El dato publicado por el diario Reforma respecto a deudas económicas que tienen los estados en el reglón de Salud revela que estas ascienden en Sinaloa a 7 mil 379 millones de pesos con proveedores y contratistas, lo cual redunda en la crisis del sector que se ha comportado vapuleado por la corrupción, mala administración y endeble actuación de las instancias de investigación y sanción en delitos contra las finanzas públicas.

La deuda de Sinaloa, superada solamente por Chiapas con 18 mil 783 millones de pesos, redunda en los problemas estructurales del sector salud que se resiste a evolucionar en transparencia, rigor legal contra conductas ilícitas y mecanismos de control de los recursos financieros y materiales. Desde el primero de enero de 2017, cuando inició el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, esta área gubernamental ha ido de escándalo a escándalo y todos los desenlaces tienen que ver con la impunidad.

La actual administración pública estatal heredó un caos en los servicios de salud con malos manejos y negocios ilegales hechos a la sombra del poder durante el sexenio de Mario López Valdez, pero el castigo a los responsables lejos de marcar precedentes que les aten las manos a los corruptos han terminado en arreglos que estimulan la deshonestidad y la traición a la sociedad.

Y sigue la mata dando. El caso de uso irregular de los recursos públicos en la Secretaría de Salud del Gobierno de Sinaloa, todavía en proceso judicial, la denuncia de robo de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el desabasto de fármacos en los hospitales de beneficencia popular proceden a crear un conflicto entre ciudadanos que son afectados por la problemática y autoridades que carecen de voluntad para atenderla.

Si bien es cierto que se trata de deuda heredada de anteriores gobiernos estatales, lo que indigna a los sinaloenses es la mano blanda que permite que se afecte el derecho constitucional a la buena salud, debido a que fiscalías y juzgados anteponen la negociación a medida de los administradores ineptos o fraudeadores reincidentes, por encima de una cuestión tan delicada, de vida o muerte, que tiene que ver con Sinaloa entero.

 

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