Corrupción

El trato con malovistas lleva al debate: ¿Se entierra el combate a la corrupción?

El caso de desvío por 293.5 millones de pesos en Administración y Finanzas causó muchas expectativas en el combate a la corrupción, pero estas podrían echarse abajo por los tratos en Gobierno del Estado.

El caso del desvío de 293.5 millones de pesos desde la Secretaría de Administración y Finanzas, que involucra a ex funcionarios de la Administración de Mario López Valdez, generó expectativas sobre el combate a la corrupción, pero ahora, con el perdón del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, esa esperanza puede derrumbarse.

Activistas, abogados, académicos y especialistas han dado una serie de posturas que se sintetizan en un posible “entierro” de ese combate a la corrupción que se esperaba con la serie de informes y sanciones administrativas que impuso Gobierno del Estado al inicio de la Administración de Ordaz Coppel.

Ocurrieron ruedas de prensa, posturas, señalamientos, la activación de un estrado electrónico donde se muestran los nombres de funcionarios y los actos de corrupción que cometieron y las sanciones que se impusieron.

De forma paralela la Auditoría Superior del Estado presentó una serie de denuncias que involucraron, incluso, a ex secretarios, mientras que la Fiscalía General fundaba la Fiscalía Anticorrupción y transformó seis de esos casos en procesos judiciales.

El Congreso del Estado aprobó reformas para agravar delitos por casos de mala administración pública.

Era el preámbulo del ahora Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, formado por obligaciones constitucionales tras el reconocimiento de un problema grave en el País sobre corrupción.

Sin embargo, de todo eso, el resultado, a casi tres años de que inició, son solo casos mal elaborados desde Gobierno del Estado, según se ha revelado por el Tribunal de Justicia Administrativa, y una serie de perdones judiciales, que se han podido documentar en los tribunales judiciales.

A la fecha, solo se tiene una sentencia por la contratación de campañas fantasma turísticas de publicidad, pero el caso se impugnó por Luis Ángel Pineda Ochoa, ex secretario técnico de la Secretaría de Turismo, y se está a la espera del resultado del Poder Judicial.

De todos esos casos, el de mayor expectativa, según señalaron activistas, abogados y especialistas, es el de desvío de 293.5 millones de pesos.

Apenas el 29 de enero se reveló por la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada el trato que se hizo entre la Administración de Quirino Ordaz Coppel y los tres ex funcionarios de la Administración de Mario López Valdez para evitar la cárcel.

Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas, Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero, y José Carlos López Ramírez, ex titular de la Caja General con Malova, ofrecieron pagar 2 millones de pesos a Gonzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno, y Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas, ambos funcionarios dieron el sí.

En ese trato se agregó que además del dinero debía hacerse una disculpa pública en un medio de comunicación a elección de su Gobierno.

La jueza rechazó los acuerdos, argumentando que no le parecía moral autorizarlos por ser una falta de respeto a la sociedad que se hicieran esos tratos.

Para Norma Sánchez Castillo, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y del Sistema Estatal Anticorrupción, el trato de la jueza fue el correcto, debido a que la mala administración, evidenciada desde auditorías, no puede ser soslayada.

“Sí hubo un desvío, sí hubo un daño a la hacienda pública y se violaron derechos humanos, porque desde el punto que se desviaron recursos etiquetados para un fin y se lleva a otro objetivo, te habla de que alguien dejó de recibirlo”, dijo Sánchez Castillo.

En el trato entre malovistas y funcionarios de la actual Administración estuvo presente Reyna Angulo Valenzuela, Fiscal Anticorrupción de Sinaloa, quien, según se dijo en los tribunales, fue la intermediaria entre ambas partes.

El caso se llevó al pleno del Consejo de Participación Ciudadana, que tiene la facultad de solicitar informes a las dependencias que investigan la corrupción en el Estado. Ahí se prevé el posible llamado a la Fiscal Anticorrupción para que explique por qué no se advirtió al Sistema Anticorrupción.

Hay, además, otras posturas, como las de la Federación de Abogados de Sinaloa, que han hecho un llamado a que se dé una explicación por Gobierno del Estado, específicamente por los funcionarios, asegurando que se está actuando de forma indebida.

En esa misma posición, activistas como Silber Meza Camacho, de la organización civil Iniciativa Sinaloa, consideran que la actitud de Gobierno del Estado abre el debate a un posible “entierro” al combate a la corrupción.

Ese debate podrá cerrarse el 7 de febrero, cuando se presenten de nueva cuenta en los tribunales los ex funcionarios de Malova, quienes insisten en ese trato, asegurando que el dinero que se desvió sí se usó para fines propios de Gobierno del Estado y no para uso particular.

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