Efecto ESPEJO | Topa con la justicia la impunidad negociada para malovistas
La decisión que tomó ayer la juez Sara Bruna Quiñónez Estrada para desechar los acuerdos que le permitirían a Armando Villarreal Ibarra, ex secretario de Administración y Finanzas, pagar solamente 2 millones de pesos para ser absuelto en la acusación de que desvió 260 millones de pesos en 2016, durante el gobierno de Mario López […]
La decisión que tomó ayer la juez Sara Bruna Quiñónez Estrada para desechar los acuerdos que le permitirían a Armando Villarreal Ibarra, ex secretario de Administración y Finanzas, pagar solamente 2 millones de pesos para ser absuelto en la acusación de que desvió 260 millones de pesos en 2016, durante el gobierno de Mario López Valdez, sienta un precedente en lo concerniente a delitos contra el patrimonio público.
A casi un año de que otro integrante del Gabinete malovista, Ernesto Echeverría Aispuro, ex secretario de Salud, se benefició de un acuerdo con la Fiscalía y el Gobierno del Estado al pagar la mitad y en abonos de los 14 millones de pesos que utilizó de manera indebida, la justicia restablece la regla cardinal que dicta que a cada delito le corresponde una sanción conforme al daño causado.
De esta manera se detuvo la negociación entre las partes acusada y acusadora que pretendía cerrar el caso Villarreal con el ínfimo monto a recuperar y el ofrecimiento de una disculpa pública por el proceder ilícito, despejando la salida para que transiten por allí otros vinculados a prácticas de corrupción o manejos administrativos irregulares.
Los servidores públicos tienen que aprender a respetar lo que no es suyo para que los recursos públicos vayan destinados a los fines que en estricto derecho se les asignan, consolidando la honestidad como regla y convicción. La experiencia determina que es a través de la justicia como habrá de asentarse, tarde o temprano, la rectitud en el ejercicio del gobierno y que tal acción de la ley deberá estar exenta de prerrogativas que alientan la corrupción en vez de inhibirla.
En la audiencia se evidenció que en la negociación ventajosa para Armando Villarreal intervinieron Gonzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno, y Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas, en un trato silencioso que la jueza echó abajo con el argumento de “me parece un asunto inmoral autorizarlo”. Por fortuna, la impartición de justicia funcionó esta vez tal como Sinaloa lo reclama y lo merece.
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