La acusación estaba hecha: la Fiscalía Anticorrupción fijó 16 años de cárcel y el pago de 260 millones 937 mil 582 pesos como reparación de daño, pero Quirino Ordaz Coppel, Gobernador de Sinaloa prefirió perdonar a Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas con Mario López Valdez (Malova).

Documentos, en poder de ESPEJO, establecen que la acusación original en contra del ex colaborador de Malova era distinta a lo que ahora se plantea en los tribunales.

“Se solicita se imponga una pena de 16 años de prisión ordinaria, inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública por 20 años y multa por 800 días a razón del valor diario de la unidad de medida y actualización”, se establecen los documentos.

Además, se estableció que el ex Secretario de Administración y Finanzas devolviera 260 millones 937 mil 582 pesos como reparación de daño.

Los delitos por los que se le señala son Desempeño Irregular de la Función Pública y Ejercicio Indebido del Servicio Público.

La solicitud de cárcel, multas y devolución del dinero está sustentado con 12 pruebas documentales, 2 periciales, 6 testimonios y un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Con Villarreal Ibarra hay otros dos implicados, se trata de Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero, y José Carlos López Ramírez, ex titular de la Caja General.

El 29 de enero se dio a conocer que la Administración de Quirino Ordaz Coppel aceptó un acuerdo para una suspensión condicional del proceso en favor de los señalados, situación jurídica con la que librarían la cárcel.

Quienes aceptaron el trato son Gonzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno, y Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas.

En medio de esa negociación, como intermediaria, participó Reyna Angulo Valenzuela, Fiscal Anticorrupción de Sinaloa.

Los tres ex funcionarios de Malova hicieron 113 transacciones bancarias desde 112 cuentas para desviar 293.5 millones de pesos en el último semestre de 2016 hacia cuentas que tenían como fin el pago de nómina y aguinaldo.

El caso se inició con la auditoría 007/2017, que realizó la Auditoría Superior del Estado. Después de encontrar irregularidades, la Auditoría interpuso denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que logró una orden de aprehensión en agosto de 2018.

El 29 de enero se conoció de ese acuerdo entre Gobierno del Estado y los señalados, pero la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada rechazó aceptarlo, asegurando que le parecía inmoral, debido a que en esa audiencia no se tenía mayor información y, sobre todo, carecía de una reparación real por un delito que se agravó porque son dos delitos relacionados entre sí.

¿Por qué esta disparidad?, presentan denuncia por 300 millones de pesos y aquí vienen con que va quedar en 2 millones. Es una parte ínfima respecto al daño, ¿qué pasó con los otros millones?”, dijo la jueza en medio de la audiencia.

“Considero que no se satisface las necesidades para esta audiencia, porque no se puede tener certeza dado el delito y la víctima, que es el Servicio Público”.

La jueza llamó a una segunda audiencia, que se celebrará el 7 de febrero, en donde se deberá dejar en claro qué se busca por Gobierno del Estado y por qué se llegó a esa postura, pero esta vez por con aceptaciones de los acuerdos por escrito.