Corrupción

Quirino defiende el trato del Gobierno en el caso Armando Villarreal

El argumento principal del Poder Ejecutivo Estatal es que los desvíos, por 293.5 millones de pesos realizados durante el último semestre de 2016, fueron utilizados para pagar asuntos propios de la administración estatal como pago de nómina y aguinaldos. “No hay un daño patrimonial como tal… es claro que son recursos que no se los llevaron al […]

El argumento principal del Poder Ejecutivo Estatal es que los desvíos, por 293.5 millones de pesos realizados durante el último semestre de 2016, fueron utilizados para pagar asuntos propios de la administración estatal como pago de nómina y aguinaldos. “No hay un daño patrimonial como tal… es claro que son recursos que no se los llevaron al bolsillo”, argumenta Ordaz Coppel.

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador de Sinaloa, defendió sus tratos con funcionarios de la Administración de Mario López Valdez (Malova), quienes buscan pagar 2 millones de pesos en un caso en el que se desviaron 293.5 millones de pesos.

La explicación a ese trato, dijo el Gobernador en Sinaloa a distintos medios de comunicación, es que el desvío se hizo para suplir pagos de nómina y aguinaldos, es decir, que no se usaron para beneficios personales.

Ayer, la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada rechazó el acuerdo que se presentó en una audiencia intermedia por los abogados que defienden a Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas, Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero, y José Carlos López Ramírez, ex titular de la Caja General de Gobierno del Estado.

Los tres ex funcionarios hicieron 112 transacciones bancarias para desviar 293.5 millones de pesos en el último semestre de 2016 hacia cuentas que tenían un fin distinto.

El caso se inició con la auditoría 007/2017, que realizó la Auditoría Superior del Estado. Después de encontrar irregularidades, la Auditoría interpuso denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que logró una orden de aprehensión en agosto de 2018.

Sin embargo, esa orden no se hizo efectiva, sino hasta enero de 2019, cuando se dio a conocer de forma pública.

El acuerdo consistió en otorgar una suspensión condicional del proceso, que permitiría evitar la cárcel a los tres ex funcionarios, a cambio de una reparación que consiste en:

  • Pagar entre los tres 2 millones de pesos, asegurando que los movimientos bancarios fueron para cumplir con el pago de nómina y no para sus cuentas personales.
  • Durante seis meses permanecer en Sinaloa y en el mismo domicilio donde habitan actualmente.
  • Abstenerse de viajar al extranjero.
  • Ofrecer una disculpa pública en un medio de comunicación que elija Gobierno del Estado.

La jueza dijo que le parecía un asunto inmoral autorizar el trato, debido a que las acusaciones por la que se presentó a los funcionarios malovistas eran un hecho grave, pues estas implican al Servicio Público.

Como respuesta, Ordaz Coppel dijo que él está de acuerdo con el trato, tal y como se planteó por la defensa de los malovistas.

¿Usted estaba enterado de los acuerdos a que se llegaron?

Es una propuesta que hicieron, yo siempre he pedido y siempre el actuar conforme a derecho, conforme a la ley. Si la ley permite eso, el nuevo sistema de justicia porque no hay un daño patrimonial como tal.

¿Pero ya está comprobado que no hay daño patrimonial?

Lo que es claro es que son recursos que no se los llevaron al bolsillo, es un recurso que se aplicó en el pago de aguinaldos y de fin de año.

¿Pero ya lo tienen acreditado ustedes?

Eso está ahí, lo refleja la auditoría, lo vio la auditoría. Entonces, si la ley autoriza esos esquemas, a mi juicio, el que el Estado recupere dinero es lo más importante porque históricamente no se ha recuperado dinero.

¿No tenía conocimiento de esos acuerdos?

Como ahí se mencionó, es una propuesta que hicieron, fue propuesta viendo que hay términos de ley. La instrucción que yo siempre he dado a todos mis funcionarios es que se obre conforme a derecho.

Nunca solaparé nada que se haga contra derecho.

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