Jueza exhibe y echa abajo tratos de Quirino con malovistas

La jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada reveló en los tribunales cómo se aceptó por la administración de Quirino Ordaz Coppel un trato con funcionarios malovistas.

Los implicados en ese trato son Gonzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno, y Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas, quienes aceptaron que se reparara el daño de desvíos por 293.5 millones de pesos a cambio de 2 millones de pesos y una disculpa pública.

Quienes lo ofrecieron son Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas, Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero, y José Carlos López Ramírez, ex titular de la Caja General de Gobierno del Estado.

Los tres ex funcionarios hicieron 112 transacciones bancarias para desviar 293.5 millones de pesos en el último semestre de 2016 hacia cuentas que tenían un fin distinto.

El caso se inició con la auditoría 007/2017, que realizó la Auditoría Superior del Estado. Después de encontrar irregularidades, la Auditoría interpuso denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que logró una orden de aprehensión en agosto de 2018.

Sin embargo, esa orden no se hizo efectiva, sino hasta enero de 2019, cuando se dio a conocer de forma pública.

Tras una serie de presentaciones de funcionarios y solicitudes de perdón, se hizo un acuerdo entre funcionarios de Ordaz Coppel y ex funcionarios malovistas.

El acuerdo consistió en otorgar una suspensión condicional del proceso, que permitiría evitar la cárcel a los tres ex funcionarios, a cambio de una reparación que consiste en:

• Pagar entre los tres 2 millones de pesos, asegurando que los movimientos bancarios fue para cumplir con el pago de nómina y no para sus cuentas personales.
• Durante seis meses permanecer en Sinaloa y en el mismo domicilio donde habitan actualmente
• Abstenerse de viajar al extranjero
• Ofrecer una disculpa pública en un medio de comunicación que elija Gobierno del Estado

En una audiencia que se llevó a cabo este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Culiacán, Ismael Carreón Ruelas, quien se presentó como apoderado legal de Gobierno del Estado, dijo estar de acuerdo con las propuestas.

Lo mismo sucedió con Librado Romero Martínez, fiscal encargado del caso desde la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa.

Sin embargo, aunque ya todo parecía listo para que la jueza aprobara, el caso dio un giro inesperado.

Una red de tratos

La jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada expresó: “me parece un asunto inmoral autorizarlo”.

Antes, cuestionó la falta de formalidad de la Fiscalía y del apoderado legal de Gobierno del Estado al no presentar documentos expresos de los titulares que participaron en la negociación.

Ni el representante jurídico ni los fiscales tenían una autorización por escrito de parte de sus superiores para aceptar los tratos, pese a que se haya aprobado de forma previa entre ellos y los señalados.

-”¿A usted quién le dijo que podía otorgar un acuerdo de ese tipo?”, preguntó la jueza a Ismael Carreón Ruelas

-”Fue un acuerdo entre el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Administración y Finanzas”, respondió el funcionario de Gobierno del Estado.

-”De forma explícita, ¿quiénes fueron?”, inquirió la jueza.

-”Son Gonzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno, y Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas”, dijo el funcionario.

-”¿Y a usted, fiscal, quién le dio la autorización para aceptar un acuerdo?”

-”En ese acuerdo que hicieron entre la defensa y Gobierno del Estado estuvo la Fiscal Anticorrupción (Reyna Angulo Valenzuela), ahí estuvo en medio”, dijo el fiscal a cargo.

La jueza hizo un alto y continuó:

“Considero que no se satisface las necesidades para esta audiencia, porque no se puede tener certeza dado el delito y la víctima, que es el Servicio Público”, dijo.

La jueza siguió y pidió que se explicaran los acuerdos y la forma en que se llegó a estos, debido a que en esa audiencia no se tenía mayor información y, sobre todo, carecía de una reparación real por un delito que se agravó porque son dos delitos relacionados entre sí.

Volteó de nuevo con el apoderado legal de Gobierno del Estado y la Fiscalía y les pidió tener por escrito las aceptaciones de los acuerdos, con autorizaciones explícitas para este caso.

Después volteó a ver a la defensa, a quienes les dijo que consideraba que la propuesta de 2 millones de pesos no era suficiente para cubrir el daño establecido, y después pidió a los abogados de los tres ex funcionarios que dieran su postura.

Los abogados argumentaron que el caso se trataba de delitos que tenían hasta cinco años de pena, por lo que el Código Nacional de Procedimientos Penales les permitía hacer esa solicitud.

Sobre el dinero, los abogados dijeron que era un monto de sanción, más de no de reposición, porque los fondos que se establecieron como desvío se usaron en favor de la Secretaría, pagando sueldos y aguinaldo de trabajadores, y no para un fin personal.

Pero la jueza no estuvo de acuerdo, les respondió que habían sido llevados por dos delitos que se vinculan y agravan el caso, por lo que el tiempo de cárcel superaba los cinco años y, además, era necesario reconocer que, hasta el momento, no se tiene claro cómo sucedió.

La defensa propuso aceptar los acuerdos, porque se integra una disculpa pública, además, sostuvieron, son situaciones muy similares a otros casos por delitos de corrupción que se han superado por las mismas vías.

Pero la jueza rechazó tal medida y llamó a una nueva audiencia, donde se presentaran cada uno de sus requerimientos.

“No me parece moral autorizarlo”, dijo la jueza.

“Para mí estos delitos son inéditos. Tengo 25 años en la labor judicial y no me había tocado uno así. Si ya habían sucedido otros casos y habían pasado con esos acuerdos, considero que no está bien. No se puede tratar millones como si fueran centavos”.

La audiencia se reanudará el 7 de febrero y se deberá dejar claro para qué será la resolución.

“Voy a venir preparada para una Suspensión Condicional del Proceso, un procedimiento abreviado (que implica aceptar culpabilidad y pagar el monto total del daño) o una audiencia intermedia”, sentenció.