios sociales se dan en la práctica, establecer reglas del juego claras, abonará en gran medida a lograr un sistema educativo en el que todas y todos puedan convertiste en la mejor versión de sí mismos. Es por eso que el llamado va para las y los diputados locales, quienes deben recordar que su labor es dar voz a los derechos de sus representados, y más aún cuando se trata de los derechos de las niñas, niños y jóvenes.

 

SOBRE EL AUTOR

Keyko Miranda Sandoval es directora de estudios jurídicos en Mexicanos Primero Sinaloa.

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